Una contabilidad “más restrictiva” hundió a la CAM, dice Amorós
La exdirectora de la entidad aún se muestra sorprendida por la intervención La exejecutiva sortea la protesta de un grupo de clientes ante las Cortes
La CAM declaró beneficios de 244 millones de euros a finales de 2010 para arrojar seis meses después pérdidas de 1.136 millones porque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aplicó “una interpretación mucho más restrictiva” de las normas contables. Así lo afirmó este lunes su ex directora general María Dolores Amorós ante la comisión de las Cortes Valencianas que investiga las razones que llevaron a la intervención de la entidad.
Amorós calificó de “sorpresiva” la comunicación del Banco de España que rechaza...
La CAM declaró beneficios de 244 millones de euros a finales de 2010 para arrojar seis meses después pérdidas de 1.136 millones porque el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) aplicó “una interpretación mucho más restrictiva” de las normas contables. Así lo afirmó este lunes su ex directora general María Dolores Amorós ante la comisión de las Cortes Valencianas que investiga las razones que llevaron a la intervención de la entidad.
Amorós calificó de “sorpresiva” la comunicación del Banco de España que rechazaba el plan de viabilidad de la caja elaborado tras la ruptura del sistema de protección institucional (SIP) que había intentado con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Aquella comunicación, que daba 10 días a la CAM para elaborar otro plan, llevó al consejo de administración a pedir la intervención en julio de 2011.
Amorós fue la única de los tres exdirectivos de la CAM citados este lunes que aceptó responder a las preguntas de los diputados en la comisión. Daniel Gil Mallebrera, que era director general adjunto para proyectos inmobiliarios, acudió a las Cortes pero se acogió al derecho a no declarar porque está sometido a un procedimiento judicial (concretamente, está imputado en una de las ramas del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del Pan General de Ordenación Urbana de Alicante).
El ex director general que gestionó la CAM entre 2001 y 2010, Roberto López Abad, por su parte, hizo lo mismo porque está sujeto a un expediente administrativo y existe la posibilidad de que sea imputado por la Audiencia Nacional. López Abad se limitó a leer una declaración en la que aseguraba que “el esquema de toma de decisiones de la CAM estaba profundamente estructurado, con niveles de transparencia en un estándar muy alto dentro del sector”.
Amorós dice que su pensión de 369.000 euros era una “rebaja” de derechos
Ambos directivos, Amorós y López Abad, rechazaron cualquier responsabilidad en el hundimiento de la CAM y negaron una exposición al sector inmobiliario superior a la media española, desmintiendo así lo que manifestó el administrador de la entidad por encargo del FROB, José Antonio Iturriaga, en la misma comisión parlamentaria. Si Iturriaga dijo que sólo 1.000 de 53.000 millones de euros en créditos han sido ajenos al ladrillo, Amorós evaluó en 12.215 de 45.134 millones los créditos vinculados a promociones inmobiliarias.
La ex directora general limitó su acción efectiva como “primera ejecutiva” al periodo entre la ruptura del SIP y la intervención, negó haber tenido competencias sobre auditorías o contabilidad y aseguró que el SIP o fusión fría con las otras tres cajas no se rompió por las dudas sobre los activos de la CAM sino a causa de “los nuevos requerimientos de capital” que introdujo el Banco de España. Amorós insistió en su sorpresa ante el rechazo del plan de viabilidad de la caja por el Banco de España. “Tal vez era de difícil consecución”, reconoció, pero “era un plan estándar, al uso en todo el sector”.
López Abad, en la única exposición que hizo ante los parlamentarios, dijo que en la CAM “se han atendido los requerimientos del Banco de España con rigor y prontitud”.
Ambos directivos defienden la gestión de las cuotas participativas
Frente a la sede de las Cortes Valencianas se manifestaron varias decenas de personas de la plataforma de afectados por la CAM, cuya protesta se centró en las cuotas participativas y las retribuciones millonarias de los directivos.
La ex directora general dijo que su retribución de 590.000 euros anuales era la misma que cobraba López Abad y que la pensión vitalicia de 369.000 euros que firmó con el presidente de la caja, Modesto Crespo, representaba una “rebaja” en unos derechos reconocidos desde 2007 que ella asumió “voluntariamente”. Añadió que el comité de dirección, “por acuerdo unánime de sus miembros”, no cobró incentivos en 2010, aunque habría podido hacerlo. Hubo diversas referencias a la sentencia de lo social que le negó la indemnización de 10 millones de euros que pedía por su despido, de la que dijo que recoge hechos “que no son ciertos”.
Amorós reconoció que hubo un acuerdo del consejo de la CAM de recomprar las cuotas participativas, que los administradores del FROB anularon porque no se podía cargar. La ex directora general confesó poseer “cerca de 10.000 cuotas participativas”.
Por su parte, el ex director general hizo una referencia al asunto en su única declaración ante la comisión parlamentaria. La emisión de cuotas participativas “se ajustó siempre a la legislación y estuvo atentamente supervisada por el banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores”, señaló.
Los diputados de la comisión expresaron su “indignación” por la negativa de dos de los tres directivos de la CAM citados ayer a responder a sus preguntas y el socialista Ángel Luna pidió que los servicios jurídicos elaboren un informe sobre la posibilidad de llevar la actitud de López Abad al fiscal.
La directora y los “cortafuegos”
"¿Cómo que sorpresiva?", exclamó el diputado socialista Ángel Luna cuando María Dolores Amorós se quejó del inesperado rechazo de su plan de viabilidad en una comunicación del Banco de España. “¿Qué ha hecho para que le hayan abierto expediente?”, insistió Luna, que lamentó que Amorós pusiera durante su intervención toda una serie de “cortafuegos” para “limitar su responsabilidad” en la caída de la CAM “a la mínima expresión”. La ex directora general frecuentó afirmaciones como la de que en el comité de dirección de la CAM, del que formó parte desde 1998, se dedicó a la informática o la mercadotecnia.
“No he tenido nada que ver con la contabilidad de la caja”, llegó a afirmar. “Cobraba más de 500.000 euros al año por ello”, le recordó el parlamentario sobre sus responsabilidades.
El diputado Lluís Torró, de Esquerra Unida del País Valencià, preguntó por qué no se subsanaron las anomalías contables que había detectado el Banco de España en diversas recomendaciones, primero, y en sendos requerimientos, más tarde. “¿Por qué no se diversificaron los riesgos y se centraron tanto en el sector inmobiliario?”, quiso saber.
Mireia Mollà, de Compromís, solicitó a Amorós que renunciara a la “teoría de la conspiración” sobre la actuación del Banco de España. “Ahora sabemos”, comentó, “que la CAM no era solvente ni siquiera en el SIP” con otras cajas. La diputada de Compromís preguntó expresamente a Amorós si hay responsabilidades políticas en la caída de la caja alicantina, sin obtener respuesta.
David Serra, del PP, que apeló a la actuación “unánime” de los diferentes grupos en la comisión de la CAM, preguntó a la exdirectora de la entidad “¿por qué se produjo?”, en su opinión, la comunicación “sorpresiva” del Banco de España, inquirió si había recibido presiones y reiteró, como con comparecientes anteriores, que los créditos de la Generalitat no influyeron en los problemas de la caja.
Todos los diputados preguntaron a Amorós por sus retribuciones y se refirieron al pleito que mantiene al respecto. Amorós acordó en noviembre de 2010 una retribución anual de 593.040 euros y, 30 días después, cerró su contrato y pactó con el presidente de CAM, Modesto Crespo, una pensión vitalicia de 30.791 euros al mes (369.497 anuales).
Su comparecencia levantó gran expectación. Una decena de canales de televisión, entre ellos la ZDF, televisión pública alemana, acudieron a la pequeña sala de las Cortes Valencianas para seguir la sesión.