TVG sugiere "responsabilidad jurídica" de trabajadores en el asalto a su sede
La empresa no aclara a qué tipo de comportamientos se refiere el informe encargado por su presidente
El expediente informativo abierto por la CRTVG después de lo que el propio director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, calificó de "asalto" a las instalaciones del ente público por parte de afectados por las participaciones preferentes el pasado 30 de marzo, incluye que "la actitud general de los trabajadores fue positiva, si bien existieron casos puntuales de comportamientos reprobables, susceptibles de responsabilidades jurídicas". La empresa no ha querido aclarar a qué tipo de comportamientos se refiere, ni s...
El expediente informativo abierto por la CRTVG después de lo que el propio director xeral, Alfonso Sánchez Izquierdo, calificó de "asalto" a las instalaciones del ente público por parte de afectados por las participaciones preferentes el pasado 30 de marzo, incluye que "la actitud general de los trabajadores fue positiva, si bien existieron casos puntuales de comportamientos reprobables, susceptibles de responsabilidades jurídicas". La empresa no ha querido aclarar a qué tipo de comportamientos se refiere, ni si va a denunciar a algún trabajador hasta que informe al consejo de administración. Por su parte el comité de empresa desconoce las conclusiones del informe y recuerda que lo único que hicieron los trabajadores fue intentar calmar la situación.
De ese documento, que ha sido entregado este miércoles por parte los instructores del expediente, dará cuenta el director xeral del ente al pleno del consejo de administración de la CRTVG en una próxima reunión, según ha indicado el medio público en un comunicado de prensa. Este expediente procede de una resolución tomada por el director xeral al día siguiente de que unos 150 manifestantes "presuntamente" afectados por las preferentes irrumpiesen "por la fuerza" en los accesos de la CRTVG, recuerda el ente público. Así, Sánchez Izquierdo encargó este informe para buscar aclarar los hechos y determinar "las responsabilidades" que hubiese, en su caso.
El documento señala que la acción que puso "en riesgo" el servicio público de la TVG y de la Radio Galega, así como la "seguridad" de los trabajadores, fue "básicamente un problema de desorden público y así debe ser tratado, lo que trasciende en parte el ámbito de la organización del ente público". Asimismo, establece que los protocolos de seguridad de las instalaciones de San Marcos "estaban preparados para diversos escenarios, pero no para una entrada masiva de las características de la que se produjo" el pasado 30 de marzo. También aprecia "la eventual participación en el asalto de elementos extraños a los afectados por los productos financieros"