Los dos exjefes antimafia niegan las irregularidades en su trabajo

Los dos exmandos de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Costa del Sol que llevan cuatro años apartados del Cuerpo Nacional de Policía han negado diversas irregularidades en su trabajo por las están siendo enjuiciados en la Audiencia de Málaga, como intentar apropiarse de un reloj o una televisión intervenidos o liberar a un supuesto confidente, entre otros delitos. La fiscalía reclama para ellos un total de 27 años de prisión: 19 para el inspector Carlos F. y ocho para...

Los dos exmandos de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Costa del Sol que llevan cuatro años apartados del Cuerpo Nacional de Policía han negado diversas irregularidades en su trabajo por las están siendo enjuiciados en la Audiencia de Málaga, como intentar apropiarse de un reloj o una televisión intervenidos o liberar a un supuesto confidente, entre otros delitos. La fiscalía reclama para ellos un total de 27 años de prisión: 19 para el inspector Carlos F. y ocho para su superior, el inspector jefe Alfredo M.

Los agentes insisten en que los jueces no suelen hacerse cargo de los objetos requisados y que, con frecuencia, los propios policías hacen de depositarios y los utilizan hasta que son reclamados. El tercer acusado, un supuesto informador, se negó a declarar.

Carlos F. defiende que perdió un reloj y que se olvidó de incluirlo en un atestado

El inspector Carlos F. ha rehusado hablar sobre algunos hechos que se le atribuyen, como la liberación del confidente, la operación de droga supuestamente montada para quedarse con dinero o el hallazgo de un maletín intervenido en su domicilio. Sobre un reloj intervenido al detenido Sophian H., y que el fiscal le acusa de intentar quedarse, Carlos F. aseguró que lo perdió mientras registraba un vehículo y que se olvidó de incluirlo en su informe.

Alfredo M. defiende que se llevó un televisor a su casa para usarlo para asuntos profesionales, igual que hacía con un ordenador, y que su custodia se formalizó con un recibo. También negó haber ofrecido vigilancias privadas con medios públicos y que las armas ilegales intervenidas en una taquilla fueran suyas.