La compra de tierras para la otra Sogama llega al juzgado
El preacuerdo para el alquiler de 500.000 metros de la comunidad de montes fue firmado por un presidente que había acabado su mandato
Los terrenos en los que Estela Eólica pretende construir la nueva incineradora de residuos de Galicia llegan a los juzgados. El teniente de alcalde de O Irixo, Manuel Cerdeira, deberá presentar hoy en los juzgados de O Carballiño los documentos que acreditan el preacuerdo de alquiler con la empresa castellana. En aquel escrito, firmado en secreto el pasado 31 de diciembre, la fecha límite, se acordó la cesión de 500.000 metros cuadrados de la parroquia de Santa María do Campo, por cuyo alquiler la empresa pagaría 75.000 euros al año durante 30 años, el máximo que permite la Ley de Montes.
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Los terrenos en los que Estela Eólica pretende construir la nueva incineradora de residuos de Galicia llegan a los juzgados. El teniente de alcalde de O Irixo, Manuel Cerdeira, deberá presentar hoy en los juzgados de O Carballiño los documentos que acreditan el preacuerdo de alquiler con la empresa castellana. En aquel escrito, firmado en secreto el pasado 31 de diciembre, la fecha límite, se acordó la cesión de 500.000 metros cuadrados de la parroquia de Santa María do Campo, por cuyo alquiler la empresa pagaría 75.000 euros al año durante 30 años, el máximo que permite la Ley de Montes.
Ahora, uno de los comuneros afectados ha solicitado el acta donde se autoriza al supuesto presidente de la comunidad a negociar con la empresa, así como el preacuerdo alcanzando para el alquiler de los terrenos. El teniente de alcalde no lo facilitó aduciendo que “no sabía el uso que se iba a hacer del documento”. El acuerdo fue cerrado y firmado por el teniente de alcalde, que además decía ser presidente de la comunidad de montes de Menaz, Orosa, Casares, Cardedo y Filgueira do Campo. Pero en realidad no lo era, como informó este periódico el 4 de febrero.
En el registro de montes de la Consellería de Medio Rural, las comunidades vecinales propietarias de ese terreno mancomunado mantenían caducado el mandato de su última rectoría, por lo que no tenían representante legal ni tampoco directiva. Según fuentes del Servicio de Montes, la directiva no se encontraba “reglamentariamente inscrita en el correspondiente registro”. La agrupación de comuneros fue legalizada el 7 de junio de 2004 a través de una sentencia de los juzgados de O Carballiño, donde se declaraba la pertenencia de esos montes a los vecinos de las aldeas citadas.
El preacuerdo deberá ser definitivo antes del próximo viernes para ser presentado ante la Consellería de Industria. Pero a dos días de la finalización del plazo, ninguna de las partes —ni empresa ni comuneros— aclara si será elevado ante la Xunta con un documento definitivo.
Los vecinos, por su parte, no cesan en sus movilizaciones. El pasado fin de semana, medio millar de vecinos de O Carballiño y Deza, participaron en una marcha reivindicativa de siete kilómetros. Mientras, el alcalde de O Irixo hace más de dos meses que no convoca plenos para evitar el debate.