Un total de 80 periodistas, 35 de ellos becarios, trabajan en la Generalitat

La oposición en las Cortes Valencianas acusó ese lunes, en una comisión parlamentaria, a la Generalitat de emplear la figura de los becarios como “mano de obra barata” en el área de comunicación. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, compareció a petición del diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco para explicar los procedimientos utilizados en las becas formativas que convoca Presidencia de la Generalitat. Según Ciscar, que defendió la objetividad de los baremos y la legalidad de las convocatorias, la de las becas “es una práctica habitual en muchas comunidades”.

Blanco criticó...

La oposición en las Cortes Valencianas acusó ese lunes, en una comisión parlamentaria, a la Generalitat de emplear la figura de los becarios como “mano de obra barata” en el área de comunicación. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, compareció a petición del diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco para explicar los procedimientos utilizados en las becas formativas que convoca Presidencia de la Generalitat. Según Ciscar, que defendió la objetividad de los baremos y la legalidad de las convocatorias, la de las becas “es una práctica habitual en muchas comunidades”.

Blanco criticó que se gasten 420.000 euros anuales para encubrir el uso de recursos humanos “en tareas orientadas con criterios partidistas” y preguntó cómo es posible, si se trata de becarios, que algunos repitan varios años, hasta cinco en el caso de una de ellas cuyo nombre dio a conocer. Mireia Mollà, de Compromís, incidió en el asunto al preguntarse qué sentido tiene que pasen “24 meses unos becarios en Presidencia para formación”. Ambos criticaron el abuso de la figura de los becarios en un equipo de comunicación de la Generalitat que consideraron excesivo y que calificaron como un auténtico aparato de propaganda.

El socialista Rafael Rubio denunció que el Consell disponga de 80 periodistas, “más que cualquier medio de comunicación valenciano”, y desgranó su composición: 32 periodistas que son funcionarios de carrera, nueve asesores adscritos a los consejeros y cuatro a Presidencia de la Generalitat y 35 becarios. “¿Se trata de formación o de auténticos puestos de trabajo que ustedes consideran necesarios, pero nosotros no?”, preguntó el parlamentario socialista.

Contratos con Nóos

Ante la misma Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat, la consejera de Turismo, Cultura y Deporte, Lola Johnson, compareció para explicar los encargos de la Generalitat al instituto Nóos, de Iñaki Urdangarin.

Johnson, que compareció a petición de la diputada socialista Eva Martínez, dijo que “es opinable” si había que pagar el canon de 900.000 euros, a medias entre la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau, del Ayuntamiento, los años 2003 a 2006 por la organización de las jornadas Valencia Summit. Pero aseguró: “Lo que sí que está claro es que Valencia Summit fue una realidad transparente y entendemos que positiva para la Ciudad de las Artes y las Ciencias y para la ciudad de Valencia”.

Los pagos a Nóos, que investiga un juzgado de Baleares encargado del caso Urdangarin, fueron auditados y fiscalizados, según la consejera, de manera que no hay responsabilidad contable en ellos. La diputada Eva Martínez, sin embargo, recordó que el propio duque De Palma, en su declaración judicial, explicó que los contratos se firmaron tres días después de que se entrevistara con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

La parlamentaria preguntó también por el informe que Urdangarin realizó sobre unos Juegos Europeos que nunca se realizaron y por el que cobró 380.000 euros. “Que no tenga que continuar ejerciendo de agente secreto en estas cosas”, le pidió Martínez. “No nos hagan pasar esa vergüenza”. Johnson respondió que no puede facilitarle esa documentación porque la Generalitat tuvo que entregarla al juzgado.

Por otra parte, la secretaria autonómica de Presidencia, Cristina Macías, reiteró, en otra comparecencia, la legalidad del contrato por el que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) pagó a la productora Triskel cerca de 600.000 euros a cambio de tres documentales de contenido ultra y aseguró que el canal autonómico revendió parte de sus derechos a televisiones de Castilla y León y Canarias y a la cadena privada Intereconomía.

El diputado socialista Josep Moreno señaló que RTVV pagó 600.000 euros por un producto “que no vale ni 6.000 euros”. Además, esta compra fue negociada por el directivo Fernando Lázaro Quintela, director de antena de Canal 9 y vinculado a la productora Triskel y a otras asociadas a la misma. En la contratación, denunció el diputado socialista, se empleó una práctica similar a la detectada en los casos Gürtel y Emarsa: “Apantallar empresas para que el dinero acabe en manos de quien toca”.