Interior niega a la jueza de la 'Operación Carioca' información sobre imputados
El ministerio asegura que esos datos están protegidos como secreto de Estado
La jueza que instruye la Operación Carioca, Pilar de Lara, solicitó a la Guardia Civil datos sobre si varios de los imputados en el caso habían sido inscritos en la "bolsa de confidentes" de esta Institución, además de datos sobre los agentes que los controlaban, una información que le ha sido denegada al tratarse de fondos reservados, una cuestión protegida por el secreto de Estado.
En una información publicada este martes en ...
La jueza que instruye la Operación Carioca, Pilar de Lara, solicitó a la Guardia Civil datos sobre si varios de los imputados en el caso habían sido inscritos en la "bolsa de confidentes" de esta Institución, además de datos sobre los agentes que los controlaban, una información que le ha sido denegada al tratarse de fondos reservados, una cuestión protegida por el secreto de Estado.
En una información publicada este martes en el diario El Progreso se recoge que, en la respuesta a la jueza, el general jefe del Estado Mayor recordó a Pilar de Lara que esta información sólo es accesible para el Parlamento y el Defensor del Pueblo, por lo que le recomendó solicitarla a través del Consejo de Ministros.
Pilar de Lara, que instruye la causa contra una supuesta trama de prostitución en Lugo, intentaba averiguar con esta información qué tipo de favores habían recibido algunos de los imputados en la Operación Carioca a cambio de facilitar información sobre otros. En especial, la jueza centró su interés en J.R.V., un empresario que reconoció en sus declaraciones que facilitó datos a la Policía Judicial a cambio de que le permitiesen continuar con el contrabando de tabaco.
En su respuesta a la jueza, el asesor jurídico de la Guardia Civil asegura que el término confidente es "ajeno a la doctrina y a la normativa interna de la Guardia Civil" y el uso de esta clase de fuentes "en ningún caso da lugar a reconocimiento de vínculo alguno con la Institución ni queda de ello constancia documental".
Por ello, el asesor jurídico explica que el único referente posible sería que se hubiesen utilizado para los supuestos pagos fondos reservados, una información a la que sólo tiene acceso el Defensor del Pueblo y el Parlamento.