En la encrucijada

El 25- M sitúa a Andalucía ante una encrucijada distinta pero emparentada con aquella en que se encontró el 28-F de 1980. Distinta, en la medida en que en 1980 estábamos en el momento de inicial puesta en marcha de la Constitución y había que decidir qué interpretación de la misma se imponía en lo que a la estructura del Estado se refería, mientras que ahora mismo tenemos un Estado autonómico ya constituido desde hace algo más de tres décadas. Pero emparentada, en la medida en que si entonces era la génesis del Estado autonómico lo que estaba en juego, ahora es su conservación.

 Andaluc...

El 25- M sitúa a Andalucía ante una encrucijada distinta pero emparentada con aquella en que se encontró el 28-F de 1980. Distinta, en la medida en que en 1980 estábamos en el momento de inicial puesta en marcha de la Constitución y había que decidir qué interpretación de la misma se imponía en lo que a la estructura del Estado se refería, mientras que ahora mismo tenemos un Estado autonómico ya constituido desde hace algo más de tres décadas. Pero emparentada, en la medida en que si entonces era la génesis del Estado autonómico lo que estaba en juego, ahora es su conservación.

 Andalucía acudió a las urnas el 28-F de 1980 para decidir si la descentralización política se iba a imponer en clave nacionalista, básicamente catalana y vasca y en menor medida gallega, o se iba a imponer como una operación de Estado, con ejercicio del derecho a la autonomía en condiciones de igualdad por todas las nacionalidades y regiones que integran España. La estructura del Estado resultante hubiera sido una u otra en función del resultado del referéndum. Todos sabemos cual fue. El Estado autonómico con sus 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas se gestó en dicho referéndum.

Ese Estado autonómico es el que ahora mismo está siendo puesto en cuestión. La estrategia de acoso y derribo se va haciendo más visible a medida que los efectos de la crisis económica cobran más intensidad. Llevamos meses con el bombardeo por todos los medios de comunicación conservadores de que se trata de un Estado caro e ineficiente, que si en las décadas de bonanza se ha podido financiar, ya no puede serlo hoy. En lugar de haber sido una operación de éxito, se extiende la opinión de que ha sido un fracaso. La atribución de la responsabilidad a las comunidades autónomas en la desviación del déficit del pasado ejercicio ha sido el último episodio por el momento de esta estrategia. Delenda est autonomía, titulaba su columna el jueves pasado Vidal-Folch.

Esta es la coyuntura en la que Andalucía va a acudir a las urnas. Y lo que los andaluces decidamos va a ser clave para la preservación del ejercicio del derecho a la autonomía en los términos en que se ha ejercido en España desde 1980 o para que se inicie un proceso de devaluación de dicho derecho, con la más que probable deriva a interpretar de nuevo la Constitución en clave nacionalista vasca y catalana.

El problema territorial ha sido el problema constitucional más importante de la España democrática. No estuvo presente en los procesos constituyentes españoles del siglo XIX, pero ha sido el problema dominante en los dos del siglo XX, el de 1931 y el de 1978. Todavía lo sigue siendo. Una será la democracia española si preservamos el derecho a la autonomía en la forma en que lo hemos ejercido en estos últimos 30 años y otra muy distinta, si dicho derecho deja de ocupar el lugar que ahora mismo ocupa en nuestro sistema político.

Esta es la encrucijada ante la que se encuentra España en este momento. Y nuevamente, como en 1980, Andalucía se encuentra en la primera línea de fuego. Si en 1980 Andalucía fue decisiva en la génesis del Estado autonómico, en 2012 Andalucía va a ser nuevamente decisiva en su preservación. Sin la afirmación de la autonomía andaluza la deriva nacionalista de la estructura del Estado resulta imparable. Es lo que estaba ocurriendo en el otoño de 1979 y comienzo del invierno de 1980. Es lo que está empezando a ocurrir desde finales de 2011 y con más intensidad en estos primeros meses de 2012. En 1980, Andalucía fue capaz de detener dicha deriva. ¿Será capaz de hacerlo ahora?