Asuntos Sociales elude el desplante de Garitano al Pacto por la Inmigración
Otras instituciones en manos de Bildu acuden a una reunión con Zabaleta
“No me gustan ni las posiciones excluyentes, ni las de los que se autoexcluyen”, zanjó ayer la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ante la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de ningunear el Pacto Social por la Inmigración. El proyecto, una de las principales líneas de actuación del Gobierno en la lucha contra la intolerancia y xenofobia, fue despreciado por el Ejecutivo de Martin Garitano al negarse a acudir ayer a una reunión de trabajo entre la propia consejera, los profesores Imanol Zubero y Daniel Innerarity y técnicos de otras instituciones, organismos o entidades relacionad...
“No me gustan ni las posiciones excluyentes, ni las de los que se autoexcluyen”, zanjó ayer la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, ante la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de ningunear el Pacto Social por la Inmigración. El proyecto, una de las principales líneas de actuación del Gobierno en la lucha contra la intolerancia y xenofobia, fue despreciado por el Ejecutivo de Martin Garitano al negarse a acudir ayer a una reunión de trabajo entre la propia consejera, los profesores Imanol Zubero y Daniel Innerarity y técnicos de otras instituciones, organismos o entidades relacionadas con la inmigración.
La institución foral no argumentó otra cosa que la falta del derecho del pueblo vasco a decidir, entre otras cosas, en materia de inmigración, para justificar su decisión.
Y aunque la consejera aseguró que la actitud de Gipuzkoa, le causó cuando menos “sorpresa” y “extrañeza”, se apresuró a remarcar la importancia de un “campo común de debate”, sobre todo, en “algo como son las bases de nuestra convivencia”. Zabaleta tan sólo esgrimió un “espero que la participación no sólo sea valida cuando la promueve uno, y no cuando la promovemos entre todos”, en referencia al discurso insistente y recurrente de Bildu de intentar integrar a la ciudadanía en cada decisión a adoptar.
“La participación no es sólo valida cuando la promueve uno”, dice la consejera
Todo, a pesar de que el Ejecutivo de Garitano, a través de un comunicado anunciase su decisión y no argumentara bajo ningún pretexto técnico su ausencia. La Diputación incluso señaló de forma indirecta al Gobierno vasco de ser responsable de una legislación de extranjería —la vigente en España—, que constituye “el ejemplo más claro de racismo y xenofobia que se da en nuestro país”, porque “ha sido impulsada y aprobada por la formación política que gobierna en la comunidad autónoma vasca”.
La actitud de Gipuzkoa contrasta con la del Ayuntamiento de San Sebastián y otros consistorios del territorio, también gobernados por Bildu, y que participaron ayer en la reunión, cuyo principal objetivo, además de trasladar el proyecto a los agentes implicados, era consensuar con los mismos como se debe articular el Pacto. En concreto, del consistorio donostiarra estuvieron presentes tres técnicos, según confirmaron los responsables del encuentro.
El Pacto Social
El principal objetivo del Pacto Social por la Inmigración es implicar a todos los ciudadanos en la lucha contra la xenofobia y para impulsar la integración de los inmigrantes, así como sus derechos.
El documento de trabajo que lo sustenta ha sido redactado por especialistas de diversas disciplinas, encabezados por Imanol Zubero y Daniel Innerarity.
El proyecto aborda, entre otras cuestiones, las oportunidades que se abren en Euskadi con la inmigración, el papel de las mujeres en este fenómeno y la relevancia como agentes integradores de los Ayuntamientos.
Zabaleta remarcó la “relación estrecha”, que a su juicio, mantiene su departamento con los Ayuntamientos, por ser la Administración más cercana a la ciudadanía, gobernados por Bildu. “Cuando se produce algún problema en algún municipio que tiene que ver con la convivencia intercultural, pues lógicamente son atendidos, como no puede ser de otra manera”, quiso aclarar.
El encuentro, celebrado en la Casa de la Paz de Aiete, en San Sebastián, reunió a unas 80 personas —además de las instituciones ya referidas, también acudieron representantes de SOS Racismo, la Cruz Roja, Cáritas o CEAR Euskadi—, que divididas en mesas de trabajo debatieron sobre el contenido del Pacto, la necesidad de incorporar u eliminar elementos, y la forma en que el proyecto puede impulsar un cambio real en la sociedad e instituciones en la integración efectiva de los extranjeros.