Condenados tres propietarios por acoso inmobiliario a una inquilina

La sentencia impone penas de cárcel de hasta dos años a los acusados La víctima se vio obligada a vivir "en situaciones de precariedad extrema"

Un juzgado de Barcelona ha condenado a penas de entre 19 meses y dos años de cárcel a tres propietarios de una finca por acoso inmobiliario. Alba Masferrer, María Luisa Luna y Joaquín Luna impidieron a Maria Gloria H. "disfrutar de la vivienda" que tenía alquilada en el número 2 de la calle de Milton, en el barrio de Gràcia. Los condenados eran conscientes de que la inquilina carecía de agua corriente en su domicilio y de luz eléctrica en la escalera de la finca (era la única vecina), y a pesa...

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Un juzgado de Barcelona ha condenado a penas de entre 19 meses y dos años de cárcel a tres propietarios de una finca por acoso inmobiliario. Alba Masferrer, María Luisa Luna y Joaquín Luna impidieron a Maria Gloria H. "disfrutar de la vivienda" que tenía alquilada en el número 2 de la calle de Milton, en el barrio de Gràcia. Los condenados eran conscientes de que la inquilina carecía de agua corriente en su domicilio y de luz eléctrica en la escalera de la finca (era la única vecina), y a pesar de ello, "nada hicieron para remediarlo", concluye la sentencia.

El titular del Juzgado de lo Penal número 28 de Barcelona considera que los propietarios no hostigaron a la inquilina, sino que su responsabilidad es por "omisión", ya que incumplieron sus obligaciones como propietarios. Los dueños no abonaron la factura de la luz de la escalera, por lo que la compañía cortó el suministro eléctrico en 2008. Además, pese a las constantes quejas de Maria Gloria H. sobre el agua corriente, ninguno de ellos solventó el problema, por lo que la mujer tuvo que vivir "en situaciones de precariedad extrema y falta de habilitabilidad", según el juez. Los acusados ya habían sido multados por el Ayuntamiento de Barcelona por el estado "ruinoso" de la finca.

Masferrer intentó, sin éxito, echar del piso a Maria Gloria H., cuyo alquiler había sido subrogado al de la madre. El juez no entra en si ese intento de desahucio fue "legítimo o abusivo", pero considera que la propietaria era consciente de los problemas en la vivienda. Los otros dos condenados por un delito de coacciones decidieron cambiar el sistema de pago en 2002: la inquilina ya no podía ingresar el alquiler por domiciliación bancaria, sino que tenía que hacerlo a través de giros postales. Después, ese sistema tampoco sirvió y la víctima tuvo que acreditar el abono mensual ante notario.

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