La Diputación hace gala de soberanismo para despreciar el Pacto por la Inmigración
La Diputación pretexta que la iniciativa obvia el “derecho a decidir”
La Diputación de Gipuzkoa ha decidido no asistir hoy a una reunión de trabajo sobre inmigración impulsada por la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, porque considera que España y Francia niegan al pueblo vasco su derecho a constituirse como una nación soberana. La Dirección General de Migración y Diversidad de Gipuzkoa, cuyo responsable, Marcos Nanclares, depende directamente del gabinete del diputado general, Martin Garitano, explicó ayer en un comunicado que el Pacto Social por la Inmigración, impulsado...
La Diputación de Gipuzkoa ha decidido no asistir hoy a una reunión de trabajo sobre inmigración impulsada por la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, porque considera que España y Francia niegan al pueblo vasco su derecho a constituirse como una nación soberana. La Dirección General de Migración y Diversidad de Gipuzkoa, cuyo responsable, Marcos Nanclares, depende directamente del gabinete del diputado general, Martin Garitano, explicó ayer en un comunicado que el Pacto Social por la Inmigración, impulsado por el Gobierno vasco y la materia de la cita, “nace viciado” porque “obvia la negación a este pueblo de su derecho para tomar sus propias decisiones, también en este campo”.
Gipuzkoa recuerda en el texto que “la competencia en materias de legislación sobre residencia, extranjería y nacionalidad en todos los territorios de Euskal Herria se la atribuyen de manera única y exclusiva los Estados francés y español”. Esta circunstancia deja en manos de los Ejecutivos de Madrid y París la decisión de “quiénes somos ciudadanos de este pueblo y quiénes no, y en qué condiciones”.
De ello se desprende, según el Ejecutivo foral de Bildu, que el pacto, “en los términos en los que está planteado, no posee la efectividad suficiente para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos que viven” en la comunidad autónoma vasca.
Zabaleta, acompañada por los profesores Imanol Zubero y Daniel Innerarity, presentará hoy en la capital guipuzcoana el pacto, cuyo principal objetivo es implicar a la sociedad vasca en general en la lucha contra la discriminación y la xenofobia.
Garitano destina 700.000 euros a promover la participación social
La Diputación de Gipuzkoa destinará en una “iniciativa novedosa” 690.000 euros en subvenciones para “promover la participación ciudadana”. El Consejo de Diputados acordó el martes, según explicó ayer la institución en un comunicado, la concesión de ayudas por este concepto a los Ayuntamientos (515.000 euros) y a los movimientos ciudadanos, que impulsen lo que el Gobierno de Garitano considera “una tradición secular” del territorio.
Los consistorios interesados podrán presentar varias solicitudes o agruparse bajo un proyecto común. “Se tomarán en consideración los proyectos de carácter estratégico y que integren la participación ciudadana en su desarrollo”, puntualizó la institución foral. La iniciativa se traduce, según aclararon fuentes de la Diputación a este periódico, en que “si hay un Ayuntamiento que considera su Plan de Urbanismo un proyecto estratégico, y elabora, por ejemplo, unas mesas para que los ciudadanos puedan opinar o participar en el mismo”, se podría acoger a la medida.
Tras la presentación, se desarrollará una reunión de trabajo, abierta a todos los agentes sociales, instituciones u organismos que de alguna forma están implicados en la materia. El pacto, que se enmarca dentro del Tercer Plan de Inmigración del Gobierno, fue presentado en diciembre pasado en Bilbao, y tras su exposición en las tres capitales —la cita de Vitoria todavía no tiene fecha—, en primavera se presentarán los resultados. La inicitiva quiere ser la mayor propuesta del Ejecutivo contra el racismo y la xenofobia.
Gipuzkoa critica además que el Gobierno “sitúa exclusivamente sobre la sociedad vasca la responsabilidad de la existencia de actitudes xenófobas y racistas, no asumiendo la responsabilidad política y pública” que las instituciones tienen al respecto, “fundamentalmente las estatales”. Y no existe “ejemplo más claro de racismo y xenofobia” que la legislación vigente en materia de inmigración en España y Francia.
Zabaleta remarcó el pasado mes de agosto, cuando anunció la puesta en marcha del pacto, que el proyecto resulta en la actualidad “más importante que nunca” porque las políticas públicas deben abordar desde la acogida, integración, convivencia, al impulso de la igualdad de derechos de los inmigrantes.