Petróleo, oro y tierras raras: el trasfondo de la tensión política de Estados Unidos con Venezuela
Los enormes recursos energéticos y minerales del país se consolidan como factor clave en la disputa geopolítica y en el colapso institucional venezolano
El libreto de la actual crisis política venezolana se sostiene sobre dos argumentos centrales, invocados con regularidad por la oposición local y por el Gobierno de Estados Unidos: el presunto vínculo del régimen chavista con grupos terroristas y redes criminales, y el carácter ilegítimo de la presidencia de Nicolás Maduro tras las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2024. En los últimos días, Washington ha puesto sobre la mesa una tercera razón. El propio presidente estadounidense, Donald Trump, ha aludido abiertamente al peso del petróleo venezolano y a la supuesta existencia de pasivos y derechos energéticos arrebatados a empresas estadounidenses en litigios anteriores con el Estado venezolano. “Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos”, afirmó Trump, en referencia al chavismo y su querella con la multinacional Exxon Mobil, que derivó en la salida de la compañía de Venezuela en 2007. “Lo queremos de vuelta”, advirtió el estadounidense.
Contrario a lo que algunos llegaron a pensar, los vastos recursos naturales de Venezuela forman parte del subtexto de esta crisis geopolítica, que escala a diario nuevos niveles de tensión. Consciente de ello, la líder opositora María Corina Machado publicó recientemente un video titulado Tierra de Gracia, en el que invita a los venezolanos a imaginar una república capaz de superar la quiebra del chavismo y convoca a inversionistas a visualizar las oportunidades de negocio y el potencial de crecimiento del país a partir de sus ingentes recursos naturales.
El naufragio socioeconómico de la última década ha forzado una paradoja: un país con riquezas abundantes y codiciadas, una infraestructura aún considerable y una capacidad instalada aceptable, pero sumido en el colapso. La abundancia en una sociedad empobrecida ha alimentado una leyenda persistente —la del “pobre país rico”— que se ha convertido en uno de los grandes tormentos del proyecto nacional venezolano.
Además de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela cuenta con enormes yacimientos de gas —los sextos a escala global—; grandes reservas de oro, las más importantes de América Latina; hierro, en el puesto doce mundial; bauxita, en el quince; y diamantes. Antes del colapso chavista, el país había logrado avances significativos en la explotación y exportación de varios de estos rubros, en particular petróleo, gas, mineral de hierro y productos transformados de aluminio y acero, pilares de la Venezuela contemporánea. A ello se suma una dotación relevante de las llamadas “tierras raras”, en especial coltán y torio: elementos químicos con propiedades magnéticas y de conductividad esenciales para la tecnología moderna —teléfonos móviles, vehículos eléctricos, armamento y energías renovables. Riquezas insertas en una geografía de alta biodiversidad, enorme riqueza hídrica y acceso privilegiado al mar Caribe y al océano Atlántico.
Entre 2014 y 2015, cuando la industria petrolera tocó fondo y el país y el país sufrió años de brutal desabastecimiento de alimentos y medicinas, el chavismo se apalancó en los recursos mineros al sur del río Orinoco para sobrevivir. No lo hizo mediante la recuperación de las empresas siderúrgicas de hierro, bauxita, aluminio y acero, pero que durante el chavismo corrieron con la misma suerte de Petróleos de Venezuela, golpeadas por la falta de inversión y malos manejos.
Nicolás Maduro firmó en 2016 el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, una extensión de unos 112.000 kilómetros cuadrados —equivalente al 12% del territorio nacional— ubicada al sur del río Orinoco, área estratégica por la explotación de oro, principalmente, además de diamantes, coltán, níquel y tierras raras, en un contexto de precios internacionales favorables. El Gobierno ha sostenido que en el Arco Minero hay más de 8.000 toneladas de oro, lo que colocaría a Venezuela entre los países con mayores reservas del mineral. También ha hablado de la posibilidad de explotar hasta un millón de quilates de diamantes, 12.000 toneladas de níquel, 35.000 toneladas de coltán y significativos yacimientos de cobre. Una década después, lejos de convertirse en un polo de desarrollo, el Arco Minero del Orinoco se ha transformado en un peligroso agujero de criminalidad, corrupción política y militar y contrabando con el telón de fondo de un gran desastre ambiental. No se hace una minería de gran escala, sino una explotación caótica y descontrolada.
En la comercialización del oro, el chavismo se ha asociado con Turquía y Sudáfrica. En la producción, sin embargo, opera una red de “alianzas estratégicas” con empresas cercanas a la élite gobernante, bajo la tutela de la Corporación Venezolana de Minería. Estas conviven con actores irregulares como la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional, disidencias de las FARC y bandas criminales como el Tren de Aragua. Las proyecciones oficiales del plan minero gubernamental muestran que para 2025 deberían producirse 79 toneladas de oro en esta región. Los datos, sin embargo, son opacos y difíciles de verificar. Organismos multilaterales e investigaciones periodísticas han documentado que buena parte de lo extraído sale de contrabando y apenas una fracción ingresa al Tesoro nacional, con un alto costo en violencia, explotación laboral y trata de mujeres. Un informe de Transparencia Venezuela estimó que en 2024 solo el 14% del valor de los minerales extraídos llegó a las arcas del Banco Central, mientras el resto se lo repartieron entre las “alianzas estratégicas”, la mayor parte, y los grupos criminales.
El Gobierno declaró en 2023 la casiterita, el níquel, el rodio, el titanio y otros minerales relacionados con las tierras raras como recursos estratégicos para la exploración, la extracción y la comercialización de esta materia prima clave para la industria tecnológica. Las llamadas arenas negras —un mercado dominado ampliamente por China— emergen como otro botín que aspira el presidente de Estados Unidos quitar a su rival comercial con la presión que ha impuesto sobre los recursos de Venezuela. Una investigación publicada en noviembre por Amazon Underworld y el medio venezolano Armando.info reveló que, aunque hay registros oficiales de exportaciones de tierras raras por puertos venezolanos, una parte sustancial de lo extraído en Guayana se comercializa ilegalmente hacia Colombia, donde su origen es “blanqueado” antes de terminar en manos de empresas chinas, las principales procesadoras mundiales del material.