Roberta Clarke, presidenta de la CIDH: “Hemos documentado la represión y la persecución generalizada en Nicaragua”

Roberta Clarke, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresa su preocupación por la situación de las sistemáticas violaciones contra la población en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Venezuela, los países que más preocupan a este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La comisionada lamenta en esta entrevista lo que denomina el “clima de persecución” que afecta a la ciuda...

Roberta Clarke, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresa su preocupación por la situación de las sistemáticas violaciones contra la población en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Venezuela, los países que más preocupan a este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La comisionada lamenta en esta entrevista lo que denomina el “clima de persecución” que afecta a la ciudadanía, periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil en estos países, donde se persigue, encarcela o se obliga al exilio a voces disidentes.

El organismo, que Clarke considera “la joya de la corona de la de la OEA”, recibe cada año cientos de peticiones de casos de personas que consideran que se violentan sus derechos humanos y les dan seguimiento o emiten medidas cautelares para la protección de estos perseguidos. No son buenos tiempos para los derechos humanos en el continente, por lo que la CIDH se ha convertido en el altoparlante “que amplifica las voces de las personas que están siendo criminalizadas y que son opositoras”, dice la defensora de derechos humanos.

En el caso nicaragüense, la CIDH, a través del llamado Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), sigue de cerca la situación bajo el Gobierno del presidente Daniel Ortega, que ha instaurado un régimen de corte familiar, ha acallado a la prensa y utiliza el sistema judicial para atemorizar a la ciudadanía.

Un grupo de expertos de la OEA presentaron un informe en diciembre de 2018 en el que denunciaron “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el Ejecutivo de Ortega, que expulsó al equipo de esa organización que vigilaba situación de persecución en ese país centroamericano. Según el informe, la policía abrió fuego de forma sistemática contra la población durante una serie de protestas realizadas en varias ciudades del país y había puesto en marcha una ola represiva que incluyó torturas y agresiones sexuales en las cárceles, hechos que deben ser juzgados, según el texto, como “crímenes de lesa humanidad”. “Nos preocupa la represión y la concentración del poder en Nicaragua”, afirma Clarke, abogada barbadense que asumió la presidencia de la CIDH en noviembre de 2021, para un período de cuatro años. A continuación un extracto de la entrevista por videollamada.

Pregunta. Decenas de periodistas de Nicaragua han sido obligados al exilio. ¿Cómo valora la situación actual de Nicaragua relacionada con el periodismo y la libertad de expresión?

Respuesta. La situación en Nicaragua es de mucha preocupación para la Comisión y la estamos monitoreando de manera cercana. Hemos visto la represión y la concentración del poder específicamente en la rama del Ejecutivo, hemos visto que no existen condiciones para que la prensa se desempeñe de manera libre y segura y no existe un espacio abierto para el ejercicio de la sociedad civil. En noviembre del 2023 lanzamos el informe del cierre de espacios cívicos en Nicaragua, en el que documentamos el cierre masivo de las organizaciones de sociedad civil, así como la represión y el clima de persecución que existe de manera generalizada en el país. Tuvimos también una audiencia pública donde recibimos a personas exiliadas que habían perdido sus propiedades y sus recursos.

P. ¿Es la situación actual de Nicaragua la que más preocupa a la CIDH en materia de violaciones a los derechos humanos?

R. No me atrevería a decir que es la que más me preocupa, pero sí es una de los que más nos inquietan. En nuestro informe anual estudiamos y documentamos avances y desafíos de cada uno de los países y el Capítulo Cuatro B del informe es un espacio reservado para los países de mayor preocupación. Ahí se encuentran Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala. Estos países están ahí puesto que se han logrado identificar patrones que tienen que ver con la debilidad de las instituciones democráticas, la debilidad del Estado de Derecho y violaciones graves a los derechos humanos. No obstante, la Comisión también ha mostrado preocupación especial por otros países que no se encuentran en esta ocasión en el capítulo, como puede ser, por ejemplo, Haití. El país presenta una ruptura social y de seguridad completa.

P. En Guatemala ha tomado el poder el presidente Bernardo Arévalo, que tiene un discurso más favorable a los derechos humanos, pero en ese país continúa la persecución a periodistas y el llamado “pacto de corruptos”, que utiliza el sistema de justicia como un arma contra los críticos.

R. Guatemala ha estado en el Capítulo 4 por al menos dos años por el debilitamiento del Estado de Derecho. Hemos mantenido el monitoreo de la libertad de expresión y la criminalización de las personas defensoras. La Comisión ha sido invitada por el Gobierno de Guatemala para realizar una visita en julio. Sería una visita en la cual todo el pleno de la Comisión iría a documentar la situación de derechos humanos en Guatemala. Esto es muy importante y es una muestra de cómo el Estado de Guatemala está abierto al escrutinio internacional. La naturaleza de la visita también incluye el ofrecimiento de apoyo técnico que ofrece la Comisión a los países para la garantía de derechos humanos.

P. Plantea también la situación de Cuba. Hemos visto una fuerte represión de las protestas por la situación económica en la isla. ¿Han podido comunicarse con el Gobierno para expresarles su preocupación sobre esta forma de actuar frente al descontento social?

R. La situación es muy similar a la de Nicaragua. Hemos visto una ausencia de elementos [necesarios] para la democracia, para el pluralismo político, la prohibición de la asociación política. Seguimos las dificultades para el gozo de los derechos sociales y hemos señalado también las razones estructurales de esto. Otorgamos medidas cautelares a personas que están en un riesgo inminente, pero también a personas que están en prisión o que están siendo perseguidas, y buscamos que se garanticen sus derechos. La voz de la CIDH es muy importante, porque lo que hace es que amplifica las voces de las personas que están siendo criminalizadas y que son opositoras al Gobierno actual. El año pasado lanzamos un reporte de derechos laborales y sindicales en Cuba y algunos de nuestros hallazgos fueron, por ejemplo, la discriminación, el acoso laboral, problemas para la libertad académica, la ausencia de procesos justos. Esto es parte del trabajo de monitoreo que hacemos continuamente sobre Cuba.

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