El capital con responsabilidad social le da un respiro a la crisis de la inversión extranjera en Colombia

La inversión en Colombia se mueve entre dos fuerzas. De un lado, las cifras del Banco de la República confirman el enfriamiento de la inversión extranjera directa: tras alcanzar 17.182 millones de dólares en 2022, el flujo se redujo a 14.000 millones al cierre de 2024. Pero aunque la inversión total en el país cae un 1,4% en el último año, según BBVA Research, también surge una corriente distinta que se niega a la parálisis: la inversión de impacto. Este modelo, que combina rentabilidad con beneficios sociales y ambientales medibles, duplicó su flujo hasta los 457 millones de dólares a cierre de 2023, según Impacto Colombia, que divulgó las cifras este año. La Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Grupo Banco Mundial, corrobora el cambio de guion para 2026.

Colombia es hoy su segunda cartera más grande en la región —solo detrás de Brasil— y se ha convertido en un laboratorio de resiliencia. “El capital está fluyendo a proyectos bien estructurados, con fundamentos sólidos y patrocinadores creíbles”, comenta a EL PAÍS Alfonso García Mora, vicepresidente del IFC para Europa, América Latina y el Caribe. Ese optimismo institucional encuentra su contrapunto en las cifras. María Elvira Tamayo, gerente general de Impacto Colombia, subraya la brecha: mientras la inversión privada general apenas creció un 0,37% en el mismo periodo, la inversión de impacto avanzó a un ritmo anual del 50,3%.

“Colombia se perfila como referente regional”, asegura. Y agrega contexto al repunte: “Con la salida de la cooperación tradicional de agencias como USAID, que ven a Colombia como un país de renta media-alta tras entrar a la OCDE, se abre un vacío. La inversión de impacto llena ese espacio con una propuesta clara: hacer negocios rentables que, a la vez, generen prosperidad social, ambiental y económica”. La inversión de impacto gana terreno en ese vacío y los grandes jugadores mueven ficha.

A noviembre de 2025, la exposición de la Corporación Financiera Internacional en Colombia alcanzó 3.200 millones de dólares. En la primera mitad del año fiscal 2026, el organismo comprometió 607,5 millones: el 51% en infraestructura y transporte, un 31% en manufactura y agroindustria, y el 17% en instituciones financieras. García refuerza el panorama con la confianza institucional. “Colombia ha sido seleccionada como país piloto para la inversión subnacional”, dice, y cita un emblema como ejemplo de dicho ánimo: el Metro de Bogotá, donde el Grupo Banco Mundial ha movilizado más de 2.200 millones de dólares. “Este modelo permite instrumentos innovadores para ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, transformando la movilidad urbana”, agrega.

El impulso convive con cuellos de botella que claman ser resueltos. García advierte que cerrar las brechas logísticas y de transporte es urgente, pues hoy elevan los costos empresariales hasta un 17,9% de las ventas. Ahora, pese al repunte de algunos flujos en 2025, ha sido un año complejo, sobre todo en las condiciones financieras. José Ignacio López, presidente de ANIF, lo resume así: “Hay tasas todavía muy altas, cercanas al 13% en los títulos de deuda (TES)”. Para López, la demanda agresiva de recursos por parte del Estado para cubrir su déficit “encarece el crédito para los demás” y amenaza con frenar el crecimiento.

Su receta es el pragmatismo regulatorio: defender el medio ambiente “sin convertirlo en un laberinto de licencias y consultas previas infinitas que terminen por asfixiar los proyectos que, paradójicamente, harían posible la transición energética”. La llave para destrabar la inversión también pasa por incrementar la productividad y la formalización. “El empleo informal representa el 57,4% del total, lo que limita el crecimiento. Apoyar a las pymes, que son el 90% de la base productiva, es la clave”, insiste García. Una frase temeraria, cuando actualmente varios analistas temen que el nuevo salario mínimo, elevado un 23%, vaya a frenar la formalización.

Pero la productividad no se impulsa solo con reglas claras, y entra en juego un multiplicador probado: la infraestructura. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, explica que “invertir en infraestructura es invertir en crecimiento”. Cada peso invertido en ese rubro devuelve 2,25 en productividad, 2,46 en salarios y 4,9 en impuestos. “Por cada billón invertido en infraestructura se generan 28.400 empleos”, añade. Y explica que si el país eleva la inversión en 0,7% del PIB anual durante la próxima década, “el crecimiento subiría un punto y el desempleo caería otro”.

El reto es político y operativo: “Seguridad jurídica, trámites ágiles y licitar ya los proyectos estratégicos”. Hay más de 34 billones de pesos en juego, en su mayoría iniciativas privadas que no requieren desembolsos públicos, como el nuevo aeropuerto de Cartagena, el corredor Manizales–La Paila o la ampliación de El Dorado Max en Bogotá. La inversión pública entraría en un debate más delicado, porque el gobierno actual ya es acusado de derroche fiscal tras aumentar el gasto público y el presidente Gustavo Petro dice que los fondos escasean desde que no le aprobaron su reforma tributaria.

Bogotá y Cundinamarca absorben la mayor parte de la inversión con propósito, seguidas por Antioquia y Valle del Cauca, según Tamayo. No es una casualidad: la capital ofrece proyectos listos, un ecosistema que conecta empresas, cámaras de comercio y fondos internacionales, y un capital humano altamente cualificado. Ese protagonismo trasciende la inversión de impacto y se anota también buenos números en la inversión extranjera directa. Carlos Alberto Suárez, director ejecutivo de Invest in Bogotá, lo resume: “Bogotá es una ciudad de servicios, de talento y de confianza”. Suárez explica que en 2025 ha habido un repunte en sectores intensivos en conocimiento, como tecnología y videojuegos. “Uno de cada cuatro inversionistas reinvirtió este año en la ciudad”, subraya.

Esa reinversión tiene un efecto multiplicador: cuando una empresa abre operaciones en otras regiones, suele instalar su sede administrativa en Bogotá. “Competimos, sí, pero también nos complementamos con otros territorios”, explica Suárez. La apuesta es consolidar a la capital como un hub regional para América Latina, con una “ciudad aeropuerto” alrededor de El Dorado —el más competitivo de la región en carga y pasajeros— y obras que cambian la movilidad y la competitividad, como la primera línea del metro o la fase eléctrica de TransMilenio. “Son más de 19.000 millones de dólares en obras que están transformando el rostro de la ciudad”, afirma. Para los inversores, son señales de que Bogotá seguirá siendo plataforma para hacer negocios en la región.

Eso sí, sobre el horizonte, queda una advertencia. Enrique Sanz Posse, economista de Fedesarrollo, ha bautizado un riesgo fiscal con una frase incómoda: “Votar por no crecer”. Su investigación más reciente muestra que la polarización política reduce la disposición de los legisladores a invertir en bienes públicos que benefician a todos —como infraestructura o tecnología— y privilegia el gasto corriente y los beneficios localizados para asegurar bases electorales. Es el llamado pork barrel: partidas dirigidas a grupos o territorios específicos con rédito político inmediato. “Niveles más altos de polarización reducen la inversión pública, lo que conduce a un menor crecimiento”, señala Sanz. La disyuntiva es clara: escoger la utilidad inmediata del subsidio o la rentabilidad futura de la productividad.

Entre la inercia de un capital que exige señales claras y la energía de un ecosistema que innova con impacto, Colombia tiene margen para inclinar la balanza. Reglas estables, licenciamiento predecible, ejecución rápida y financiamiento a costos razonables son el puente entre el discurso y el desembolso. La inversión, tanto la tradicional como la de impacto, han mostrado dónde quieren estar: en proyectos bien estructurados, con patrocinadores creíbles y una institucionalidad que cumpla con su parte.