Petro revive su convocatoria a una Constituyente tras la absolución a Uribe

La absolución del expresidente colombiano Álvaro Uribe ha inquietado al actual mandatario, Gustavo Petro. “Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, escribió en X, incluso antes de que se acabara la audiencia del Tribunal Superior de Bogotá. Informó, sin medias tintas, que su decisión es impulsar un proceso para elaborar una nueva Constitución. “Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, comentó. Aunque su convocatoria a reformular el Estado no es nueva, la absolución de su némesis a meses de las elecciones nacionales le ha dado un nuevo impulso para llevar la iniciativa a las calles.

El mandatario entrelazó el fallo de segunda instancia a favor de Uribe con la crisis diplomática con Estados Unidos, originada el fin de semana luego de que Donald Trump lo acusara de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. El presidente colombiano se defiende de este señalamiento con el argumento de que fue él quien denunció, en sus tiempos como congresista, a Uribe y otros políticos de tener vínculos con paramilitares y con el narcotráfico. “Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia”, declaró.

Gran parte de la tarde del presidente transcurrió en X, como ocurre con frecuencia. Luego del trino inicial, Petro se explayó en varias acusaciones contra Uribe: desde un helicóptero del padre del expresidente que “apareció en los allanamientos al mayor laboratorio de cocaína de Colombia”, hasta una denuncia de que su rival recibió “información en tiempo real” de la masacre del Aro cuando era gobernador de Antioquia, hace tres décadas. Insinuó que los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá están vinculados el Cartel de la Toga, un término utilizado para referirse a magistrados de la Corte Suprema que recibieron sobornos por sus decisiones, incluyendo algunas para obstaculizar procesos de políticos vinculados con el paramilitarismo. “Ahora el Cartel de la Toga trata de dejar en la impunidad al expresidente Uribe, el que a través de las Convivir irradió el paramilitarismo narcotraficante en Antioquia y el país”, dijo. Después, reiteró su llamado a una Constituyente: “Espero a Bogotá entera este viernes a las cuatro de la tarde en la Plaza de Bolívar. Vamos por la Soberanía Nacional. Vamos por el Poder Constituyente”.

Varios de sus aliados han retomado la convocatoria. “Allá estaremos, presidente. El constituyente primario tiene el poder”, le respondió la senadora Gloria Flórez. “Siempre con Gustavo Petro. ¡Allí estaremos!”, escribió María José Pizarro. Mientras tanto, como era de esperar, la convocatoria agitó el avispero entre sus contradictores. “Petro está desesperado. Insiste en una constituyente porque no soporta que Álvaro Uribe vuelva a ser protagonista. Pero esa maniobra no tiene futuro: una constituyente no saldría en menos de ocho meses, y el país no le camina”, comentó la senadora uribista María Fernanda Cabal.

El presidente de izquierdas ha promovido episódicamente una Constituyente a lo largo de sus tres años de mandato, pese a que la ley fundamental de 1991 fue uno de los legados de la Alianza Democrática M-19, sucesora de la guerrilla homónima a la que perteneció Petro en su juventud. El mandatario asegura que no busca empañar el legado de los noventa ni “modificar” la esencia de la Constitución, sino “profundizarla y hacerla real”. Su argumento es que la versión actual es parte de los obstáculos que enfrenta para reformar a Colombia en temas como salud y educación.

Una convocatoria a una Constituyente requiere de la aprobación del Congreso, que en su mayoría se ha pronunciado en contra de tal iniciativa. Petro argumenta, entonces, que él no es quien la convoca, sino “el pueblo”, y por eso su llamado a las firmas en la Plaza de Bolívar. Pero la opción de una iniciativa popular, similar a la Séptima Papeleta de 1990, tampoco parece plausible. Primero, por la falta de un clima político que haga pensar en un consenso sobre la necesidad de reformar la ley fundamental. Segundo, por la oposición en el Senado. Tercero, porque en 1990 no había una vía legal para pedir una reforma a la Constitución. Hoy esa opción existe y es legislativa. La recolección de firmas, que comenzará dos días antes de la consulta de la izquierda para elegir un candidato presidencial, parece tener más vuelo político que futuro jurídico.