La JEP sanciona con ocho años al último secretariado de las FARC por miles de secuestros en Colombia
Siete antiguos comandantes deberán participar en acciones restauradoras, como proyectos de desminado o de búsqueda de personas desaparecidas, en los territorios donde tuvieron injerencia
El secuestro, una de las marcas más dolorosas que dejó la extinta guerrilla de las FARC por más de cinco décadas, cierra un capítulo. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal transicional creado tras el Acuerdo de Paz de 2016 para juzgar los crímenes del conflicto armado, dictó su primera sentencia contra siete exintegrantes del último secretariado de esa organización. Al haber reconocido sus responsabilidades en el uso sistemático de ese delito, no pagarán cárcel: en su lugar, los magistrados los han sancionado a realizar sanciones restaurativas en los territorios, con labores como desminado humanitario, apoyo en la búsqueda de desaparecidos y proyectos de restauración ambiental. La duración de esa sanción es de ocho años.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri, conocido en la guerra como Timochenko; Pastor Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Joaquín Gómez; Jaime Alberto Parra Rodríguez, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar y Julián Gallo Cubillos. Todos integraban el secretariado al momento de la firma del Acuerdo de Paz en 2016, bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos. Aunque la mayoría de secuestros fueron ejecutados por mandos medios, bajos e incluso milicianos, la JEP responsabilizó a la cúpula de haber diseñado y sostenido esta política. “La responsabilidad no solo es de quien ejecutó el secuestro, sino de quienes desde la cúspide crearon las condiciones estructurales para que esos crímenes ocurrieran”, explicó el magistrado Camilo Andrés Suárez, quien leyó la sentencia.
El fallo fue presentado en presencia de la Misión de Verificación de la ONU, de la Corte Penal Internacional y de delegados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Allí, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, dedicó un homenaje a las 21.936 víctimas reconocidas de secuestro en Colombia. “En la JEP no dictamos sentencias para hundir a nadie en la sombra, sino para alumbrar nuevos caminos”, afirmó. Y añadió: “Esta sentencia no les devolverá todo lo que perdieron. No podrá cambiar un pasado doloroso, ni recuperar el tiempo perdido, ni sanar por completo sus profundas heridas. Ninguna sentencia en el mundo podría hacerlo, pero sí busca aliviar su dolor y el de sus familias”.
Ramelli aclaró que, aunque los responsables no irán a prisión como en la justicia ordinaria, deberán traducir sus compromisos en “obras que reparen lo destruido por la guerra y aporten a la reconciliación de un país que lo reclama”. ”Es una justicia que siembra vida en los mismos lugares donde el secuestro la arrasó”, dijo. La sentencia, de 663 páginas, también los sanciona por crímenes conexos cometidos durante el cautiverio, como desaparición forzada, homicidios, desplazamiento, trabajos forzados, tortura, tratos crueles e inhumanos y violencia sexual. “Son responsables penalmente de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros tratos inhumanos”, concluyó Suárez.
Durante los ocho años de sanción, los excombatientes deberán ejecutar proyectos restaurativos en cinco áreas. La primera, de memoria y reparación simbólica, incluye iniciativas como la instalación de baldosas y artefactos conmemorativos, la participación en productos radiales y digitales, la creación de un micrositio web y la organización de espacios de perdón, diálogo y encuentros con víctimas.
El segundo enfoque corresponde a la búsqueda de desaparecidos. Para ello deberán entregar información, trabajar de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aportar coordenadas y mapas temáticos, y participar en jornadas de recuperación de restos óseos. Uno de los sitios priorizados será el Cementerio de Palmira, como “acto de dignificación de las víctimas enterradas allí como personas no identificadas”, según explicó la JEP.
El tercer componente está relacionado con proyectos ecológicos en zonas donde operaron durante el conflicto, mediante la instalación de viveros, propagación de especies nativas, cultivos de pancoger, procesos pedagógicos de conservación ambiental y la construcción de rutas de ecoturismo junto con las víctimas.
El cuarto eje es el desminado humanitario. Los sancionados deberán asistir a talleres de sensibilización, espacios de diálogo y jornadas de desminado en territorios afectados por su accionar. Finalmente, el quinto aspecto contempla encuentros restaurativos con las víctimas, diálogos de verdad y actos de reconciliación, que tendrán como prioridad las ciudades de Cali y Neiva, donde se concentra la mayor parte de afectados.
El cumplimiento de estas sanciones será verificado por la Misión de la ONU, con apoyo de sistemas de georreferenciación y reportes periódicos. Los exFARC deberán reubicarse cerca de las zonas de intervención y, aunque conservarán sus derechos políticos y podrán hacer proselitismo en el partido Comunes, la JEP aclaró que el cumplimiento de las sanciones prevalece sobre sus actividades políticas. El tribunal también alertó sobre los riesgos de seguridad que enfrentan los sancionados y solicitó al Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Agencia de Reincorporación reforzar los esquemas de protección.
Al cierre de la audiencia, el magistrado Suárez envió un mensaje a las víctimas y al país: “Esta sentencia envía un mensaje inequívoco: los crímenes atroces no quedarán en la impunidad. Las sanciones buscan materializar la dignidad de las víctimas y garantizar que hechos como estos no se repitan”. La sentencia no llevará a los excomandantes a prisión, pero los obliga a volver a los territorios donde el secuestro dejó su huella más profunda. Allí deberán demostrar, bajo la mirada de las comunidades y la verificación internacional, su voluntad de reparar a las víctimas de secuestro.