Los ataques del Clan del Golfo a Supergiros reflejan la extorsión silenciosa que se ha tomado al Caribe colombiano

Durante casi todo el mes de noviembre Supergiros, una empresa postal que maneja transferencias monetarias en unas 25.000 oficinas regadas por toda Colombia, ha estado amenazada por el grupo paramilitar conocido como el Clan del Golfo. La intimidación se concentra en la costa Caribe, donde ese grupo criminal tiene mayor presencia. El 4 de noviembre en el pequeño municipio de Bosconia, Cesar, un sicario asesinó a una de las trabajadoras de la empresa, a plena luz del día y frente a dos clientes que huyeron del lugar. El pasado viernes, otra empleada fue atacada, también con arma de fuego, en Luruaco, un pequeño municipio del departamento del Atlántico; al día siguiente fue el turno de otra empleada, esta vez en la ciudad de Barranquilla. “Estamos hablando ya de 14 oficinas baleadas” en un mes, explicó Juan Andrés Carreño, presidente del gremio sectorial Asopostal, a Blu Radio.

La empresa ha dicho que viene recibiendo recurrentemente panfletos con la orden de cerrar sus puntos en Atlántico, Bolívar, Sucre, César, Magdalena y La Guajira, seis de los siete departamentos del Caribe continental colombiano. “Claramente detrás hay fines extorsivos”, añadió Carreño. No lo dijo, pero se sobreentiende, que Supergiros no está cediendo a las amenazas en los términos del Clan del Golfo. La empresa anunció el fin de semana que la situación es insostenible, y por eso ha cerrado temporalmente 3.000 puntos de atención en la costa. “Es una situación que afecta a los colombianos más humildes”, dijo Carreño a Caracol Radio. “La red de los bancos privados llega a un número de municipios mucho menor que la red postal. Nosotros estamos en 1.100 municipios, somos corresponsales de prácticamente todos los bancos”.

El Gobierno ya se ha comunicado con Supergiros para preparar una estrategia especial de protección a sus trabajadores y la defensora del Pueblo hizo un llamado para proteger particularmente a las mujeres trabajadoras de la empresa, que exponen su vida, solas, en los puestos de atención. Para Luis Fernando Trejos, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla, la extorsión del Clan del Golfo no es una novedad. Vienen haciéndolo a pequeñas y grandes empresas desde hace varios años, como lo hicieron otros grupos criminales antes que ellos, explica. Opina que lo novedoso de este caso es que el chantaje se ha hecho público, y lo desafiante de la amenaza.

“Eso es malo para el negocio [ilegal del Clan del Golfo], porque la astucia del crimen organizado es que nadie los tenga en el radar. Visibilizar el caso hace que el Gobierno tenga que tomar decisiones”, argumenta. La extorsión es un drama silencioso, añade Trejos, en el que muchos pequeños negocios locales, como asaderos de pollo o misceláneas, han tenido que cerrar por no poder pagar al grupo criminal. Todo eso, sin denunciarlos por el riesgo que corren sus dueños. “Tiene más impacto la noticia por ser empresa nacional. Usualmente la extorsión ocurre más en espacios rurales, pero acá hay una en una zona urbana, [como Barranquilla], poniendo a una gran empresa privada de rodillas y llevándola a cerrar el negocio. Es un tiro en el pie”, considera.

La empresa es un objetivo atractivo para el Clan del Golfo, por las enormes cantidades de dinero en efectivo que maneja en zonas en las que el grupo ilegal hace presencia. Supergiros sirve como corresponsal de varios bancos como el BBVA, Bancamía o el Banco de Occidente, es decir, como un tercero en el que las personas pueden hacer operaciones como si fuera un banco. En muchos municipios pequeños es una de las pocas alternativas para pagar los servicios públicos, recargar un celular, o incluso para recibir los giros de los subsidios estatales.

Trejos tiene la hipótesis de que la actitud desafiante contra la empresa se explica por un esfuerzo del Clan del Golfo de “diversificar su portafolio de rentas ilícitas”. Se trataría, en la hipótesis del investigador, de una estrategia para que las unidades del Clan no dependan tanto de los recursos de grandes negocios, como el narcotráfico en el golfo de Urabá o la minería ilegal en el nordeste antioqueño. Se buscaría, más bien, que cada estructura busque sus propias rentas, un ajuste que en el pasado han tenido otras organizaciones ilegales en el país cuando se extienden por territorios amplios y diversos, pero con rasgos propios en el caso del Clan. “Son grupos que pagan nómina, allí nadie entró por ideología, así que tienen que diversificar las rentas locales para que los bloques sean autosostenibles”, explica.

Elizabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, también ha notado esa búsqueda de rentas locales ilegales, en la que se extorsiona a todo tipo de empresas. “Ellos mismos se autodescriben a veces en conversaciones privadas como una mini DIAN”, cuenta la investigadora, en referencia a la oficina estatal de recaudo de tributos. Aparte de los negocios ilegales, añade, se ven como “una autoridad de impuestos de la economía lícita: todos los negocios tienen que pagar una cuota basada en sus ventas, su tamaño, su ubicación, etcétera. Lo calculan de forma metódica”.

Como lo explica un informe anual de marzo del International Crisis Group, el Clan del Golfo, uno de los grupos con los que el Gobierno negocia en paralelo como parte de su política de paz total, ha buscado fortalecerse en las zonas donde tiene influencia para llegar a la mesa con argumentos sobre la extensión y fortaleza de su control social y territorial. Eso ha implicado una extorsión mayor, entre otros crímenes. “Gravan a los narcotraficantes, pero también a las compañías mineras multinacionales. Cobran a los grandes terratenientes por “protección” mientras extorsionan a los campesinos”, dice el informe. Ahora, además, está Supergiros.