El conflicto armado amenaza la bandera de “paz con la naturaleza” del presidente Petro

El Gobierno de Colombia, el país del mundo donde más asesinan líderes ambientales, promete la “paz con la naturaleza” en medio de un conflicto armado que también afecta a sus ríos y bosques. El plan que presentó el presidente Gustavo Petro en la pasada COP 16 para proteger la biodiversidad hasta 2030 se enfrenta al control territorial que imponen los grupos armados ilegales en muchas de las zonas con más riqueza ambiental del país. La violencia se ha recrudecido mientras las negociaciones simultáneas con actores como el ELN, la guerrilla más antigua en armas, o facciones del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, disidentes de las extintas FARC, no arrojan grandes avances para concretar la apuesta de una paz total.

En ese escenario de incertidumbre, también sufre el medio ambiente. Según datos del mecanismo de monitoreo de riesgos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) cada semana se presenta una afectación grave contra la naturaleza. Los atentados contra la infraestructura petrolera, la minería ilegal, la tala masiva e indiscriminada de árboles para el contrabando de madera o las actividades asociadas a la producción de pasta de coca contaminan fuentes hídricas, destruyen capas vegetales, arruinan la fauna y la flora, y arrasan ecosistemas de áreas protegidas.

La JEP, creada por el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016 como parte de un sistema integral para asegurar verdad, justicia, reparación y no repetición, documentó 283 casos desde la firma del acuerdo hasta mayo de 2022, en 21 de los 32 departamentos del país. Es un peligro que crece con la reconfiguración y el crecimiento de las organizaciones ilícitas.

Una muestra es el récord de hectáreas con cultivos de coca que alcanzó Colombia por tercer año consecutivo, con 253.000 en 2023. Casi la mitad de la coca, el 48%, se concentra en zonas de manejo especial como parques nacionales naturales, territorios colectivos y zonas de reserva forestal. Son lugares donde los grupos al margen de la ley instalan campamentos o construyen carreteras, demostrando su dominio.

Aunque ese aumento contrasta con una reducción histórica de la deforestación ―la cifra de menos de 80.000 hectáreas perdidas de bosques del año pasado fue la más baja en más de dos décadas con registros―, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha reconocido que no es una batalla ganada mientras sigan existiendo las economías ilícitas.

El exministro de la misma cartera Manuel Rodríguez Becerra advierte que los riesgos se concentran, principalmente, en regiones como la Amazonía y el Pacífico. “En el Chocó biogeográfico, el control del ELN es muy grande, incluso periódicamente hacen paros armados. La población queda bloqueada y en medio de ese conflicto explotan el oro de forma ilegal. Esto genera enormes daños en los cauces de los ríos y deforestación en las riberas. Estamos hablando de una selva húmeda tropical que tiene una de las mayores biodiversidades del mundo”, afirma.

Mientras las estructuras armadas sigan teniendo el control territorial, la paz con la naturaleza no es alcanzable, opina Camilo Prieto, profesor de cambio climático de la Universidad Javeriana de Bogotá. “No se puede tener como presencia del Estado simplemente la militarización del territorio, sino que hay que llegar con una presencia institucional que permita que la gente acceda a oportunidades. Para esto se necesita desarrollar proyectos con enfoque territorial”, remarca.

La naturaleza no solo ha sido víctima, sino testigo de los horrores de la larga historia del conflicto armado en Colombia. El caso que lleva la JEP sobre los mayores delitos cometidos con ocasión del conflicto entre el norte del departamento del Cauca y el sur del Valle del Cauca, uno de los corredores más marcados por la violencia, es el primero en el que se reconocieron las afectaciones graves al medio ambiente como crímenes de guerra.

El magistrado Raúl Eduardo Sánchez recuerda los hechos que llevaron a acreditar como víctima al río Cauca, uno de los más importantes del país. “Se convirtió en una fosa común, en un cementerio clandestino donde los paramilitares arrojaban cuerpos de personas asesinadas. Esto generó una afectación grave porque la relación de las comunidades con el río es muy importante. No solo es una fuente hídrica, sino un punto de encuentro. Cuando iban los pescadores ya no cogían peces, sino cuerpos, manos, una cosa bastante aterradora”, relata.

Otros riesgos como el vertimiento de los químicos que se emplean en la minería ilegal o la producción de cocaína todavía persisten, y ponen en riesgo la vida de quienes ya han padecido la violencia. Los ataques al oleoducto transandino en Nariño, por ejemplo, han vulnerado derechos a la salud, el agua y la vivienda del pueblo Awá. El derrame de crudo en los ríos ha quitado fuentes de subsistencia a los indígenas, que se han visto obligados a desplazarse, señala el informe de monitoreo de la JEP. Como este, hay más casos.

Juan Bello, director regional y representante del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, sostiene que es prioritario incluir la protección ambiental en la solución de los conflictos armados. “Generalmente tienen impactos sobre los territorios, en especial por la degradación y pérdida de recursos naturales y servicios ecosistémicos esenciales para la salud, los medios de vida, la seguridad y el bienestar de las personas. Es fundamental integrar la perspectiva ambiental en la construcción de paz”, subraya.

El plan de acción que presentó Colombia para proteger la biodiversidad en los próximos cinco años propone la reducción del impacto de economías ilícitas en los ecosistemas y una disminución de por lo menos el 50% en la afectación por delitos ambientales. Llevarlo a la práctica sin contener a los grupos armados ilegales es, cuando menos, ambicioso. “La paz total es un prerequisito para hacer la paz con la naturaleza”, concluye Rodríguez Becerra, el exministro de ambiente.