Arranca el acuerdo nacional de Petro: el Senado aprueba la reforma al Sistema General de Participaciones

La plenaria del Senado ha aprobado en la noche de este martes la reforma al Sistema General de Participación (SGP). Se trata de un aumento de los recursos que la Nación entrega a los gobiernos locales y departamentales, con destino a la educación obligatoria, la salud, la recolección de basuras, los acueductos y alcantarillados. La propuesta busca reformar la Constitución de 1991 para darle mayor autonomía económica a las regiones y promover la descentralización, pero aún debe superar con éxito los dos últimos debates en la Cámara de Representantes. “Celebro la aprobación en sexto debate del proyecto de reforma con 75 votos a favor y 2 en contra en el Senado. Esta reforma es crucial para avanzar en los postulados de la Constitución, basados en una mayor autonomía y competencias para nuestros territorios”, escribió el ministro del Interior y gran impulsor de la idea, Juan Fernando Cristo, en su cuenta de X.

La decisión, que se da después de varios días de alta tensión por las críticas al impacto económico de la reforma, es el primer paso importante en la construcción del acuerdo nacional que ha propuesto el Gobierno de Gustavo Petro y en el que tanto ha insistido Cristo desde que llegó al gabinete. Obtuvo 75 votos a favor, desde la veterana política de izquierdas Aída Avella hasta el precandidato uribista a la presidencia, Andrés Guerra. Tan solo dos congresistas votaron en contra.

Este resultado se debe en parte a que la descentralización no es un asunto propio de la división ideológica en Colombia, y a que la necesidad de reforzar el Estado local es compartida por diferentes fuerzas. Pero también es el fruto de una larga negociación entre las bancadas, liderada por el senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila. La reforma modifica los artículos 356 y 357 de la Constitución, que establecen las reglas del SGP, con el objetivo de que el porcentaje de ingresos que se gira a las regiones pase del 25% de los ingresos corrientes de la Nación al 39,5%, en un periodo de transición de 12 años. La propuesta inicial, que generó muchas alarmas en distintos centros de estudios económicos y produjo el pronunciamiento en contra de 27 exministros de Hacienda, establecía llegar hasta el 46,5% en 10 años. La senadora Angélica Lozano, copartidaria de Ávila, fue una de las pocas voces que no estuvo de acuerdo. Su propuesta, negada por las mayorías, era aumentar al 37% en 10 años, para evitar el desfinanciamiento del Estado. La cifra la tomó de los expertos de una Misión de Descentralización que financiaron los Gobiernos de Iván Duque y Petro.

El senador Ávila, ponente del proyecto, explicó que, en la práctica, la transición será de 14 años. Eso porque la reforma contempla que solo entrará a regir dos años después de su firma. Es el tiempo previsto para que el Congreso apruebe un complemento indispensable para la reforma, la llamada Ley de Competencias por la que la Nación debe ceder algunas de sus funciones a las gobernaciones y las alcaldías. “Hasta que no se apruebe la Ley de Competencias, no entra en vigencia la reforma constitucional. Eso va a llevar a que los municipios y departamentos tengan que asumir nuevas funciones debido al incremento de los recursos para poder garantizar que no haya duplicidad”. Es el antídoto que sugirió Cristo para evitar que las entidades nacionales se quedaran con las mismas obligaciones y menos recursos, lo que dispararía aún más el ya alto déficit fiscal.

El presidente Petro dio su apoyo a este proyecto tan solo unos días antes de la votación en la plenaria. Este lunes, a través de su cuenta de X respondió un mensaje de la senadora de oposición Paloma Valencia, en el que explica ese respaldo. “He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta el Congreso al sistema general de participaciones”, escribió Petro, y expuso cinco condiciones para ello.

La mayoría de los puntos propuestos por el mandatario quedaron en el proyecto, que ahora pasará a ser discutido en la comisión primera de la Cámara. Allí, el Gobierno tiene amplias mayorías. Como evidencia, hace pocas semanas aprobó en primer debate la reforma política del Gobierno. Después será discutido en la plenaria de la Cámara, donde el trámite también parece sencillo. Con esos cálculos, esta reforma al SGP será una victoria legislativa importante para el Gobierno, sin ser una derrota de la oposición. Más bien, habrá sido una oportunidad de oro para ponerse de acuerdo en un tema de profundos efectos en el país, incluso con los partidos que han estado en contra del presidente en todos los demás proyectos.

Muchos senadores insisten en que esta sería una de las reformas más relevantes en los últimos 30 años porque cambiaría profundamente la relación económica entre el Estado Central y las regiones. El mismo Cristo explicó la relevancia de avanzar hacia la descentralización en una entrevista reciente con EL PAÍS: “El tercer punto del acuerdo nacional es un pacto por la autonomía territorial. El centralismo es un modelo que se agotó en el país, causante de muchos de los problemas. Las regiones solo reciben cerca del 18 % del presupuesto de la nación. Eso hace que el país sea inviable. No hay manera de manejar un país del tamaño y la población de Colombia desde Bogotá”, dijo entonces.