Gustavo Petro reactiva la narrativa de la reforma agraria de la mano del exparamilitar Salvatore Mancuso

La presencia de Salvatore Mancuso llamó la atención el pasado jueves en un acto que el Gobierno de Gustavo Petro organizó en Montería (Córdoba) para entregar tierras a campesinos. Antiguo comandante de la confederación paramilitar llamada Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fue una de las cabezas del despojo de miles de colombianos entre finales del siglo XX y principios del XXI. También ordenó masacres, homicidios, desapariciones y secuestros. Fue un acérrimo rival del presidente de izquierdas, que en 2004 vio con espanto cómo la mayoría de sus compañeros congresistas se congraciaban con el sanguinario jefe paramilitar durante una visita al Capitolio. El jueves, sin embargo, Petro intercambió sombreros vueltiaos con su antigua némesis, como símbolo de reconciliación y paz. Para el mandatario, Mancuso se ha vuelto una impensada oportunidad de reactivar la narrativa de la reforma agraria, estancada desde hace meses. El presidente asegura que el ahora gestor de paz puede ayudarlo a recuperar tierras usurpadas por paramilitares y sumar así a su ambicioso objetivo de entregar un mínimo de un millón y medio de hectáreas antes de terminar su mandato.

El ex jefe paramilitar le debe su libertad al Gobierno de Petro. En julio de 2023, el presidente lo designó como gestor de paz para sellar un proceso que, según él, quedó inconcluso pese a la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006. Esto facilitó que en febrero de este año Mancuso regresara a Colombia tras 16 años preso en Estados Unidos, país al que el Gobierno de Álvaro Uribe lo extraditó en 2008 y donde pagó una condena por tráfico de drogas —la única que ha cumplido pese a las decenas de crímenes que ha confesado y otros muchos de los que ha sido señalado—. Tras unos meses recluido en La Picota, en Bogotá, el exparamilitar salió en libertad. En el ínterin, no dejó de proclamar su apoyo al Gobierno y a la paz total que Petro ambiciona con varios grupos armados. Asimismo, Mancuso ha denunciado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el expresidente Uribe está involucrado con la masacre de El Aro, perpetrada en octubre de 1997, y con el homicidio del abogado Jesús María Valle, que tuvo lugar en febrero de 1998.

La tierra tiene un apartado especial en los nuevos vínculos de Mancuso con el Gobierno. El martes 24 de septiembre, el ahora gestor de paz se reunió con la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, y ambos denunciaron que en los registros de la entidad faltan entre 350 y 400 bienes —incluidos terrenos— que el exparamilitar entregó como reparación por sus crímenes tras desmovilizarse. “Estamos comprometidos a ayudarles a buscar (...). Participaré en esta colaboración para entregar esas tierras [a las víctimas]”, declaró. Menos de dos semanas después, el jueves, se produjo el encuentro con Petro en Montería. El presidente comentó que el proceso con las AUC había quedado incompleto e invitó a Mancuso a conformar una nueva mesa de paz con antiguos líderes paramilitares. “Esta vez, para que el benefactor de ese proceso sea el pueblo humilde campesino de Colombia, para que pueda ser resarcido”, le dijo.

El Gobierno argumenta que gran parte de las tierras que los paramilitares entregaron nunca llegaron a las víctimas. En realidad, según explicó Petro, pasaron a ser propiedad de nuevos grupos del crimen organizado, como el Clan del Golfo, y de políticos aliados de las AUC. “Quizá al Clan del Golfo lo han construido unos políticos como antaño para quedarse con los bienes que ustedes entregaron y para que no pasen al pueblo campesino y víctima. Eso nos pasó en Buenavista [municipio de Córdoba]. Un concejal era el poseedor de las tierras de alias Macaco y Cuco Vanoy”, remarcó el mandatario durante el acto en Montería.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Herman, se sumó a la narrativa al asegurar que las 8.040 hectáreas recuperadas de paramilitares y entregadas el jueves a los campesinos constituían la restitución más grande de la historia del departamento de Córdoba. Enumeró los nombres de antiguos usurpadores junto a los de los nuevos dueños de varios terrenos: “Predio Maracaibo, que fue de alias Nico, pasa para la Asociación de Productores Agrícolas, Pecuarios y Recicladores de Buenavista. Predio La Argentina, que en su momento fue de alias Macaco, pasa para la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos...”. También reforzó la idea de Petro de que esas tierras habían sido, durante los 18 años desde la desmovilización de las AUC, “activos ociosos que mucha gente estaba aprovechando menos las víctimas de la guerra”.

Hay motivos, sin embargo, para dudar de que la cooperación de Mancuso pueda sumar tantas más hectáreas a las ya recuperadas. Una investigación del portal Verdad Abierta, especializado en el conflicto y sus efectos, señala que los 350 o 400 bienes que el exparamilitar mencionó en la Unidad para las Víctimas no están realmente “perdidos”. Según le desglosó la Fiscalía a ese medio, Mancuso está vinculado a 359 inmuebles que tuvieron varios destinos: 117 fueron restituidos directamente a sus dueños originales hace años, 107 se encuentran en investigación, 79 pasaron a la Unidad de Restitución de Tierras, 49 al Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) y 7 a otros sitios.

Puede que haya más simbolismo que posibilidades de concretar esta visión en hechos. La exministra de Agricultura de Petro, Cecilia López, comenta por teléfono que las antiguas tierras de paramilitares nunca fueron parte de los debates de la reforma agraria en los nueve meses que estuvo en el Gabinete. Para ella, el acto de Petro se trata de símbolos que buscan “ocultar la baja ejecución” de la promesa presidencial: a julio, al momento de cumplirse dos años de Gobierno, solo se habían comprado 112.000 hectáreas de tierra, menos del 10% de las 1,5 millones de hectáreas prometidas como parte de un acuerdo con la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegan). “Esto del jueves es una restitución, son decisiones judiciales. No es una reforma agraria, que implica volver productiva a la tierra, entregarla con financiación y tecnología. Eso no sucede: la Agencia de Desarrollo Rural está sin cabeza hace meses”, apunta la exministra, quien hace énfasis en la diferencia esencial entre otorgar tierras y convertirlas en activos productivos.

En el proceso, la apuesta por Mancuso puede tener riesgos en cuanto al apoyo de los colombianos al proceso de paz y la reforma agraria. Al exjefe paramilitar se lo ha señalado de más de 60.000 hechos delictivos, sumando los que cometió directamente y de los que es responsable por línea de mando. Pese a que pidió perdón y ha prometido colaborar en reparar a las víctimas, las heridas que produjo aún están abiertas. López, por ejemplo, enfatiza que el exjefe de las AUC estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y no por otros delitos, como la violación masiva de mujeres campesinas que llevaron a cabo los paramilitares. “Mancuso es la imagen de una de las mayores tragedias de este país, que es el paramilitarismo. Y él no ha pagado ni un día por sus crímenes”, remarca.

Acusaciones cruzadas con el exfiscal

Otro capítulo de la reactivación de la narrativa de la reforma agraria fue la acusación que formuló el presidente contra el ex fiscal general Francisco Barbosa, uno de sus rivales predilectos. Lo señaló, sobre todo en otro acto de restitución de tierras en Magdalena, de presuntamente ocultar información para proteger a quienes se apropiaron de las tierras tras la desmovilización de las AUC. “El señor Barbosa se negó a entregar el listado de bienes que la Fiscalía tenía que recoger de lo que entregaban los paramilitares”, cuestionó. “¿Cómo puede ser que Mancuso, Macaco, Jorge 40 entregan sus tierras y de pronto hoy vamos y los que están ahí son hombres de fusil, integrantes del Clan del Golfo? ¿Es que la Fiscalía les entregó las tierras del paramilitarismo o no las supo defender o no le interesó?”, cuestionó en San Sebastián de Buenavista.

Barbosa, que fue fiscal entre 2020 y febrero de este año, negó haber hablado de un listado con el presidente y aseguró que en su gestión le entregó 1.600 bienes de los paramilitares a la Unidad de Víctimas. Según él, esto implicaba un valor de 1,8 billones de pesos (unos 427 millones de dólares), casi el cuádruple que lo entregado entre 2005 y 2020. En su visión, es el Gobierno quien no ha tenido capacidad de agilizar la entrega de tierras. “Quien reparte los bienes y los recibe es la Unidad de Víctimas, que depende de Gustavo Petro”, subrayó.