Una jueza condena a dos policías por interceptar ilegalmente a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia

La justicia ha condenado este miércoles a dos policías, Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales, a 10 años de prisión por haber interceptado de manera ilegal las llamadas de Marelbys Meza, exniñera de los hijos de Laura Sarabia. La mano derecha de Gustavo Petro y actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) denunció la pérdida de una maleta con dinero y, ante la sospecha que recayó sobre Meza, miembros de seguridad de la Presidencia la investigaron. Los dos uniformados —también multados e inhabilitados para ejercer cargos públicos— admitieron ante la Fiscalía que cometieron irregularidades en ese procedimiento, por lo que aceptaron los cargos por delitos de fraude procesal y falsificación de documentos públicos. La jueza determinó que podrán pagar su pena en sus hogares. Esta es la primera decisión judicial por un escándalo que sacudió a Colombia hace un año y medio, por el que se suicidó un coronel de la Policía que trabajaba en la Presidencia y en el que los dos condenados han señalado que existen más personas involucradas.

“Las pruebas de la Fiscalía acreditaron que el intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales utilizaron documentos falsos” para lograr que un fiscal de hurtos permitiera intervenir las líneas de teléfono de Meza, ha asegurado el ente acusador en el comunicado, en el que reivindica el logro de su acción investigativa. Durante el juicio, que encabezó la jueza 53 penal del circuito de Bogotá, los dos acusados han reiterado que las órdenes para escuchar ilegalmente a la exempleada de Sarabia provinieron de sus superiores en la Policía Nacional. No han revelado los nombres de esos determinadores y sus acusaciones aún no han sido demostradas.

Ambos policías pidieron perdón a las víctimas: “Como humanos cometemos errores y no somos perfectos y mi caso no es la excepción”, manifestó Canizales en una audiencia a inicios de septiembre. Por su parte, Quinchanegua pidió “excusas públicas” a todos los afectados “tanto moral como psicológicamente”.

El caso se remonta a enero de 2023, cuando el entonces esposo de Sarabia, Andrés Parra, denunció que un bolso con dinero en efectivo —cuyo monto no ha sido esclarecido, pero se estima en varios miles de dólares— desapareció de la casa de ambos. Meza se convirtió en una persona de interés para la Policía, por lo que Quinchanegua, Canizales y otros policías, según la Fiscalía, alteraron documentos para saltarse los protocolos y obtener un aval a la escucha basado en falsedades. Incluso, fue sometida a una prueba de polígrafo, en una oficina de la Presidencia, para comprobar su versión. Fue ella quien reveló lo ocurrido a la revista Semana en marzo de 2023, con lo que explotó un escándalo por el presunto abuso de poder de los policías contra ella.

Meza ha negado rotundamente haberse robado el dinero. “A través de todo este problema mi vida cambió, mi salud, todo se me deterioró”, lamentaba en una audiencia del juicio contra los dos policías quien antes fuera empleada del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti. Para conseguir la autorización de las interceptaciones, los policías implicados incluyeron el celular de Meza y de otra de las niñeras de Sarabia en una orden para interceptar a presuntos miembros de la organización paramilitar Clan del Golfo.

Más implicados

El abogado defensor de Meza, Iván Cancino, celebró la condena de los policías, pero anunció que se mantendrá en el caso, en la búsqueda de más responsables. “Seguimos, ellos no actuaron solos”, indicó en una publicación de X. La versión de Meza y de los condenados es que las órdenes de las escuchas emanan de niveles más altos de la Policía. Cancino indica que tiene pruebas de que hay “altos rangos” de la institución implicados.

A su vez, el abogado de Quinchanegua, Diego Gutiérrez, ha señalado este jueves a otros policías relacionados con la Presidencia de la República. En una entrevista para W Radio, calificó la condena de su representado de “excesivamente alta”, por lo que anunció que ya presentó un recurso de apelación, que deja el caso en manos del Tribunal de Bogotá.

La Fiscalía investiga a otros implicados, como el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredi Morales, también policías y señalados por los mismos delitos. Los uniformados están detenidos. Han pedido ante un juez ser puestos en libertad, argumentando un vencimiento de términos, pero su petición fue negada, pues el juez determinó que las demoras en el proceso se han debido a la defensa.

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