El debate sobre el agua no da espera

El racionamiento puede convertirse en una realidad cotidiana en algunas zonas cercanas a Bogotá. Puede que, con el centralismo que nos caracteriza, ahora sí se entienda la gravedad del problema

Agua fluye por un arroyo casi vacío en el embalse de Chuza, el 16 de abril en Fómeque (Colombia).NATHALIA ANGARITA

Si en Colombia se pudieran dar los debates cruciales sin agresión y pensando en el bien colectivo, hoy deberíamos abordar uno de los más importantes: discutir cómo se va a enfrentar la escasez de agua que cada vez afecta a más y más comunidades. Por razones de cambio climático y por la falta de cuidado con las fuentes de agua ...

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Si en Colombia se pudieran dar los debates cruciales sin agresión y pensando en el bien colectivo, hoy deberíamos abordar uno de los más importantes: discutir cómo se va a enfrentar la escasez de agua que cada vez afecta a más y más comunidades. Por razones de cambio climático y por la falta de cuidado con las fuentes de agua el racionamiento puede convertirse en una realidad cotidiana como lo es para muchas poblaciones acostumbradas a buscarla en el día a día. Pasa en la Guajira desde hace mucho tiempo y pasa también y con más frecuencia en más zonas del país, algunas muy cerca de Bogotá, con lo cual es posible que, con el centralismo que nos caracteriza, ahora sí se atienda y se entienda la gravedad del problema.

Las reglas de juego que tenemos no parecen diseñadas para épocas de crisis y hoy son cientos de personas en el país enfrentadas a la realidad de la falta de un elemento sin el cual es imposible vivir. El esperado y anunciado Fenómeno de La Niña no ha llegado y hay decenas de municipios que llevan semanas de sequía. En Bogotá seguimos en racionamiento intermitente, pero en la ruralidad, cuando bajan niveles de ríos y quebradas, la vida entera se trastoca: si no hay agua para el consumo humano ni para el riego, los campesinos deben invertir horas en su búsqueda, los pastos se ponen amarillos y falta comida para el ganado, la tierra se cuartea, los cultivos se afectan y la alerta ante incendios es máxima.

Hace unos días circuló en una vereda de Cundinamarca la notificación de un acueducto veredal en el cual se anuncia racionamiento. Como este acueducto queda en la parte baja de la zona y hay otros más arriba que se abastecen de la misma quebrada, en temporadas secas el agua se acaba en la mitad del camino. Después de pedir que no se use agua para rociar jardines, ni lavar fachadas o vehículos, el cierre del mensaje que manda el presidente del acueducto veredal por WhatsApp a los usuarios es elocuente: “Es que la naturaleza nos cerró el grifo. Hay que cuidar el agüita que tengamos almacenada al máximo y solo nos queda pedirle a Dios que nos envíe más”.

Mientras tanto en La Calera, tras una publicación del portal Vorágine, se debate sobre la autorización que dio la CAR desde hace 40 años a la empresa Coca Cola para extraer agua de fuentes de la zona mientras que la población enfrenta hoy dificultades para conseguir el mínimo vital. “La concesión fue un proceso legal”, comenta un abogado en redes sociales en medio del debate. El punto es que aquello que funciona en unos momentos, en otros se debe replantear si las circunstancias cambian. Es ahí cuando cabe sentarse a conversar. No solamente por este caso sino por muchas decisiones que se toman en concesiones para conjuntos campestres y también para todo tipo de empresas y proyectos de riego. Si el agua es un bien escaso, hay que decidir con sumo cuidado cómo se debe distribuir.

El agua la necesitamos todos y sus usos van más allá del consumo personal que es prioritario. Sin agua para beber no hay vida. Sin agua no hay cultivos y sin cultivos no hay comida. Sin agua mueren de sed los animales y si se quedan sin agua pueden quebrar empresas, agricultores, ganaderos y se afecta toda la economía. La cadena de consecuencias se extiende por toda la sociedad. Lo que menos se necesita es lo que ya comienza a presentarse: una batalla por el agua en la que pueden perder los más vulnerables y las consecuencias son impredecibles. Ya en algunos municipios se han presentado enfrentamientos porque los campesinos cortan las mangueras de los vecinos para evitar que se queden con el agua.

Por eso es urgente que el país encuentre la manera de discutir sin maximalismos y con una dosis de solidaridad (si eso fuera posible) cómo vamos a repartir el agua en medio de la escasez que, todo parece indicar, será cada vez más frecuente. Las Corporaciones Autónomas Regionales deben cumplir su papel en el control de esa distribución del agua. También les corresponde velar por la protección de los nacimientos de agua y las rondas de ríos y quebradas. Sin embargo, en investigaciones de la Contraloría, de la prensa, de la academia, son múltiples las denuncias sobre la politiquería detrás de estas entidades, los casos de corrupción, la violación constante de las normas ambientales y las inmensas dificultades que enfrentan las comunidades para lograr que actúen en casos evidentes de vulneración del derecho al agua.

La Constitución en Colombia así como varias sentencias de la Corte Constitucional y múltiples acuerdos internacionales, entre ellos varias resoluciones de la ONU, conceden al agua el status de derecho fundamental o básico. En los objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 fijados en el pacto global en el punto 6 la meta es lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a servicios de saneamiento e higiene adecuados. En una sentencia de tutela la Corte Constitucional estableció en el año 2011 que “todas las personas deben poder acceder al servicio de acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”. Las normas existen, sin embargo, hacer leyes no es sinónimo de aplicarlas.

Y cuando hablamos de agua no podemos darnos el lujo de convertir el debate en un asunto individual que nos lleve al “sálvese quien pueda”. Las sociedades tendemos a tramitar los conflictos, con la ley del más fuerte, pero aquí es urgente reconocer que estamos montados en el mismo planeta y cuidar el recurso y distribuirlo bien nos compete a todos. Al Estado, en primer lugar, que debe servir de árbitro para garantizar el acceso, pero es también un asunto de las comunidades, de las organizaciones sociales, de las empresas de servicios públicos grandes o pequeñas, de quienes la usan como insumo en sus procesos productivos y de todos porque la necesitamos para sobrevivir. Si no logramos encontrar la manera de dialogar sobre este asunto el agua se convertirá en otro motivo de violencia. Si es que no lo es ya porque no son pocos los líderes ambientales asesinados por levantar la bandera de la defensa del agua. Esto ya está pasando.

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