Dos miembros de la junta directiva de Ecopetrol renuncian tras el frenazo del Gobierno Petro a un contrato de ‘fracking’ en Estados Unidos

Un proyecto de fracturación hidráulica (fracking, en inglés) en Estados Unidos ha abierto este miércoles un nuevo capítulo en las tensiones internas de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia. Dos miembros de la junta directiva de la petrolera mayoritariamente estatal, los economistas Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta, han presentado su renuncia en una carta en la que cuestionan la decisión de la compañía de desistir de la compra de una parte del Proyecto Crownrock, en la cuenca Permian, a la Occidental Petroleum Corporation (OXY). “Creemos que era fundamental para proteger el futuro de Ecopetrol y el de sus más de 250.000 accionistas”, declaran en la misiva. Han señalado que la junta cambió su postura, que inicialmente respaldaba el negocio, por la falta de apoyo del presidente de la República, Gustavo Petro, que cuestionó el proyecto por su impacto ambiental y los altos niveles de endeudamiento que implicaba.

La cuenca Permian no es un proyecto más para Ecopetrol. La empresa compensó sus modestos resultados financieros del año pasado con las ganancias que le produjeron las operaciones en este lejano campo petrolero fronterizo entre Texas y Nuevo México, donde tiene una participación del 49% sobre los derechos de perforación y producción, cifra que podría ampliar en otro 20% o 30% de aprobarse el negocio. Los 67.000 barriles extraídos cada día en Permian fueron casi la única nota amable de balances de la compañía, que mostraron un desplome de ingresos de 42% en 2023. A la vez, el futuro del proyecto a partir de 2025 produce incertidumbre desde hace meses: para un Gobierno comprometido con la transición energética, es difícil justificar la obtención de grandes ingresos a través de una práctica que no ha sido aprobada en Colombia en medio de una gran polémica por sus impactos ambientales.

La carta de Echavarría y Zuleta, fechada el 30 de agosto, señala que la compra de la parte adicional del proyecto para ampliar las operaciones se aprobó en la junta directiva en mayo de 2024, por una mayoría de siete contra dos. “Se consideró el impacto favorable que tendría sobre las utilidades, la producción y las reservas de la empresa, y se destacaron los bajos efectos ambientales. Se mencionó que el nivel de endeudamiento era alto pero manejable”, remarcan. Según explican, varios miembros de la junta modificaron su postura tras una reunión informal, ocurrida a finales de julio, entre Petro y algunos directivos de la petrolera. “[Manifestó] no estar de acuerdo con el proyecto por tres razones fundamentales: se invertía en fracking, significaba endeudar más a Ecopetrol e implicaba enviar recursos desde Colombia al exterior”, relatan sobre la postura del mandatario, que representa al accionista mayoritario de la empresa que cotiza en las bolsas de Colombia y Nueva York.

Echavarría y Zuleta comentan en la misiva que ellos fueron los únicos que mantuvieron su postura en una nueva votación, en la que la mayoría prefirió desistir del proyecto. Para la junta, era imposible ejecutar el proyecto sin el apoyo del Ministerio de Hacienda, que controla alrededor del 85% de las acciones de Ecopetrol. Ellos, sin embargo, argumentan que el proyecto era esencial para el futuro de la compañía. “Sin los recursos futuros que aportaría el proyecto las finanzas de Ecopetrol se deteriorarán y se reducirán las transferencias de la empresa al Gobierno nacional”, subrayan. Pese al declive de la bonanza minera energética desde 2016, ambos recuerdan que la empresa aún aporta cada año entre el 10% y el 15% de los ingresos del Estado nacional.

En el centro de los desacuerdos está qué tan rápido avanzar con la transición energética. El Gobierno de Petro busca que la compañía cambie su enfoque histórico en los hidrocarburos a uno nuevo en la generación de energías no convencionales. En ese proceso, ha producido incertidumbre con la decisión de suspender la aprobación de nuevos contratos de exploración de pozos petroleros o gasíferos. Por otro lado, hay consideraciones económicas: tanto Ecopetrol como el Ejecutivo enfrentan baches financieros considerables. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había asegurado que el Gobierno buscaría llevar la producción diaria de barriles de crudo de 770.000 a un millón. En ese contexto, era clave la cuenca Permian, que aportó 1.716 millones de dólares de utilidades netas en 2023.

La respuesta de Ricardo Roa

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ha lamentado la decisión de Echavarría y Zuleta, a quienes calificó como “excelentes consejeros” en una entrevista con W Radio. Asimismo, quien fuera el gerente de la campaña presidencial de Petro ha comentado que la junta directiva había autorizado hace unos meses que la administración entrara en negociaciones para adquirir una parte del proyecto de fracking a la Occidental Petroleum Corporation (OXY), pero que esto no implicaba que se hubiera aprobado la transacción. Según Roa, un ingeniero con experticia en el sector eléctrico, el proyecto “era excelente” en términos de incorporación de reservas e impactos ambientales. El problema principal, argumenta, estaba en el alto nivel de endeudamiento (3.630 millones de dólares) que implicaba. “Para nadie es secreto la postura del presidente respecto a la tecnología del fracking y el alto endeudamiento que tiene Ecopetrol”, ha remarcado Roa en sus declaraciones radiales.

El ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, ha sido menos benevolente que Roa. En una entrevista con La FM, el experto el petróleos ha señalado que quien esté en desacuerdo con las políticas de la junta directiva, tiene “todo el derecho a renunciar”. “Creo que es mejor que lo haga para que haya una articulación cohesionada con el desarrollo de la industria”, ha comentado. Según el ministro, Ecopetrol mantiene su autonomía con respecto al Ejecutivo, una de las exigencias para una empresa listada en los mercados de valores: “No tenemos asiento en la junta directiva. Hay un gobierno corporativo y hay decisiones empresariales que desarrolla la empresa y que por supuesto respetamos”. Ha matizado, sin embargo, que estas decisiones “deben estar alineadas con la política pública de transición energética justa”.

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