Venezuela, Bogotá sin hambre y el San Juan de Dios: Galán contrapone su visión política a la de Petro

Mientras los migrantes venezolanos congregados en la capital de Colombia todavía entonaban sus cánticos para protestar contra el “fraude” perpetrado por Nicolás Maduro, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazaba sin ambigüedades el plan que ha planteado el presidente Gustavo Petro como salida a la crisis de la vecina Venezuela, y en especial su idea de una repetición electoral. “Ya se expresó la voluntad popular, ahí no hay lugar a decir que hay nuevas elecciones”, declaró ese sábado, arropado por los manifestantes a los que acompañó en la plaza de Lourdes. Fue el comienzo de una semana de roces, en la que el alcalde se ha posicionado como contrapeso del presidente en tres temas de peso político y simbólico: la postura de Colombia frente a Venezuela, la lucha contra el hambre en Bogotá y el enrevesado proceso que rodea al hospital San Juan de Dios, parte del debate más amplio sobre la salud.

“Bogotá es la casa de más un millón de venezolanos, los respetamos, los queremos, estamos trabajando para que se integren muy bien, pero tenemos que hoy levantar la voz para pedir que por ningún motivo Colombia calle ante la violación de derechos humanos que está ocurriendo en Venezuela y que por ningún motivo vaya a ser cómplice de un fraude electoral”, dijo Galán desde la capital del principal país de acogida de la diáspora, donde viven cerca de tres millones de venezolanos, según cifras oficiales. Su habitual talante conciliador dio paso a un tono que fue al mismo tiempo empático y combativo.

Aunque no lo mencionó por nombre propio, era evidente que le hablaba a Petro. Tanto el colombiano como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva le deslizaron públicamente a Maduro, atrincherado en proclamarse ganador de las presidenciales por encima de Edmundo González sin mostrar ninguna evidencia creíble de ese resultado, la posibilidad de un Gobierno de coalición transitorio y nuevas elecciones con garantías como salida a la crisis. Petro incluso enumeró los pasos de su propuesta, que incluye el levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela, una amnistía, garantías a la acción política, un Gobierno de cohabitación transitorio y “nuevas elecciones libres”, una idea que ha descartado también la propia oposición venezolana.

El episodio subió de tono cuando Petro replicó en las redes sociales un mensaje que le atribuía a Galán el delito de abuso en función pública por esas declaraciones. “Importante que le aclare al país si usted considera que opinar sobre lo que pasa en Venezuela y lo que uno piensa que Colombia debería hacer frente a una dictadura que se niega a reconocer un resultado electoral es un delito”, le contestó el alcalde de Bogotá. “Hasta donde yo sé, en Colombia no existe el delito de opinión”, martilló.

Allí no acabaron los roces. Petro también reclamó tanto a Galán como al alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, por no inscribir ningún lote para sumarse a una iniciativa nacional de lucha contra el hambre, un tema que ha buscado convertir en una bandera de su Gobierno. Concretamente, los Puntos de Abastecimiento Solidarios, o PAS, que en palabras del presidente son estructuras modulares para que la gente encuentre alimentos baratos directamente del campo, y restaurantes con comida caliente gratuita. Los promueve el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que dirige Gustavo Bolívar, quien fue justamente el candidato del petrismo al que derrotó Galán en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, una ciudad que Petro también gobernó en su día.

Galán ha dejado claro que la lucha contra el hambre es también una de sus prioridades –junto al metro y la seguridad–. Su discurso de posesión lo comenzó con un saludo a su “amigo”, Luis Eduardo Garzón, Lucho, el primer gobernante de izquierdas de la capital, entre 2004 y 2007 –antes que el propio Petro–. El alcalde lanzó esta semana Bogotá sin hambre 2.0, en alusión al programa bandera de Lucho, un referente simbólico de la izquierda, con una inversión de 4,6 billones de pesos –de los cuales 3,6 irán al Programa de Alimentación Escolar (PAE)–. El encargado de aterrizar su promesa de campaña de que nadie se acueste con hambre en la capital es Roberto Ángulo, el secretario de Integración Social, un tecnócrata que ha participado en distintos gobiernos y que ha explicado que la ciudad tiene diferencias técnicas concretas frente a los PAS.

“El hambre no se combate con discursos ni con trinos, sino con programas serios, bien estructurados, eficaces y, sobre todo, que se ejecutan”, dijo Galán en medio de la polémica. “No creemos en improvisaciones”, abundó sobre las razones para no sumarse a los PAS, que a su juicio no reflejan las necesidades de una ciudad como Bogotá. La capital, defiende, “ya tiene una ruta recorrida en la lucha contra el hambre y unas lecciones importantes que nos marcan hoy el camino”.

Hay una rivalidad que no es nueva, valora Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Recuerda que la relación entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional casi siempre ha sido tensa. La lucha contra el hambre, en particular, refleja una diferencia de metodología, destaca. “El secretario de Integración Social de Bogotá, Roberto Ángulo, es un partidario de los programas de transferencia monetaria, es decir, para él la lucha contra la pobreza se hace mejor con recursos económicos directos a los más pobres, mientras que el presidente desde el Gobierno ha querido impulsar programas alternativos”, subraya.

El tercer choque se produjo al final de la semana por cuenta del Hospital San Juan de Dios, por décadas el hospital público de referencia de la capital colombiana. Abandonado desde inicios de siglo y ubicado en el corazón de la ciudad, como alcalde Petro buscó revivirlo como símbolo de su compromiso tanto con la revitalización de las zonas deprimidas del centro urbano como con la prestación de los servicios de salud por parte del Estado. Un enrevesado debate que mezcla asuntos patrimoniales, sanitarios y límites entre las atribuciones del Gobierno Nacional y el Distrital, llevaron a que el Ejecutivo unilateralmente diera por terminado un contrato con la empresa española Copasa, encargada de rehabilitar la ciudadela.

Con esa decisión, se frena la demolición de la llamada torre central, una edificación de mediados del siglo XX que no hace parte del diseño original del San Juan de Dios. Para Petro debe ser parte de su protección como patrimonio arquitectónico, y así la trató siendo mandatario local; para otros expertos no, y bajo esa visión la subred de salud del suroriente de la ciudad, una entidad pública, firmó el contrato con Copasa. Ahora el Gobierno intervino la subred por problemas diferentes a los de esta obra, y dio por terminado el contrato. En el horizonte está una demanda de la compañía y una demora adicional en rehabilitar el complejo de 130.000 metros cuadrados. Para Galán, esa medida pone en riesgo la salud de los bogotanos.

Las diferencias entre el primer mandatario de izquierdas y el heredero del Nuevo Liberalismo vienen de atrás. “Yo le valoro al presidente su preocupación por la problemática social de este país, coincido en que este es un país con graves problemas de desigualdad y de pobreza, pero debo decir que su fórmula para enfrentarlo es equivocada. Es bueno para diagnosticar, pero malo para recetar”, dijo Galán a EL PAÍS en vísperas de su posesión.

Aunque relativamente cordiales, las relaciones entre los dos gobernantes han estado sembradas de desencuentros en estos nueve meses, pero nunca tan frecuentes. La primera línea del metro de Bogotá, por la que se sacaron chispas en campaña, se mantiene como un punto de fricción que emerge de cuando en cuando. Son dos personas con un tipo de liderazgo y una visión política diametralmente opuestos, destaca Eugénie Richard, experta en comunicación política de la Universidad Externado de Colombia. “Galán es un pragmático, Petro un ideólogo”, los define.

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