Huyen de la violencia, llegan a la enfermedad: la sinsalida de los niños emberá del Parque Nacional

Alrededor de 7 de cada 1.000 bebés recién nacidos en Colombia mueren en sus primeros 28 días de vida. Una bebé que nació este año en Bogotá, el 2 de marzo, parecía aferrarse a este mundo para no sumar a esa estadística. De acuerdo a las autoridades, la pequeña nació con muy bajo peso en un hospital ubicado a pocas calles del palacio presidencial, y allí fue cuidada por el personal de salud hasta que pudo salir, ya con más gramos. Viajó en brazos de su madre hacia un lugar icónico más al norte de la ciudad, el Parque Nacional. Allí viven, en cambuches improvisados y desde hace tres años, casi 6...

Alrededor de 7 de cada 1.000 bebés recién nacidos en Colombia mueren en sus primeros 28 días de vida. Una bebé que nació este año en Bogotá, el 2 de marzo, parecía aferrarse a este mundo para no sumar a esa estadística. De acuerdo a las autoridades, la pequeña nació con muy bajo peso en un hospital ubicado a pocas calles del palacio presidencial, y allí fue cuidada por el personal de salud hasta que pudo salir, ya con más gramos. Viajó en brazos de su madre hacia un lugar icónico más al norte de la ciudad, el Parque Nacional. Allí viven, en cambuches improvisados y desde hace tres años, casi 600 personas de las etnias emberá chami y emberá katio, desplazadas por la violencia de su territorio en el Pacífico colombiano —especialmente en el departamento del Chocó, a donde la enorme mayoría quisiera retornar. La bebé alcanzó a conocer a sus tres hermanos, tenía buenos signos vitales, y vivió tres meses en el parque. No alcanzó a conocer la selva chocoana. En la mañana del domingo 9 de junio apareció inmóvil. Sus papás la llevaron a una ambulancia aledaña, y allí fue declarada muerta. Es la segunda bebé que muere este año entre los indígenas emberá que se refugian de la guerra en Bogotá —y la número 24 entre los niños desplazados de ese pueblo desde 2021. Una cifra devastadora que, si nada cambia, solo seguirá aumentando.

¿Quién es responsable?, se pregunta Bogotá. La Administración de la ciudad parecía señalar inicialmente, en parte, a los padres. “Es importante mencionar que los cuidadores de la menor se encontraban en presunto estado de alicoramiento” la mañana en la que falleció la pequeña, dijo el secretario de Salud ante el concejo de Bogotá. ¿Por qué importante? No explicó, es un mensaje entre líneas. También mencionó que la madre no asistió a citas médicas durante y después del embarazo, y que en una ocasión la comunidad del Parque no permitió que el personal de salud de la ciudad hiciera un examen de control a la bebé. “Tenemos dos denuncias ante la Fiscalía por no permitir el ingreso de los equipos de salud”, contó el secretario.

“Siempre dicen que la mamá es la culpable, que los indios no deberíamos estar acá sino en el resguardo, y yo no digo que no pueda haber una responsabilidad, pero omiten otras cosas muy importantes”, responde María Medina Quisque, defensora de derechos humanos y líder indígena del pueblo Nasa, que ha acompañado en el pasado a la comunidad emberá del Parque Nacional. Explica que omiten, por ejemplo, que las mujeres no van a una cita médica porque no tienen traductor y la mayoría de los emberá no habla español. O que la madre embarazada, sin poder acceder a un trabajo porque no habla el idioma ni tiene un diploma, debe pasar el día rebuscando cómo alimentar a sus otros hijos.

“Las brigadas de salud van a repetirles a las mamás que tienen que darle proteína a los niños, cuando ellas no tienen ni para comprar una libra de arroz”, continua Quisque, quien también es psicóloga. “He acompañado a 22 mamitas que han enterrado a sus hijos. No he visto que las instituciones les hagan un acompañamiento psicosocial a ellas cuando eso pasa, pero sí veo muchas críticas de la sociedad. Ellas lloran a sus muertos en un silencio absoluto, solas por necesidad y también por los señalamientos de las instituciones”, añade.

Laura García, quien también acompañó a una parte de la comunidad del 2021 al 2023, dice que además hay cierta desconfianza entre la comunidad emberá frente al sistema de salud occidental. “En la cosmovisión indígena prima la medicina ancestral, no la de los mestizos, y la Administración no ha querido trabajar con los jaibanás [médicos tradicionales] que están en el Parque Nacional, quienes proveen esa salud ancestral”, cuenta García. “Algunas familias emberá temen que, si llevan a los niños al hospital, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se los quite y no los vuelvan a ver”, añade. Un bebe emberá, de dos meses, falleció en abril del 2023 cuando estaba bajo la custodia del ICBF.

Dentro del Parque Nacional

Afortunadamente para los niños del Parque Nacional, ninguna tragedia detiene el juego. Hacia las ocho de la mañana del miércoles, cuando las oficinas colindantes empiezan su jornada laboral, una pequeña de dos años arrastra orgullosa un diminuto coche con una muñeca despelucada, y a su lado dos niños juegan con largos palos de madera como si fueran espadas. Los pequeños esperan a tres estudiantes de la Universidad Distrital que llevan semanas haciendo talleres para entender cómo ven los niños este mundo difícil al que aterrizaron.

“Birua Bogotá jia Parque benua chumia bedrua puedia niora ria”, dice una cartilla que hicieron juntos, y que traduce “Vinimos a este parque en Bogotá porque queremos volver a nuestra casa sin violencia”. De acuerdo a cifras del secretario de Gobierno de la capital, el 83% de la comunidad emberá espera retornar a su territorio. “En Bogotá hay 1.998 personas emberá, y todas viven en condiciones de precariedad”, dijo el funcionario ante el Concejo de Bogotá

Cuando llegan los estudiantes universitarios, dos decenas de niños salen de los cambuches hechos en plástico negro a recibirlos: no hablan el mismo idioma pero la felicidad se comunica con abrazos, colores, hojas blancas para pintar y un par de paquetes con galletas de sal para compartir. “Tengo hambre”, le dice en español uno de los niños a los universitarios. La mayoría de los pequeños del parque sufre de desnutrición, cuenta una médica que ha trabajado en la ambulancia aledaña al parque, y por el frío de la capital muchos han tenido tuberculosis, neumonía y bronquitis. La Unidad de Víctimas lleva comida al parque, pero solo una vez al mes, cuenta uno de los padres de los pequeños, Alipio Vitucay.

Los pequeños, entre 1 y 12 años, sentados junto a la estatua del asesinado dirigente liberal Rafael Uribe Uribe, buscan el tajalápiz para sacarle punta al color azul: quieren pintar ríos. Reynaldo, un pequeño de unos cuatro años, pinta la casa chocoana en la que vivía con sus papás y el río que les quedaba cerca. “Do”, dice señalando el azul. Significa río. El Chocó es una de las zonas con más riqueza hidrológica de América.

Pero en el Parque Nacional el agua es escasa. Los casi 600 emberá solo tienen disponibles seis baños públicos, que abren de siete de la mañana a tres de la tarde. Hay un pequeño tubo del acueducto con agua potable, en la zona montañosa del oriente del parque, pero no tiene caudal suficiente para bañarse. Así, varias madres se ‘duchan’ en un riachuelo que baja de los cerros a la tumultosa carrera Séptima. Los pequeños no pintan esa escasez. Uno de ellos, Luis, elige dibujar gallinas, pescados, pájaros, cerdos. La ciudad, cuando aparece en sus dibujos, son edificios grandes y los autos de la Séptima. No mucho color. Pero es también “nueña ebira”, explica un pequeño pintando: “Nuestro territorio”.

Un laberinto institucional

Desde que murió la bebé de 3 meses, el ICBF se ha comprometido a tener presencia constante en el parque, y tanto el Gobierno nacional como el distrital han dicho que van a reforzar el personal de salud, involucrando a los médicos tradicionales. También prometen que buscarán trabajar conjuntamente para permitir los retornos o reubicaciones de los desplazados “con todas las condiciones de dignidad” en los próximos meses. Suena prometedor, pero también suena repetido.

Un funcionario del Gobierno que lleva varios años trabajando junto a los emberá, en Bogotá y otras ciudades, prefiere no revelar su nombre para hablar con autonomía. Dice que la muerte de los menores es resultado de “una larga lista de fracasos: de los gobiernos locales, nacionales, y de las autoridades indígenas”. Los emberá se tomaron el Parque Nacional por primera vez en 2021 y desde entonces han llegado a acuerdos, unos individuales y otros en grupo, para mejorar sus condiciones de vida. Cientos de ellos se han reubicado, otros han llegado. Pero por ninguna vía les ha salido bien.

Bogotá no ha logrado, por ejemplo, ofrecer refugios sin hacinamiento (pasó en 2023 en La Rioja y La Florida, dos de los centros a donde fueron los emberá temporalmente). El Gobierno nacional no ha ofrecido aún una tierra rural para reubicarlos temporalmente, a pesar de que la SAE, Sociedad de Activos Especiales, prometió predios hace más de año y medio. Tampoco ha podido garantizar la seguridad para hacer retornos colectivos a los territorios chocoanos, donde se mantiene la guerra. Y los indígenas, por otro lado, están muy divididos en su liderazgo, lo que les ha impedido tener un frente conjunto para exigir al Gobierno cómo proteger a los niños: si las autoridades se reúnen con un grupo, otro protesta diciendo que no les representan. “Hay mínimo siete liderazgos distintos, cada uno con una particularidad. Por eso estamos haciendo ollas comunitarias, para definir el esquema de salida”, dice el secretario de Gobierno de la ciudad, Gustavo Quintero.

Los emberá parecen encerrados en un laberinto sin salidas institucionales fáciles para el retorno o la reubicación. Tras casi tres años en Bogotá, con idas y regresos, la paciencia se agota para muchos capitalinos, como el concejal de derechas Julián Uscátegui, quien pide medidas más rápidas. A principios de mayo, el político uribista interpuso una tutela contra el ICBF, pidiendo la reubicación de los menores emberá asentados en el Parque Nacional: alertaba que las condiciones actuales los ponen en grave peligro. “Todas las entidades de Gobierno dicen que no podemos hacer nada porque debemos respetar la autonomía de los pueblos indígenas, pero los derechos de los niños prevalecen”, dice a EL PAÍS. “Y además hay que reestablecer los derechos de quienes viven alrededor, porque la comunidad quiere recuperar el parque”, añade.

El fallo de su tutela no exige una reubicación inmediata de los niños, pero sí da 30 días al ICBF para que haga un seguimiento a los menores a quienes se le pueden estar vulnerando sus derechos. Solo cuatro días después de esa sentencia, murió la pequeña de tres meses. Ni la justicia, ni el ICBF, ni los Gobiernos nacionales ni locales, ni las autoridades indígenas llegaron a tiempo para salvar su vida. Ninguna de todas esas instituciones sabe aún cuál va a ser la ruta para salvar la vida de todos los niños que hoy dibujan ríos chocoanos en el frío asfalto del centro de Bogotá.

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