El colegio rural que sirvió como centro de operaciones de los paramilitares en Santander

El colegio Nuestra Señora del Rosario, del corregimiento de Riachuelo de Charalá, Santander, no era una institución educativa normal. Un día lluvioso de 2001 los estudiantes salieron al descanso y encontraron que el agua había desenterrado una mano. Informaron a la rectora para que tomara acción, sin saber que ella y su esposo eran cómplices del intento de ocultar el cadáver. Se trataba del cuerpo de Libardo Díaz, un recolec...

El colegio Nuestra Señora del Rosario, del corregimiento de Riachuelo de Charalá, Santander, no era una institución educativa normal. Un día lluvioso de 2001 los estudiantes salieron al descanso y encontraron que el agua había desenterrado una mano. Informaron a la rectora para que tomara acción, sin saber que ella y su esposo eran cómplices del intento de ocultar el cadáver. Se trataba del cuerpo de Libardo Díaz, un recolector de café a quien los paramilitares habían asesinado, señalándolo de ser guerrillero del ELN.

Esa historia es una de las muchas que contiene una sentencia que firmó el 12 de enero el juez tercero penal del Circuito de Bucaramanga. La decisión, después de valorar más de 20 testimonios, revela cómo entre 2001 y 2003 los paramilitares convirtieron a la escuela de Riachuelo en un centro de operaciones del Frente Comunero Cacique Guanentá, que pertenecía al Bloque Central Bolívar de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. La sentencia se remite a los delitos entonces cometidos por tres personas: Gutiérrez, su esposo Luis María Moreno y el jefe paramilitar José William Parra Arroyabe, alias Shuster o Diego.

Cometieron tantos delitos que Shuster, aunque se benefició de la prescripción por hechos que corresponden a los delitos de actos sexuales violentos en persona protegida y reclutamiento ilícito, fue sentenciado por entrenamiento para actividades ilícitas y acceso carnal violento en persona protegida. Es decir, se libró de la condena por una violación, pero fue condenado por otra. Fue sentenciado a 24 años y 2 meses de cárcel; además, deberá pagar 300 salarios mínimos a tres jóvenes que fueron reclutados a la fuerza.

Gutiérrez, por su parte, fue condenada a 20 años y 9 meses de cárcel por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado. Además, deberá pagar 400 salarios mínimos a las dos mujeres que, siendo menores de tan solo 13 y 14 años de edad, fueron violadas por los jefes paramilitares Carlos Alberto Almario, Víctor, asesinado en 2005; y Édgar Manuel González Malagón, Carlos, quien ya fue condenado en 2018 por ese y otros delitos.

Luis María Moreno, esposo de la rectora y antiguo concejal de Charalá, salió inmune porque la justicia se tardó demasiado en procesarlo, por lo que lo benefició de una prescripción, pero las pruebas señalan que hacía parte del engranaje. Gutiérrez y Moreno ya habían sido condenados a 26 años de prisión por el asesinato de Díaz, ya que la justicia encontró que ellos participaron en el homicidio como parte de la empresa criminal de las AUC en Charalá.

El sistema era claro: los paramilitares mandaban y la rectora y su esposo les facilitaban los medios y lugares para cometer los delitos. Incluso pusieron su casa a disposición del grupo armado; les daban alimentación, les permitían realizar reuniones, fiestas y los hospedaban. En la escuela, Gutiérrez cedió su oficina para que paramilitares violaran a por lo menos dos niñas, además de ayudar a que Shuster reclutara a menores “que iban a ser entregados como símbolo de paz ante el Gobierno Nacional como gesto de las Autodefensas Unidas de Colombia ante las negociaciones que cursaban en ese momento, siendo un falso positivo”.

Varios jefes paramilitares permanecían con frecuencia en el colegio. Entre ellos estaba Víctor, quien comandaba el frente; Carlos, quien aceptó haber asesinado a Libardo Díaz y dijo que lo hizo por indicación de Luis Moreno; y Shuster, quien lideró la creación de la escuela de reclutamiento a la que ingresó a 23 adolescentes. Su presencia en las reuniones de padres de familia intimidaba a la población; participaron con Gutiérrez en la organización de bazares y reinados de belleza para observar a sus alumnas y luego violar a por lo menos dos de ellas.

Hernán Darío Rojas Rangel, El Flaco, líder urbano del frente, explicó en su testimonio ante la justicia que el exconcejal y la rectora “constantemente organizaban almuerzos para atender cualquier visitante que llegara de las autodefensas”. Relató también que el comandante del Bloque Roberto Duque Gaviria, Ernesto Báez, fue recibido dos veces por la pareja en las instalaciones del colegio. El juez concluye que los esposos “mantuvieron una relación estrecha con el grupo ilegal Frente Comunero Cacique Guanentá, convirtiéndose en un eslabón entre los problemas que se presentaban en la comunidad y las normas que aplicaba el grupo armado organizado”.

La dominación paramilitar, lejos de ser un misterio para los alumnos, era evidente para ellos. Pablo Enrique Mateus, una de las víctimas de reclutamiento, narra que la cancha de futbol del colegio “era el puesto de los paracos”. También era conocido para sus padres, como testificó Elvira Pinzón, madre de tres alumnos del colegio. “Les dijeron que venían a apoderarse [del pueblo], la citaron y les dijeron, vengan ustedes y obedezcan, nada de chismes, nada de irse a comentar, van a hacer lo que se les dice”, resume la sentencia. La señora Pinzón incluso explicó que no recordaba cuándo llegaron, porque “vivía traumatizada aún después de que ellos se fueron”.

La pareja Moreno no parecía estar “presionada” por el grupo armado para serviles. La sentencia presenta varios testimonios, como el de Ernesto Báez, que coinciden en que Gutiérrez y Moreno eran parte de la estructura paramilitar. En palabras de una de las víctimas, Pablo Enrique Mateus, “la colaboración que ellos prestaban era voluntaria, era como un lazo de amistad”.

La presencia del frente en la zona fue tan profunda que su comandante política Luz Marina Eslava, Yoli, fue inspectora de policía del vecino corregimiento de Cincelada entre 2002 y 2003. El dominio se acabó con las negociaciones entre las AUC y el Gobierno de Álvaro Uribe. En 2003 se desmovilizó parcialmente el frente, incluyendo los menores reclutados por Shuster, y en 2004 se inició su desintegración definitiva. Gutiérrez fue rectora del colegio hasta 2013, cuando se pensionó.

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