Los avances del plan B de Petro para la salud

En apenas una semana, el Gobierno de Gustavo Petro consolidó en varios frentes sus iniciativas para cambiar el funcionamiento del sistema de salud de Colombia. Con su plan A para ello, una reforma legal, avanzando a paso lento en el Congreso, ha optado por un camino paralelo, en el que otro tipo de decisiones le permiten acercarse a su meta: un esquema en el que el Estado juega un papel más preponderante. Ese plan alternativo estaba claro ya en octubre, co...

En apenas una semana, el Gobierno de Gustavo Petro consolidó en varios frentes sus iniciativas para cambiar el funcionamiento del sistema de salud de Colombia. Con su plan A para ello, una reforma legal, avanzando a paso lento en el Congreso, ha optado por un camino paralelo, en el que otro tipo de decisiones le permiten acercarse a su meta: un esquema en el que el Estado juega un papel más preponderante. Ese plan alternativo estaba claro ya en octubre, con la intervención de entidades, la búsqueda de la primera licencia obligatoria de un medicamento y la propuesta de incluir en el sistema general el pago de los accidentes de tránsito. Pero ahora, con el nuevo año, se acelera.

Los pasos fueron rápidos. El domingo, el Ministerio de Salud anunció una demanda judicial contra 21 de las 28 Entidades Promotoras de Salud (EPS) del país. Las EPS son las instituciones a las que se afilian los colombianos para que estas les provean los servicios de salud, cumpliendo una labor de aseguramiento. El objetivo central de su reforma ha sido acabarlas, aunque la realidad política ha llevado a que sobrevivan en el texto actual del proyecto de ley con funciones sustancialmente reducidas. La demanda del Estado, quien las financia con recursos propios y aportes de los ciudadanos a un fondo público, muestra el nivel de hostilidad.

El Ministerio argumenta que esas 21 EPS han incumplido su obligación de mantener el dinero suficiente en sus reservas técnicas, un fondo de precaución para garantizar los servicios en caso de una crisis. Lo hace con sustento en un informe de septiembre de la Superintendencia de Salud, institución que depende del Ministerio y debe vigilar a la EPS, sobre la situación financiera de ellas. En el pasado, la Superintendencia usó datos inexactos y engañosos de ese mismo reporte, pero con corte al mes de junio, para criticar a las EPS, algo que quedaba claro en varias tablas anexas al reporte de mitad de año. En el de septiembre no aparecen esos anexos.

Más allá de la complejidad contable de esas cifras, la demanda pone en aprietos a entidades que vienen alegando que el Estado no les gira suficientes recursos por cada afiliado para pagar un plan preestablecido de salud, y se demora en reconocer los gastos que están por fuera de ese plan. El Ministerio, que define cuánto y cuándo pagarles, alega ante un juez que están violando el derecho a la salud porque les falta el dinero para poder pagar los servicios que les brindan las clínicas y hospitales. Así, refuerza la amenaza de que la Superintendencia tome el control de más EPS, cuando en los últimos ocho meses ha intervenido tres de ellas, que suman siete millones de afiliados, con argumentos que incluyen debilidades financieras.

Además, resalta que el problema que enfrentó la EPS Sanitas en noviembre, cuando la cadena de farmacias Cruz Verde se negó a seguirle vendiendo algunos medicamentos, fácilmente puede afectar a otras, y hace más difícil que las EPS tengan acceso a recursos de inversionistas o del sector financiero. Al final, se trata de problemas financieros estructurales que afectan a todas las EPS. Y una quiebra sistémica de ellas obligaría a que el Estado intervenga, con urgencia, el sistema de salud.

Dos días después de la sonada demanda, el martes, el Gobierno logró una auténtica victoria en la puja por controlar la EPS con más afiliados, casi 11 millones en un país de 50 millones de habitantes. Se trata de la Nueva EPS, de la que son socios el Estado y varias cajas de compensación — entidades de los trabajadores y los empleadores, encargadas de dar bienestar a sus trabajadores afiliados—, que suman la mitad más una de sus acciones. Tras un cambio en la junta directiva en noviembre pasado, esta semana los nuevos miembros sacaron a quien fue su presidente por 15 años, José Fernando Cardona, y fue elegido en su cabeza un aliado político del presidente, el abogado Aldo Cadena.

Cadena, militante de la extinta guerrilla del M-19 como Petro, fue su secretario de salud como alcalde de Bogotá, y ha encabezado el sindicato nacional de la salud y la seguridad social. Ha sido importante en las recientes campañas de Petro a la presidencia, especialmente en los departamentos de Sucre y Bolívar, donde gerenció la victoriosa campaña de 2022. El presidente celebró el anuncio en su cuenta de X: “Ha sido nombrado presidente de la Nueva EPS, Aldo Cadena. Su objetivo es priorizar la construcción del sistema preventivo de la salud pública en todo el territorio nacional”, afirmó.

La función de la Nueva EPS, en principio, no es construir un sistema público, sino una red de prestadores para sus afiliados que debe incluir un aspecto preventivo. Eso mismo aplica para todas las EPS, privadas, públicas o mixtas. Pero el deseo del Gobierno, manifestado en su reforma a la salud, es que sea Nueva EPS quien asuma la carga de todo el sistema: el texto del proyecto establece que la transición entre el modelo actual y el nuevo sea que Nueva EPS reciba todos los afiliados del país.

Ese mismo martes, Petro celebró el tercer avance del plan B en la semana: un proyecto para recuperar los centros de salud públicos de las regiones más apartadas. “Todos los Centros de Atención Primaria en salud pública que hay en el país deben ser reparados y puestos a funcionar en toda Colombia. Están los recursos presupuestados para eso”, dijo entonces en su red social favorita. La intención, alineada con la misión que le señaló a Cadena de tener un sistema preventivo público en todo el país y con la visión del ministro de Salud de tener hospitales en todos los municipios, es recuperar la infraestructura de 1.500 puestos de salud rurales.

El Ministerio de Interior se encargará de hacer convenios con las Juntas de Acción Comunal (JAC), asociaciones de vecinos bien organizadas y que suelen ser fundamentales en las veredas, proporcionando el dinero y el acompañamiento técnico necesarios para que las comunidades puedan arreglar y reabrir sus centros de salud. “Reparar un puesto de salud y ponerlo a punto no necesita de una gran complejidad técnica”, afirmó al respecto el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco.

El plan, que encaja en la iniciativa de delegar más funciones en organizaciones sociales y en incentivar la llamada economía popular, está apenas arrancando. El dinero saldrá, según Velasco, de un convenio entre el ministerio a su cargo y el de Salud, que tiene un presupuesto nacional de seis billones de pesos (alrededor de 1.500 millones de dólares) destinados a la infraestructura. Además de las dudas planteadas por algunos expertos sobre el proyecto de obras, queda el más complejo de cómo ponerlos a funcionar en un país con déficit de personal de salud.

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