Alerta roja en una treintena de compañías eléctricas de Colombia

Treinta y seis compañías eléctricas en Colombia están expuestas a caer en una profunda crisis, con la posibilidad de generar un efecto dominó en el impago de sus deudas y los desastrosos efectos que ello implicaría. Un informe de la gestora y consultora XM ha hecho sonar las alarmas. Detrás de la delicada situación se halla la persistente alta inflación, así como también una serie de desbalances de caja que arrastran las empresas eléctricas desde ...

Treinta y seis compañías eléctricas en Colombia están expuestas a caer en una profunda crisis, con la posibilidad de generar un efecto dominó en el impago de sus deudas y los desastrosos efectos que ello implicaría. Un informe de la gestora y consultora XM ha hecho sonar las alarmas. Detrás de la delicada situación se halla la persistente alta inflación, así como también una serie de desbalances de caja que arrastran las empresas eléctricas desde los días más complejos de la pandemia. El informe sopesa dos escenarios posibles apoyados en variables de riesgo como, por ejemplo, un hipotético aumento del 0,5% en el precio de la vida o el incremento en la acumulación de deudas por parte de los usuarios.

Ante las disyuntivas planteadas por la pandemia, el Gobierno del conservador Iván Duque optó por alivianar el peso de los recibos de la luz a través de una figura legal conocida como la “opción tarifaria”. De esta forma los usuarios podrían diferir sus pagos. A medida que la situación sanitaria se normalizara, la tarifa debía recobrar sus tasas de comercialización normales. Pero la administración del nuevo Gobierno de izquierdas instauró el denominado “pacto por la justicia tarifaria” y, de forma coordinada con las empresas, se decidió una salida alterna para limitar una subida abrupta en los precios.

La liquidez de las empresas, sin embargo, tiene sus límites. Y dentro de sus planes de negocio no encajaba del todo esta nueva decisión. Ahora han llegado las sequías por cuenta de El Niño y la escalada de los precios de la energía para las empresas comercializadoras que tranzan en la Bolsa de Valores de Colombia ha profundizado la sensación de asfixia. Una concatenación de factores que Miguel Lotero, experto en políticas públicas del sector, cataloga como de “estrés crónico”: “En ciertas zonas de la costa Atlántica, en los puntos más bajos del Valle del Cauca y Magdalena ya hay mayor demanda de electricidad para paliar El Niño. En esos puntos funcionan algunas de las empresas más afectadas, que tendrán que comprar energía a precios mucho más altos en bolsa sin estar cubiertos por contratos”.

Se trata de sacudidas coyunturales que han dejado tambaleando falencias estructurales del sector y a las empresas al borde del precipicio. “Si a eso le sumas los saldos pendientes de un índice de mora en el pago de las facturas que preocupa en los usuarios, pues naturalmente se agudiza el escenario de falta de liquidez”, apunta Milton Montoya, director del departamento minero energético de la Universidad Externado. XM, que también administra las transacciones de energía en bolsa, alertó la semana pasada de que una veintena de empresas incumplieron con el plazo de pago de sus obligaciones, fijado para el pasado 26 de septiembre.

Desde la estatal Comisión de Regulación a la Energía y el Gas (CREG) se ha emitido una resolución para darle flexibilidad a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones con garantías hasta el 24 de abril de 2024. Pero las noticias desde la Bolsa de Valores de Colombia tienen carácter de urgencia. XM ha comunicado que los acreedores han dado 15 días de gracia, hasta el próximo 18 de octubre, para que las 20 empresas morosas se pongan al día con sus deudas. De lo contrario, informa XM, se iniciaría un programa de limitación en el uso de la electricidad a los usuarios en sus áreas de operación. Un eufemismo para advertir que empezarán los cortes de luz.

Entre las compañías comprometidas se hallan Air-e, con más de un millón de usuarios en el Caribe colombiano, Cedenar (Nariño), Electrocaquetá, Empresa de Energía de Arauca, Empresa de Energía de Boyacá o la Empresa de Servicios Públicos de Occidente, entre otras. De acuerdo con cifras aportadas por la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, los saldos por cobrar con corte de julio ascendían a los 7,2 billones de pesos. En las actuales circunstancias, declararon desde el gremio, el país se estaría dirigiendo a un “apagón” por motivos financieros y no energéticos, como fue el caso de hace 20 años.

Las estimaciones a futuro no pintan bien y los expertos estiman que se agota el tiempo para actuar. La pregunta central gira en torno a cómo reactivar el flujo de caja de un puñado de empresas que no pueden subir las tarifas más allá del tope fijado dentro del “pacto por la justicia…”. Desde el Ejecutivo de izquierdas ya se ha anunciado la apertura de líneas de crédito ventajosas para irrigar un billón de pesos a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía. El canal escogido ha sido la estatal Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter). Pero dado el aluvión de problemas financieros, políticos y administrativos, parece que cualquier prolongación se convierte en tiempo insalvable.

Dentro del estudio de XM también existe, en todo caso, un escenario “blando”. O al menos más “suave”. Adjetivos aparte, en este caso los efectos de la crisis se ensañarían con una docena de empresas comercializadoras cuyas estrecheces financieras acabarían por llevarse a otras tres. Una quincena de agentes que sumados representan el 21,8% de la demanda comercial que caerían como fichas después de dos hipotéticos meses navegando las arduas condiciones para saldar sus deudas.

Desde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica aportan algunas soluciones. Entre ellas agilizar el giro de subsidios por parte del Gobierno y liberar los recursos que estén atrasados “de la forma más oportuna y expedita posible”. También sugieren explorar otras opciones, además del canal vía Findeter, de financiación con tasas favorables para las empresas “que a su vez lo son para los usuarios”.

“En últimas se necesitan señales técnicas fiables desde el regulador”, remata el académico Milton Montoya. A su juicio, resulta ineludible la “definición de los delegados en propiedad de la CREG para que se puedan tomar medidas adecuadas y administrar la situación”. Se refiere al órgano técnico e independiente más importante del sector, conformado en su mayoría por funcionarios encargados desde hace meses.

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