La Fiscalía abre una investigación contra Miguel Maza Márquez por el magnicidio de Carlos Pizarro

A inicios de la convulsa década de los noventa fue asesinado Carlos Pizarro Leongómez, quien era el candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que surgió tras la desmovilización de la guerrilla que llevaba ese mismo nombre. Su asesinato el 26 de febrero de 1990, como el de muchos otros líderes políticos, quedó sin resolverse....

A inicios de la convulsa década de los noventa fue asesinado Carlos Pizarro Leongómez, quien era el candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, el movimiento político que surgió tras la desmovilización de la guerrilla que llevaba ese mismo nombre. Su asesinato el 26 de febrero de 1990, como el de muchos otros líderes políticos, quedó sin resolverse. Este viernes, más de tres décadas después, la Fiscalía abrió una investigación que promete dar respuestas. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia inició un proceso en contra del general en retiro Miguel Maza Márquez por su presunta responsabilidad en el homicidio.

Maza Márquez, quien para ese momento era el director del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) —entidad que luego fue desmontada, tras verse envuelta en numerosos escándalos, entre ellos el de las ‘chuzadas’—, es acusado de debilitar y modificar el esquema de seguridad de Pizarro “días antes del crimen, de manera intempestiva, y sin consultar al dirigente político, lo cual habría facilitado el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal”, señala un comunicado publicado por el ente de control. “Por todo lo anterior, el exdirector de DAS queda vinculado formalmente por los delitos de homicidio con fines terroristas y concierto para delinquir agravado”, añade la Fiscalía.

El general en retiro ya había sido condenado por delitos similares, pero con relación a otro magnicidio, el del candidato presidencial Luis Carlos Galán, ocurrido un año antes que el de Pizarro. En 2016, la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a 30 años de cárcel por haber debilitado deliberadamente el esquema de seguridad del líder liberal. Entre los delitos por los que fue juzgado también está concierto para delinquir, “por promover el grupo armado ilegal que conformaron las autodefensas del Magdalena Medio”. Fue una alianza entre los paramilitares y el cartel de Medellín, con la complicidad del DAS, la que acabó con la vida de Galán.

Respecto a la investigación por la muerte de Pizarro, su hija María José, hoy senadora por el Pacto Histórico, aseguró a través de X que “esta decisión es fundamental para alcanzar la verdad en el magnicidio de mi padre”. Apunta a que hubo un ‘modus operandi’ que se repitió en otros asesinatos de líderes políticos de la época: “Tal como sucedió con José Antequera, Bernardo Jaramillo, Luis Carlos Galán y muchos otros, sus esquemas fueron debilitados y modificados en un patrón orquestado minuciosamente que facilitó sus asesinatos. Esperamos justicia y que se develen los verdaderos responsables”.

“De acuerdo con los protocolos y normas que regían para la época, el entonces director de la entidad era el principal coordinador y quien ejercía control sobre los cambios en las medidas de protección que se otorgaban. En ese sentido, las irregularidades y deficiencias presentadas dejaron al señor Pizarro Leongómez a merced de sus victimarios”, agrega el comunicado de la Fiscalía. Un hecho llama la atención, y fue el proceder del escolta del candidato, quien le disparó y le causó la muerte al sicario cuando este ya había dejado en el piso la subametralladora utilizada en el crimen, y levantaba las manos pidiendo que se le respetara la vida.

“El contexto indica que este sería un patrón criminal al que, presuntamente, recurrieron algunos agentes del DAS para silenciar a los autores materiales de magnicidios de otros líderes políticos de la Unión Patriótica como Bernardo Jaramillo Ossa y José Antequera”, dice la Fiscalía. Finalmente, señala que hay indicios que sugieren que Maza Márquez habría desviado la investigación para dirigir la atención y hacer ver como responsable al narcotraficante Pablo Escobar.

Aeropuertos, aviones y sicarios

Los asesinatos de varios líderes políticos entre 1989 y 1990 guardan un patrón criminal con aterradoras coincidencias: aviones, atentados en aeropuertos y la posterior muerte de sus autores materiales. A Pizarro le dispararon en pleno vuelo, cuando se encontraba en un avión que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla. “Cinco minutos después del despegue, un hombre joven, que se sentó justamente detrás de Pizarro, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar todo el cargador del arma sobre el dirigente de izquierda”, dice una nota de prensa publicada en aquella época por EL PAÍS. “El sicario murió bajo las balas de los guardaespaldas que acompañaban a Pizarro”, añade la noticia. En el caso Galán, los 18 hombres que participaron en su atentado también fueron asesinados en los meses y años posteriores al magnicidio.

Menos de un mes después de la muerte de Pizarro, el 22 de marzo de 1990, la operación fue bastante similar: Bernardo Jaramillo Ossa, líder de la Unión Patriótica, recibió varios tiros en el Puente Aéreo, antes de abordar un avión. Un joven de 16 años le disparó con una subametralladora mini-Ingram cubierta por un periódico. Si fallaba, otro lo estaba esperando en la aeronave, e incluso había un tercero en Santa Marta, la ciudad a la que se dirigía. El autor material fue llevado a un centro de rehabilitación de menores y falleció meses después, en hechos confusos.

La muerte de Jaramillo recordaba el atentado a José Antequera, líder y candidato de la UP que había denunciado los nexos entre paramilitares, miembros del Ejército y políticos. En marzo del año anterior había sido asesinado casi en las mismas circunstancias, en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, cuando iba rumbo a Barranquilla. Todos contaban con esquemas de seguridad del DAS. Todos viajaban a ciudades caribeñas a las que nunca llegaron.

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