El Gobierno Petro no ha formalizado un millón de hectáreas: las cifras engañosas de la Agencia de Tierras

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, lleva varios meses repitiendo una frase que escaló hasta lo más alto del Gobierno y se convirtió, en el discurso oficial, en uno de los mayores logros del primer año del presidente Gustavo Petro. Vega, un reconocido líder de tierras que ha luchado durante décadas por la reforma agraria, ha dicho en reiteradas ocasiones que la entidad que dirige ha formalizado más de un millón de hectáreas rurales en los meses que lleva el Gobierno. Pero una revisión a las cifras, hecha por funcionarios de la misma entidad, revela que solo se ha...

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega, lleva varios meses repitiendo una frase que escaló hasta lo más alto del Gobierno y se convirtió, en el discurso oficial, en uno de los mayores logros del primer año del presidente Gustavo Petro. Vega, un reconocido líder de tierras que ha luchado durante décadas por la reforma agraria, ha dicho en reiteradas ocasiones que la entidad que dirige ha formalizado más de un millón de hectáreas rurales en los meses que lleva el Gobierno. Pero una revisión a las cifras, hecha por funcionarios de la misma entidad, revela que solo se han formalizado menos de 200.000.

El 2 de marzo la ANT emitió un comunicado destacando los avances de su gestión: “La Agencia Nacional de Tierras anuncia que, en menos de seis meses, el Gobierno del Cambio ha formalizado más de 1,4 millones de hectáreas, de las cuales 1.015.000 corresponden a predios rurales y 396.000 a zonas de reserva campesina”. La Presidencia de la República y muchos medios nacionales retomaron la información. La ANT también hizo un comercial de televisión titulado “El Gobierno del cambio ha formalizado más de un millón de hectáreas”, y lo publicó en sus redes sociales y en Youtube. En una entrevista con Telemedellín, Vega afirmó lo mismo: “Ya hemos hecho un millón de hectáreas de formalización de tierras”. En el discurso del 20 de julio, en la instalación del Congreso, el presidente repitió la cifra: “Nosotros, éste Gobierno, ha titulado un millón de hectáreas”, dijo Petro en medio de aplausos.

Pero no es así. EL PAÍS conoció en exclusiva un informe interno de la oficina de inspección de gestión de tierras de la propia ANT, que revela que del millón de hectáreas reportadas como formalizadas en el Gobierno actual, más de 600.000 son de Gobiernos anteriores y cerca de 250.000 no tienen fecha exacta. “Del total de extensión presentada como avances de formalización del gobierno actual: 1′014.440 hectáreas, la mayor parte, correspondía a actuaciones anteriores a la entrada del actual gobierno, y una gran parte de lo presentado como avances no tenía fecha de clasificación de los datos”, se lee en el documento.

Este engaño ya generó una profunda discusión entre la ministra de Agricultura, Jhennifer Mojica, y Gerardo Vega, y tiene su origen en que la dirección de la ANT decidió presentar como formalizadas en este Gobierno las tierras que en los Gobiernos anteriores ya habían cumplido los dos pasos necesarios para la titulación: la adjudicación de un baldío a través de un acto administrativo y la inscripción de ese predio en el Folio de Matrícula Inmobiliaria en una oficina de registro. Lo único que hizo esta administración fue imprimir el documento y mandarlo por correo a los propietarios, que desde hace años ya estaban viviendo o trabajando en el lugar.

El documento trae dos cuadros que muestran las cifras infladas. El primero, titulado “Formalización distinguida por fecha de acto administrativo en vigencia anterior o actual”, analiza el número de predios formalizados y su extensión en hectáreas según la fecha de los actos administrativos adjudicados formalmente. Allí se lee que hasta el 6 de agosto de 2022 se habían adjudicado 11.256 predios, equivalentes a 693.075 hectáreas. En el Gobierno actual solo son 3.177 predios, que suman 120.932 hectáreas. Sin fecha aparecen otros 9.831 predios de 200.433 hectáreas. Eso da un total de 24.264 predios y 1.014.440 hectáreas.

En el segundo cuadro, “Formalización distinguida por fecha de registro en Fondo de Matrícula Inmobiliaria”, se distribuyen las tierras con la fecha en la que quedaron inscritas en una oficina de registros públicos con el cambio de dueño. Los resultados son muy similares a los de la primera tabla: en las vigencias anteriores se registraron 18.191 predios, equivalentes a 620.568 hectáreas. Durante el Gobierno actual se registraron 3.420 predios por 190.643 hectáreas. Sin fecha hay 2.653 predios y 203.228 hectáreas. El total es el mismo: 24.264 predios y 1.014.440 hectáreas.

El informe de la oficina de inspección, que tiene como propósito garantizar la transparencia de las cifras, explica que decir que este Gobierno formalizó las tierras tituladas y registradas en administraciones anteriores es engañoso. “El uso de las cifras de esta manera resulta problemático y debería ser revisado”, dice el documento. Y concluye: “Esta oficina mantuvo en firme la disconformidad al respecto del manejo de las cifras e hizo un llamado a la transparencia de las mismas frente a la ciudadanía. Alertando de especial manera sobre los casos registrados como formalización que carecían de fecha de acto administrativo y de registro, ya que eso podría dar lugar a estar registrando proyecciones”.

Dentro de los predios que supuestamente se formalizaron en los primeros 12 meses del Gobierno Petro hay muchos que se titularon incluso antes de la firma del proceso de paz con las FARC en el 2016. Por ejemplo, la ANT incluye tierras en Dibulla, La Guajira, porque envió por correo la fotocopia de los títulos. Pero el acto administrativo que adjudicó esos predios es de 2009, a fines del segundo Gobierno de Álvaro Uribe, y quedaron registrados en el folio de matrícula inmobiliaria en 2011, a inicios del primer Gobierno de Juan Manuel Santos. También incluyó un título en Rioblanco, Tolima, de más de 38,067 hectáreas, que tiene el acto administrativo de 2010 y el folio de matrícula en 2011. O uno en Mercaderes, Cauca, con fecha de 2016 para ambos procesos.

En diálogo con EL PAÍS, el director Vega se defendió. Afirmó que los funcionarios de la ANT han tenido que desempolvar y ordenar títulos viejos, que estaban arrumados en las bodegas de la entidad, para entregárselos a los campesinos. “Muchos de los propietarios no sabían que tenían el título”, argumenta Vega para explicar por qué los incluyeron en las cifras de formalización.

Sin embargo, la ministra Jhennifer Mojica, que denunció las prácticas de inflar las cifras de los Gobiernos anteriores, cree que la medición no es honesta con la ciudadanía. Por eso ha levantado su voz de protesta en privado. Funcionarios del ministerio le contaron a EL PAÍS que cuando la ministra escuchó al presidente el 20 de julio se molestó mucho por la cifra del millón de hectáreas. De hecho, el Ministerio decidió revisar con detalle las bases de datos de la ANT y publicar esta semana un contador de tierras que muestra los avances de la reforma agraria de una forma más transparente y realista: dice que el Gobierno ha formalizado 240.555 hectáreas, una cuarta parte de la cifra de Vega.

En su discurso del 7 de agosto, el presidente Petro retomó los datos del Ministerio y no de la ANT: “Hemos titulado 240.000 hectáreas”, dijo. Y distinguió lo logrado con las demás hectáreas, las de las fotocopias enviadas a sus dueños: “Logramos que 800.000 hectáreas cuya titulación estaba guardada se vuelvan realidad para indígenas, afrocolombianos y campesinos de Colombia”, afirmó. Ante la pregunta por la brecha en las cifras, Vega afirma que él solo puede responder por las suyas y que, a raíz de la discusión, esta semana publicó en la página web de la Agencia un cuadro que las explica. Allí queda en evidencia que 640.00 hectáreas no se formalizaron, sino que solo se entregaron los títulos.

EL PAÍS conoció que el presidente ordenó contratar a la empresa consultora Cifras y Conceptos para que haga una revisión pormenorizada de las bases de datos de formalización, entrega y compra de tierras de la ANT. El objetivo es que haya certeza sobre los logros reales del Gobierno justo cuando la Procuraduría abrió un proceso de investigación contra la ANT, precisamente por el conteo de hectáreas formalizadas. “Teniendo en cuenta las alertas emitidas en reiteradas ocasiones por el ente de control, que han advertido imprecisiones en los datos reportados, el director de la ANT deberá remitir los resultados en el actual periodo de gobierno, la base de datos con el registro y detalle de las adjudicaciones de bienes fiscales, las formalizaciones de predios privados, entre otros; así como la gestión del año 2023 del Observatorio de Tierras Rurales”, escribió la Procuraduría en un comunicado.

El profesor Carlos Duarte, coordinador del área de investigación aplicada en desarrollo rural y ordenamiento territorial de la Universidad Javeriana de Cali, explica en diálogo con El PAÍS que si en el pasado se hizo el acto administrativo y el registro en el folio de matrícula de un predio, no se puede decir que haya sido formalizado ahora. “Ese procedimiento de enviarle la copia del registro del título que ya se había hecho en el pasado por correo al propietario de ninguna manera se podría contar como nuevas tierras formalizadas”, dice Duarte.

Para funcionarios de la ANT inconformes con la cifra engañosa, y que piden no revelar su identidad por miedo a represalias, detrás de la transparencia hay una cuestión legal y ética. “Si nuestra institución no produce datos confiables, es muy difícil que la ciudadanía pueda hacer control social y que el Congreso pueda hacer control político”, dice uno de ellos. “Se puede decir que se hizo una gestión para imprimir y entregar el papel del título, pero eso no es un logro en formalización ni en la reforma agraria”. “La presión por entregar resultados”, explica otro funcionario, “llevó a hacer un manejo muy poco riguroso de los datos, y esto produjo información que induce al error. Todo esto llevó a dar una cifra mentirosa, y después a tratar de sostenerla y justificara como fuera. Fue como un autosabotaje”.

El informe de la oficina de inspección incluye un capítulo que reseña las denuncias anónimas de empleados de la ANT sobre presiones para mostrar resultados y cifras irreales, que muestran el problema interno por la cifra falsa del millón de hectáreas. Uno de los testimonios dice: “Desde hace varios meses venimos sufriendo la presión permanente por parte de la Jefe de la Oficina de Planeación para presentar cifras que no cumplen con los procedimientos establecidos en la entidad”. Y añade: “Así mismo se construyen bases de datos alternas a las oficiales establecidas dentro del Sistema Integrado de Gestión”. Otro denuncia que en muchas reuniones se han dejado alertas técnicas sobre posibles errores, que han sido vistas como “percepciones negativas no alineadas a lo político”. Una funcionaria más manifiesta que trabaja solo con las cifras oficiales, y que la jefe de la oficina de planeación le ha respondido: “Así no me sirve”.

El informe relata, por ejemplo, que el viernes 12 de mayo varios empleados expresaron su desacuerdo frente a la manera en la que la jefe de planeación contabilizaba las hectáreas compradas, dado que suma los datos a partir de comunicados de Twitter. El martes 16 de mayo, en una reunión de contratistas con el director Vega, la jefe de planeación manifiesta: “Son ellos los que me dicen que no”, ante todos los presentes. El día 31 de mayo releva a un contratista de sus labores relacionadas con las cifras, aduciendo que es una instrucción del director Vega y que vendrían personas nuevas para relevarlo. “Queremos sentar precedente de que nosotros no hemos estado de acuerdo con lo que ha ido pasando con el manejo de las cifras de la entidad y tememos que nos digan que somos responsables”.

Todas las fuentes con las que habló EL PAÍS coinciden en que la falta de rigor en las cifras empaña la voluntad real por sacar adelante la reforma agraria y el trabajo de la Agencia Nacional de Tierras en otros aspectos, especialmente en los acuerdos con los ganaderos para comprar grandes extensiones de tierra y en la declaración de cuatro zonas de reserva campesina en el primer año del Gobierno Petro.

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