La JEP acusa a exguerrilleros de las FARC que usaron la violencia sexual como arma de guerra

Ella, la víctima número 33, era una mujer indígena Awá de 21 años que vivía en el suroccidente de Colombia dentro de un pequeño municipio llamado Tumaco. Allí vendía verduras en una vereda que controlaba la antigua guerrilla de las FARC, el grupo armado que se desmovilizó en 2016 y que fue el más poderoso en esa zona del país durante décadas. Recientemente ella, la víctima 33, contó a un tribunal de la justicia colombiana q...

Ella, la víctima número 33, era una mujer indígena Awá de 21 años que vivía en el suroccidente de Colombia dentro de un pequeño municipio llamado Tumaco. Allí vendía verduras en una vereda que controlaba la antigua guerrilla de las FARC, el grupo armado que se desmovilizó en 2016 y que fue el más poderoso en esa zona del país durante décadas. Recientemente ella, la víctima 33, contó a un tribunal de la justicia colombiana que en 2010, de septiembre a noviembre, algunos de los guerrilleros en la zona la obligaban a ir a playas o montes solitarios en las noches, y allí la violaban —un crimen que ellos cometían hasta dos veces por semana contra ella. En uno de esos actos violentos, ella quedó embarazada―. “Yo creo que la gente podía ver lo que pasaba, pero se hacían los que no veían”, contó años después sobre el silencio de la comunidad ante estos delitos sexuales. En diciembre de ese año esta mujer indígena salió huyendo de la vereda donde vivía y solo así salvó su vida. Hoy mantiene su identidad en secreto y contó lo ocurrido para esperar, como muchas mujeres de la zona que vivieron lo mismo, algo de justicia.

Esta semana la JEP, como se conoce al tribunal Jurisdicción Especial para la Paz que nació de los acuerdos del 2016 entre el gobierno y las antiguas FARC, reveló un auto de imputación contra 15 exguerrilleros por varios crímenes de guerra y de lesa humanidad. Allí se encuentra la historia de la víctima 33. Los 15 líderes de columnas o bloques de la guerrilla son considerados los máximos responsables de cometer en esa zona, al suroccidente del país, múltiples asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, uso de minas antipersonales, destrucción del medio ambiente, y violación y esclavitud sexual contra mujeres, niñas, y población LGBTQ+. La mayoría de las víctimas en la zona eran miembros del pueblo afrocolombiano y del pueblo indígena Awá, y entre los 15 acusados hay uno muy conocido para la opinión pública: el excomandante Pablo Catatumbo, exintegrante del secretariado de las FARC y ahora senador por el partido Comunes como parte del acuerdo de paz. Los acusados tienen 30 días para reconocer, o no, los delitos.

“El nexo con el conflicto armado de estas violaciones era evidente, pues ocurrieron como parte del control social y territorial que ejercían las extintas FARC-EP en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas”, dice el auto que hace parte del Caso 02 de la JEP que investiga todos los crímenes cometidos en esta zona del país, tres municipios donde el conflicto fue desproporcionado. “Muchas mujeres y niñas fueron violadas como ajuste de cuentas de las FARC-EP con hombres de sus familias, otras fueron violadas tratando de evitar que sus hijos fueran reclutados, todas las personas con OSIEGD fueron violadas con discursos de odio que revelaban los prejuicios sobre lo no heteronormativo”, añade. OSIEGD se refiere a Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género Diversa.

“Es la primera vez que un tribunal de paz reconoce a las víctimas LGBTIQ+ en un conflicto armado”, celebró la organización Colombia Diversa que defiende las distintas identidades sexuales y de género. “Celebramos esta histórica decisión, en la que la JEP reconoce por primera vez la violencia sexual, esclavitud sexual y otros crímenes relacionados con las orientaciones sexuales, identidad y expresiones de género diversas de las víctimas”, añadió la organización Caribe Afirmativo.

La fiesta es corta porque leer los casos del auto es doloroso. Está allí, por ejemplo, un hombre muy joven y trans afrocolombiano que era líder en su comunidad hasta que fue violado en 2006 por guerrilleros diciéndole que hacían esto para que “le empezaran a gustar los hombres”. Están también ocho personas trans y gay que, en una noche del 2007, fueron obligados por guerrilleros a hacer un supuesto desfile hasta la madrugada para luego violarles. Está la desaparición en 2008 de 10 mujeres cisgénero, una mujer trans, y un hombre gay transformista después de que guerrilleros les señalaran de ser supuestamente portadores de VIH. “En el caso de la mujer trans, nadie denunció su desaparición”, dice el auto.

El tribunal cuenta que 254 mujeres, niñas, y miembros de la comunidad LGBQTQ+ fueron víctimas de violencia sexual y de género en esta zona del país entre 1990 y 2016, crímenes cometidos por diversos miembros de las FARC—el tribunal debe aún imputar a miembros del Ejército que también cometieron delitos en la zona. La violencia sexual estaba oficialmente prohibida en las filas de la guerrilla, pero en la práctica esa regla no se cumplió. Aunque la violencia sexual y de género ya había sido considerada en otros autos de imputación, como en el reciente en el caso de secuestros, era entendida más como una forma más de tortura que como un crimen aislado. No ocurre así en este auto. Hace un año la JEP se comprometió a abrir un nuevo macrocaso (de 11 que ya tiene) para investigar solo la violencia sexual en el marco del conflicto armado. Antes de que este arranque, este Caso 02 ya avanzó en investigar estos delitos.

Hay otro aspecto en el que este este auto de imputación es innovador. “Este es el primer macrocaso de la Jurisdicción Especial para la Paz que imputa crímenes de guerra por destrucción de bienes civiles a la naturaleza, a los ríos”, dijo la magistrada Belkis Izquierdo, mujer indígena Arhuaca que estuvo a cargo del caso y quería resaltar el esfuerzo en este auto para hablar de crímenes ambientales. Intentó que este documento de imputación incluyera no solo el punto de vista científico de cómo fue afectado el medio ambiente por la guerrilla, sino el punto de vista de los pueblos étnicos en la zona. Mencionó, por ejemplo, “el vertimiento de más de 70.000 barriles de crudo derivado de los ataques contra la infraestructura del Oleoducto Trasandino”, un evento que derivó, dice el auto, en la degradación del aire, los suelos, los subsuelos, las selvas y manglares, entre otros ecosistemas. Pero también en sitios de importancia cultural para pueblos indígenas y afrocolombianos.

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