El tribunal de paz de Colombia realiza las primeras imputaciones por secuestro a mandos medios de las FARC
La JEP ya había imputado a la cúpula de la extinta guerrilla en uno de los casos que más ha avanzado en el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, acusó este viernes de crímenes de guerra y lesa humanidad asociados con el secuestro a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central en las primeras imputaciones a mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC. En el marco del llamado caso 01, relacionado con la privación de la libertad de civiles y militares...
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, acusó este viernes de crímenes de guerra y lesa humanidad asociados con el secuestro a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central en las primeras imputaciones a mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC. En el marco del llamado caso 01, relacionado con la privación de la libertad de civiles y militares por parte de la guerrilla, una de sus prácticas más crueles y repudiadas, la Sala de Reconocimiento de la JEP ya había imputado también a la última cúpula de las FARC.
La Sala les imputó a los 10 exguerrilleros los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad como asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, por hechos ocurridos en los departamentos de Tolima, Huila y Quindío. Aunque el Comando Conjunto Central era una estructura regional pequeña dentro de las FARC, “jugó un papel importante en la manera en que la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros”, explicó la magistrada Julieta Lemaitre en una rueda de prensa. A través de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía entregarle al Secretariado, con el propósito de financiar el aparato militar para poder cercar a Bogotá, la capital del país, en el momento más álgido de la guerra.
Esta es la primera de siete imputaciones regionales con las que la JEP busca ahondar en el esclarecimiento de los secuestros cometidos por las FARC en las distintas regiones del país y las diferencias y similitudes en la forma de operar. Entre los imputados están Luis Eduardo Rayo, conocido como ‘Marlon’; Enoc Capera Trujillo, ‘Giovanni’; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ‘Armando Pipas’; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, ‘Gonzalo’; Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, ‘Erick’ o ‘el Chivo’; Raúl Agudelo Medina, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’. ”La JEP determinó que son máximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González”, detalló la magistrada Lemaitre.
El sistema transicional surgido del acuerdo de paz privilegia la verdad “plena, detallada y exhaustiva”, y establece penas alternativas a la cárcel para los excombatientes a cambio de que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Los imputados tienen ahora 30 días para aceptar o negar su responsabilidad. En caso de aceptar los cargos tendrán sanciones de entre 5 y 8 años consistentes en penas restaurativas que no incluyen cárcel; si no los aceptan, el caso pasa a la Unidad de Investigación y Acusación y pueden enfrentar hasta 20 años de prisión.
La JEP ha documentado en el caso 01 la práctica “sistemática y masiva” del secuestro por parte de la guerrilla durante al menos 30 años, entre 1982 y 2012, con un saldo de más de 21.000 víctimas. Es el más avanzado entre los grandes procesos abiertos por la justicia transicional, junto al caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los llamados ‘falsos positivos’.
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