¿Quién es el matador y quién es el toro?

La reforma a la salud del Gobierno Petro fue aprobada, en el primero de cuatro debates, por parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Es un resultado desconcertante para la mayoría de los observadores políticos del Congreso y un sinnúmero de exministros del ramo y técnicos en el tema de salud.

Recordemos que algunos partidos políticos clave, como el Liberal, el Conservador y La U han expresado profundas objecio...

La reforma a la salud del Gobierno Petro fue aprobada, en el primero de cuatro debates, por parte de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Es un resultado desconcertante para la mayoría de los observadores políticos del Congreso y un sinnúmero de exministros del ramo y técnicos en el tema de salud.

Recordemos que algunos partidos políticos clave, como el Liberal, el Conservador y La U han expresado profundas objeciones a esta iniciativa y declararon que no la apoyarían. Sin embargo, como en una película de suspenso, sigue avanzando y ahora va para la plenaria de la Cámara.

Después del impasse del rechazo de los partidos y la confrontación de la entonces ministra Carolina Corcho con sus colegas exministros, uno de los cuales estaba en el gabinete, la situación pasó de castaño a oscuro y el presidente Petro se vio inclinado o forzado reorganizar su gabinete y nombrar nuevos ministros de Interior, Hacienda y, finalmente, Salud.

Aparentemente, la cara del santo hizo el milagro, pues la reforma sobrepasó su primera meta volante. No obstante, la pregunta permanece: ¿Era un problema de personas o de principios? ¿Lo único que se necesitaba para sacar adelante el proyecto de ley era reemplazar a una ministra de salud ideológicamente radical, como la señora Corcho, por uno con actitud flexible de negociador, como el actual ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, dispuesto a encontrar puntos en común?

Algo similar ocurrió con el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Es una figura disidente clave del partido Liberal, que promueve una especie de golpe de Estado contra el presidente del partido, César Gaviria. Los nuevos ministros Velasco y Jaramillo han sido efectivos para atraer a suficientes representantes en la Comisión Séptima de Cámara. Punto. ¿Fin de la historia?

Podría haber otra interpretación. Corre el rumor de que el Gobierno está profundamente jugado en la política del regateo y la mermelada y está utilizando como capote en esta corrida de toros a los nombramientos en puestos públicos, los proyectos regionales de inversión y el presupuesto público para premiar a los partidarios de sus reformas. Si así fuera, estaríamos asistiendo a una faena, un cara a cara entre toro y matador, en la que al final el Congreso puede pagar muy cara la destreza del Presidente-matador.

¿O puede ser al revés? Es decir, el Congreso decidió que el Gobierno es como un toro, que está dispuesto a atacar y embestir bajo el sol de la tarde, haciendo cualquier cosa que le pida el matador, con el objeto de que se aprueben sus reformas. Al fin y al cabo, los congresistas saben que, como sucedió en el quinto debate de la Reforma Política, algunas de esas iniciativas se hundirán, ya sea en plenarias o en la Corte Constitucional. Mientras tanto, se habrían beneficiado de la generosidad gubernamental y habrán dado al público una memorable tarde de toros.

La corrida se puede prolongar. No sorprendería que el mensaje de los colegas de la plenaria de Cámara a sus compañeros de la Comisión Séptima hubiera sido: no se queden con todo, dejen pasar para la reforma para discutirla y sacarle jugo, pues aparentemente el gobierno está generoso y a esta tarde en la Santamaría le caben más toros.

Cabe entonces la pregunta ¿Quién es el matador y quién es el toro? No lo sabemos. Tanto el Gobierno como el Congreso sienten que cada uno es el matador y el otro es el toro.

Este es un juego de largo aliento, que no termina con la aprobación en el Congreso, ya que la reforma ha sido acusada de graves fallas de procedimiento: 1) no haber acumulado varias propuestas de reforma que se han presentado; 2) presentar el proyecto de ley como ordinario a la Comisión Séptima en lugar de “estatutario”, que debió haber iniciado trámite en la Comisión Primera, constitucional, dado que un fallo de la Corte Constitucional estableció a la salud como derecho fundamental (sentencia T-760 de 2008); 3) el Gobierno ha sido contradictorio con respecto al impacto fiscal de esta reforma, con el ministro de Salud diciendo que es casi neutral, mientras que un documento oficial del Ministerio de Hacienda estimó que podría costar la bicoca de 0.5% del PIB al año de forma permanente; 4) el proyecto de ley considera otorgar al presidente Petro facultades transitorias para profundizar la reforma de salud, sin pasar nuevamente por el Congreso, que requerían mayoría calificada, cosa que no ocurrió en la votación.

Los abogados constitucionalistas han advertido que, de convertirse en ley, este proyecto podría ser suspendido por la Corte Constitucional, inaugurando un procedimiento anunciado al principio del año.

En el frente político, no se sabe cómo actuarán en los siguientes tres debates los congresistas liberales y la U frente. ¿Mantendrán la desobediencia civil de sus colegas de la Comisión Séptima de Cámara? Por su parte, el directorio del Partido Conservador ha dicho que llamarán a rendir cuentas a quienes la voten positivamente.

En la plenaria de Cámara es posible que pase por cuenta del menudeo al que ha estado sometida la negociación. Pero se augura que en el Senado la cosas sean distintas. El recorrido es largo y se han cometido transgresiones a la Ley 5ª. Conocedores del Congreso dicen: “No creo que pase”. El descontento en la industria de salud, los expertos y hasta los sindicatos mantendrán vivo el suspenso. Para dar un ejemplo, en Cali los sindicatos de la salud hicieron una marcha contra la reforma.

Muchas cosas están en juego con esta crítica y criticada iniciativa del Gobierno Petro. La más importante es el futuro de la salud, las condiciones de trabajo y remuneración de sus profesionales, sus instituciones prestadoras y de aseguramiento, la calidad de los servicios y la cobertura.

¿Quién quedaría a cargo de administrar buena parte de los 80 billones de pesos que vale al año el sistema de salud? El director de la ADRES sería el cargo más buscado del sector público. Las ramificaciones económicas, sociales, políticas y regionales de sus decisiones lo harán más importante que el jefe de gabinete de la Casa de Nariño. Eso es más poder del que una persona decente quiere tener, y del que una persona indecente debe tener.

Poder, plata, servicios y economía. Qué gran tentación debe ser para los congresistas saber que si votan a favor y aprueban esta mala reforma de salud, traerán cerca suyo semejante poder. Claro, está, correrán el riesgo de descarrilar un sistema de salud que funciona. O que un partido distinto al suyo se quede con la ADRES. El Pacto Histórico, por ejemplo. Una estocada final al Congreso.

Oscar Wilde decía que podía resistir cualquier cosa, salvo la tentación. Esperemos que nuestros congresistas tengan más presencia de ánimo que el Sr. Wilde. Y que si al final de la tarde resultan siendo el matador y no el toro, terminen con una estocada magnífica, dos orejas y vuelta al ruedo. No será necesario que les den el rabo.

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