El Gobierno de Petro logra un gran acuerdo con la oposición y con las altas cortes para aprobar la jurisdicción agraria

Los conflictos de tenencia y propiedad de la tierra en Colombia han sido una de las principales causas de la violencia que afecta al país desde hace más de siete décadas y que ha dejado cerca de 9 millones de víctimas. El Congreso de la República ha dado este miércoles un paso importante para lograr que los campesinos, los indígenas y los pueblos afros accedan con celeridad a la justicia para dirimir esas disputas. La comisión primera del Senado, que ...

Los conflictos de tenencia y propiedad de la tierra en Colombia han sido una de las principales causas de la violencia que afecta al país desde hace más de siete décadas y que ha dejado cerca de 9 millones de víctimas. El Congreso de la República ha dado este miércoles un paso importante para lograr que los campesinos, los indígenas y los pueblos afros accedan con celeridad a la justicia para dirimir esas disputas. La comisión primera del Senado, que el martes había aplazado la discusión por falta de cuórum, aprobó por unanimidad la reforma constitucional que crea una jurisdicción agraria y rural. Solo hace falta que la próxima semana la plenaria del Senado le de el visto bueno para que se convierta en ley. Todo parece indicar que el Gobierno ya tiene las mayorías para lograrlo y que esta jurisdicción será una de las pocas reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro en salir adelante antes de su primer año de mandato.

La votación positiva de la jurisdicción agraria fue posible gracias a un gran acuerdo entre el Gobierno, los senadores de casi todos los partidos, incluidos algunos de la oposición, y las altas cortes. Así lo reconoció el senador del Polo Democrático Alexander López, de la bancada de Gobierno y ponente del proyecto: “Hemos logrado un acuerdo nacional en donde confluyeron el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, la rama judicial a través del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y el Congreso en un acuerdo multipartidista para crear la jurisdicción agraria que contribuirá a avanzar en la formalización de la tierra en Colombia y en la resolución de conflictos agrarios que han dejado sin tierra a millones de víctimas”, escribió en su cuenta de Twitter.

En diálogo con EL PAÍS, López explicó que esta reforma es el proyecto más importante que ha liderado en su vida como congresista. “Si cuando esté viejito mis nietos me preguntan que qué fue lo mejor que hice en la política les diré que la jurisdicción agraria”. López, que espera ser el presidente del Senado hasta julio en remplazo de Roy Barreras, explicó que es una forma de avanzar en la reforma agraria que resolverá los conflictos de tierras en Colombia. “Esta reforma constitucional corregirá una deuda histórica con el campesinado y con los pueblos afros e indígenas en la ruralidad el país”. López afirma que en la actualidad no se sabe con certeza quién es el dueño del 75% de los predios en Colombia. El Senador es enfático en explicar la necesidad de la nueva reforma: ”El director de la Agencia Nacional de Tierras del gobierno de Iván Duque nos dijo que con las herramientas jurídicas actuales nos vamos a demorar 256 años en resolver los conflictos de tierras. La jurisdicción es para reducir ese tiempo”.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también expresó su alegría con la aprobación del proyecto. “Cuando no se define claramente la propiedad, tenencia, posesión de la tierra, lo que termina ocurriendo es que la gente usa la justicia por mano propia, o sea es un gran factor de violencia. Ustedes lo que están haciendo aquí es justicia con un sector poblacional que se sentía marginado y no en una posición de equilibrio con otros sectores sociales”, dijo el ministro a los medios al terminar el debate.

La idea de una jurisdicción agraria no es nueva, y tiene el apoyo de expertos en temas agrarios y judiciales. Por ejemplo, la llamada misión rural que lanzó el Gobierno de Juan Manuel Santos y que desarrolló un equipo de expertos coordinado por José Antonio Ocampo, el primer ministro de Hacienda del Gobierno Petro, concluyó en 2014 que era necesaria “la creación de una Jurisdicción Agraria o, en su defecto, una especialidad dentro de la jurisdicción ordinaria, que con jueces especializados resuelva todas las controversias relacionadas con los derechos sobre la tierra rural”. Y el acuerdo de paz con las FARC de 2016 contemplaba que el Gobierno debía poner en marcha “una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio”.

El mayor punto de divergencia durante casi un año de discusión desde que el Gobierno Petro presentó el proyecto, y después de siete debates en el Congreso, era la idea de crear una nueva alta corte para resolver únicamente las disputas jurídicas relacionadas con las tierras. La clave para que la rama judicial le diera el visto bueno fue abandonar la idea de crear un nuevo tribunal, o una nueva sala en alguno de los existentes, para dejar en manos de la sección primera del Consejo de Estado y de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia las decisiones, en los casos que corresponda. Con eso, incluso los tres senadores de Cambio Radical de la comisión primera, que son de oposición y han rechazado casi todos proyectos del Gobierno, la apoyaron.

Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas y experto en derecho constitucional, reconoce la importancia de la jurisdicción agraria, pero es crítico con el hecho de que no se vaya a crear un tribunal especializado. “Es muy desafortunado que no se haya establecido una corte agraria. Hubo mezquindad y falta de visión del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia a la hora de presionar para que no se creara la corte agraria”, dijo Uprimny en entrevista con EL PAÍS. Según el abogado, miembro de la ONG Dejusticia, sin una corte agraria, la resolución de los conflictos relacionados con la tierra va a seguir fragmentada. “Se perdió una oportunidad de crear algo coherente y consistente para ayudar a los campesinos de Colombia. Es una jurisdicción agraria mutilada”.

Lo más importante de la reforma está consignado en el artículo 3 del proyecto que establece que el Consejo Superior de la Judicatura implementará de manera “gradual y progresiva dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación los tribunales y juzgados agrarios y rurales”. Lo debe hacer priorizando los territorios en donde subsistan mayores conflictos agrarios. La gran novedad es que los litigios por las tierras hoy los llevan jueces civiles, que deben revisar desde problemas de familia como divorcios o sucesiones, hasta demandas por contratos sofisticados u otros temas, y ahora serán jueces dedicados solo a las cuestiones agrarias, especializados. Así lo explica la ministra de agricultura, Jhenifer Mojica: “Queremos que la justicia llegue al campo, queremos que no se dilaten estas decisiones, y que haya seguridad jurídica y certeza sobre los derechos de la tierra. Es una deuda con los campesinos desde hace décadas”.

Mojica celebró el avance del proyecto: “Estamos muy contentos porque la jurisdicción agraria se aprobó por unanimidad. Este acto legislativo fue construido a varias manos, escuchando, cediendo, logrando acuerdos y consensos”, dijo Mojica. La ministra insiste en que lo que unió a senadores de distintas orillas ideológicas fue el propósito común de hacer que el campo tenga paz. David Luna, senador opositor de Cambio Radical, lo confirmó: “Somos un partido que respalda el acuerdo de paz de Juan Manuel Santos, por eso decidimos votar positivo la creación de la jurisdicción agraria que incluye el acuerdo con las altas cortes”.

En paralelo con la aprobación en penúltimo debate de la jurisdicción agraria en el Senado, en la Cámara de Representantes también quedó lista para último debate otra reforma constitucional, la que reconoce al campesinado como sujeto de derechos. La idea es que, unidas, ayuden a cumplir con el primer punto del acuerdo de paz con las FARC que, en suma, propone una muy postergada reforma agraria. La votación del proyecto de campesinado también fue contundente: 35 votos a favor y cero en contra. Solo le falta la aprobación de la plenaria de la Cámara.

En el libro Conversación a oscuras, de Horacio Benavides, hay un poema que resumen muy bien el problema de la tierra y la violencia en Colombia: “—NOSOTROS tuvimos suerte / sólo nos mataron / y podemos ir ahora sobre el río / en el balanceo de los camarotes / charlando / —Usted que tiene los ojos buenos, compadre, / dígame, ¿qué ve en la orilla? / —La tierra que fue nuestra / —¿Y qué más ve? / —El humo de las bestias consumiéndose en los patios / y el humo de las casas / sólo el humo”.

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