Isabel Cristina Zuleta: “La sociedad civil solo participará en la mesa de paz de Medellín cuando el Gobierno pueda darle garantías”

La senadora Isabel Cristina Zuleta (Antioquia, 41 años) huyó de su natal Ituango, en el norte del departamento de Antioquia, cuando apenas tenía 14 años. Escapó al Valle del Cauca, buscando salvaguardarse de las violencias que, a raíz del conflicto entre guerrillas y paramilitares, se han vivido por décadas en la región. Su primer novio fue asesinado, al igual que muchos de sus amigos del colegio. El desplazamiento forzado fracturó su vida y siente que fue lo que más adelante la llevó a convertirse en una defensora del río Cauca, que atraviesa de sur a norte nueve departamentos. Su lucha estuv...

La senadora Isabel Cristina Zuleta (Antioquia, 41 años) huyó de su natal Ituango, en el norte del departamento de Antioquia, cuando apenas tenía 14 años. Escapó al Valle del Cauca, buscando salvaguardarse de las violencias que, a raíz del conflicto entre guerrillas y paramilitares, se han vivido por décadas en la región. Su primer novio fue asesinado, al igual que muchos de sus amigos del colegio. El desplazamiento forzado fracturó su vida y siente que fue lo que más adelante la llevó a convertirse en una defensora del río Cauca, que atraviesa de sur a norte nueve departamentos. Su lucha estuvo encaminada a detener la construcción del megaproyecto Hidroituango a través del movimiento Ríos Vivos, una plataforma compuesta por una docena de asociaciones del Occidente, Norte y Bajo Cauca.

Fracasó en ello pero se dio a conocer. Se autodenomina feminista comunitaria y asegura que, antes de senadora, es líder social. Al Congreso llegó hace nueve meses por el Pacto Histórico, la coalición por la que fue elegido el presidente Gustavo Petro. Hace algunas semanas se conoció que sería parte de los delegados del Gobierno en la mesa de diálogo con 16 bandas armadas que operan en Medellín y el Valle de Aburrá, una de las apuestas de pacificación urbana más grandes de la política de paz total. La líder atiende EL PAÍS en medio de un día ajetreado en el Senado, y cuenta cómo transcurre esta iniciativa luego de que el pasado viernes se aplazara la instalación formal de esa mesa de diálogo.

Pregunta. ¿Ser una lideresa para usted fue una decisión? ¿En qué momento su vida tomó ese rumbo?

Respuesta. Creo que fue cuando me pudo la indignación. Siempre me angustió mucho que tantas generaciones de ituanguinos tuviéramos que estar viviendo tanto dolor. La mayoría de mis compañeros de escuela no están vivos. Entonces estudié sociología en la Universidad de Antioquia para entender lo que pasaba en mi territorio, porque antes había empezado a estudiar Contaduría. Es como si el desplazarme hubiese frustrado mi adolescencia. Pero, adicionalmente, siento que esa situación fue un corte con mi sentir como mujer. Huimos porque los paramilitares empezaron a llevarse a las niñas lindas. Parte de mi generación creció con ese miedo. Uno crece con la culpa de ser mujer y de tener facciones que otros consideraban atractivas.

P. ¿Qué fue lo más difícil que vivió en los años que lideró el Movimiento Ríos Vivos?

R. Lo más difícil fue posicionar la idea de que la vía violenta no era opción. Cuando empiezo a fundar el movimiento no había una experiencia de esa índole en el territorio. El pacifismo era entendido como una oposición a los procesos organizativos armados en la zona. Fue difícil aún más si lo hacía una mujer, porque la mayoría de mi movimiento son mineros, campesinos, agricultores, arrieros, todos hombres. Así que empecé a buscar apoyo en las otras mujeres y tener claro que en una movilización que yo liderara no se podía quemar ni una llanta.

P. En el Congreso, un escenario totalmente opuesto, ¿qué es lo que más le ha costado?

R. Lo más retador ha sido la responsabilidad de legislar, que es una enorme. Me pesa mucho observar, corroborar que otros congresistas no lo asumen. Cuando uno ve que esas ideas, esa interpretación, esa palabra mal dicha en una ley, tiene implicaciones para la vida de todos los colombianos, siente el peso de lo que hace.

P. ¿Usted le pidió a Gustavo Petro ser parte de la mesa de paz en Medellín o fue una decisión del Presidente?

R. Fue mi iniciativa. En campaña Gustavo [Petro] iba a Medellín, o recorría Antioquia, yo le pedía que habláramos de paz todo el tiempo. Nos sentamos a conversar de seguridad, de su visión humanista, de su visión multidimensional, de los problemas de seguridad. Son preocupaciones que comparto todo el tiempo y que han sido mi angustia por lo que he vivido y porque sé que tiene una relación directa con los problemas ambientales. Desde ese momento, cuando íbamos en el carro para los eventos de plaza pública, le decía que necesitábamos hablarles a esos actores, decirles que nos permitieran hacer campaña ya que en muchos territorios de Antioquia la política ha sido dirigida por los actores armados. Y así lo dijimos abiertamente: no nos maten por tener una idea distinta para este país, por hacer una propuesta de proyecto político distinto.

P. ¿Por qué cree que Medellín tiene un papel tan clave en ese tipo de iniciativas?

R. Antioquia ha ocultado la dureza de la violencia que hemos vivido. Hay cierto elitismo paisa que prefiere ocultar la realidad. La mayoría de quienes más sufren por el control territorial de las bandas, por la extorsión, por el desplazamiento intra urbano, son personas que han venido del campo, personas desplazadas como yo, personas que no pudieron seguir en sus territorios rurales. Para mí es sumamente importante porque esa violencia urbana se extiende hacia lo rural. En lo rural hemos sufrido mucho porque ahora esas bandas que están en los cascos urbanos, que se están extendiendo, por ejemplo hacia el norte y el Bajo Cauca. Necesitamos contener esa violencia. Hay que hacer todos los esfuerzos con todos los actores.

P. El proceso con las bandas ilegales que operan en Medellín ha sido muy hermético ¿Por qué? ¿En qué etapa se encuentran esos diálogos?

R. Estamos en la primera etapa de generar confianza. No es una cosa sencilla porque no hay un otro claramente determinado, como sí lo hay en los diálogos con el ELN. Aquí hay muchos que tienen desconfianza entre ellos. Pero el presidente está decidido, así como el Alto Comisionado de Paz, a abordar estos conflictos urbanos con el cuidado de no generar más daño. Eso implica que no vaya a haber disputas porque uno u otro habló más o menos con el Gobierno, etc. Por eso es una fase tan delicada.

P. Una de las críticas a esas negociaciones ha sido la exclusión de las organizaciones de la sociedad civil o de víctimas, ¿Cómo van a garantizar su participación?

R. En esta fase la sociedad civil no debe participar porque se puede poner en riesgo. Por supuesto que debe haber un momento en el cual pueda participar, pero será cuando el Gobierno pueda dar garantías para su participación. En eso, como líder social, he sido muy exigente.

P. Otra discusión ha sido la figura jurídica bajo la cuál se va a negociar con los grupos armados, si sometimiento o acogimiento. ¿Sobre eso ya hay una decisión?

R. Ahora estamos hablando de una etapa de diálogo socio-jurídico. El jurídico está aquí en el Congreso, que es el proyecto de ley de sujeción. Hay muchas rutas jurídicas. Hoy hay un marco normativo que permite progresar en estos diálogos y no únicamente esa ley de sujeción. Además, hay mucho interés de estos actores, sobre todo los privados de la libertad, en el proyecto de ley de humanización del sistema carcelario penitenciario que también ha presentado el Gobierno. Así que en ese diálogo vamos trabajando mientras se tramitan los proyectos de ley. Es una discusión que está sobre la mesa.

P. Usted también estuvo mediando en el reciente paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, donde finalmente se hicieron unos acuerdos. ¿Cómo se ha avanzado en su cumplimiento?

R. Les he hecho seguimiento. No solo con la misión que realicé de congresistas, sino además enfatizando en trabajar con los pequeños mineros, porque claro, el grande y el mediano, el que tiene varias retroexcavadoras, se quiere tragar al minero de la batea. Tenemos más de 14.000 hectáreas bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que demuestra la magnitud del conflicto armado en el Bajo Cauca.

P. Ha mencionado de manera reiterada su liderazgo social y solo en 2023 han asesinado a 59 personas que ejercían esa labor en sus territorios. Siendo usted parte de la coalición del Gobierno ¿ha presionado para que se tomen medidas y detener esa tragedia?

R. En este país no van a bajar ni las amenazas, ni la presión para los líderes sociales, hasta que no permitamos el disenso, porque eso es construcción de cultura democrática. Por eso es tan importante el lugar que le damos a la oposición. Yo voy y me siento con los ex AUC, siendo ellos los victimarios de mi territorio. Sin esa escucha mutua, no hay manera, no podemos seguir viéndonos como amenaza en Colombia.

P. Es decir, ¿usted cree que si hay éxito en la política de paz total van a disminuir los asesinatos de líderes sociales?

R. Por supuesto. No hay plan que funcione si no avanzamos en la paz total.

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