La lucha contra el multicrimen, eje de la esperada política de seguridad del Gobierno de Petro
El borrador del documento ubica a la paz total como estrategia central y propone atacar los delitos que impactan al medio ambiente
La política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, uno de los documentos más esperados por analistas, militares y organizaciones de derechos humanos, se presenta esta mañana. EL PAÍS conoció un borrador que plantea las claves del documento que guiará las acciones del Ministerio de Defensa en los próximos cuatro años.
En el texto se presenta un diagnóstico oscuro de la violencia en distintos territorios y se plantean tres grandes objetivo...
La política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro, uno de los documentos más esperados por analistas, militares y organizaciones de derechos humanos, se presenta esta mañana. EL PAÍS conoció un borrador que plantea las claves del documento que guiará las acciones del Ministerio de Defensa en los próximos cuatro años.
En el texto se presenta un diagnóstico oscuro de la violencia en distintos territorios y se plantean tres grandes objetivos para prevenir y detener la violencia. Se habla del crecimiento del desplazamiento y de la crisis humanitaria que genera la instalación de minas antipersonales, así como el reclutamiento de menores, como parte del panorama.
El primer objetivo, de hecho, es proteger la vida y el patrimonio, “con especial énfasis en los territorios bajo disputa de organizaciones criminales” y con un enfoque territorial. Para eso, dice el texto, una de las estrategias principales será la paz total, un proyecto para negociar con todos los grupos armados, que lidera el Alto Comisionado de Paz y que ha estado bajo críticas porque se ve como algo desligado de seguridad y defensa.
“La Paz Total le apunta, mediante un diálogo desde las bases territoriales, a una salida negociada para evitar más reciclajes de la violencia. Pero la voluntad de paz no puede confundirse con debilidad del Estado, mucho menos con ingenuidad del Gobierno. El sector de seguridad y defensa nacional es estratégico en el logro de la Paz Total”, dice el texto. Plantea entonces que se deberá fortalecer el sistema de inteligencia, usar las experiencias de negociaciones de paz anteriores y fortalecer las unidades policiales que fueron creadas en el Acuerdo de Paz del Teatro Colón, que desmovilizó a más de 13.000 combatientes de las FARC.
Después de ese proceso de paz, se dio una fragmentación y tercerización de organizaciones ilegales. El Gobierno asegura que la paz total también es la forma de desarticularlas. “El propósito de acabar con estas organizaciones “multicrimen” es un asunto de largo plazo y se debe procurar la reducción de los efectos negativos a través de procesos de negociación o de sometimiento a la justicia (…)”. Para eso, integrarán un sistema de concurrencia y coordinación para la desarticulación del “multicrimen”, que buscará perseguir delitos de lavado de activos, la corrupción estatal, el contrabando y la extorsión.
El incesante asesinato de líderes sociales también tiene un apartado en la política. La estrategia para atender a la “población de especial protección” contempla fortalecer el cuerpo élite de la Policía y la policía judicial, entre otras medidas.
La crítica situación de tráfico de cocaína es otro de los problemas que aborda el documento. En la política de drogas se enfocarán en cuatro objetivos: el fortalecimiento de la interdicción terrestre y marítima, aérea y fluvial; el desmantelamiento de la infraestructura al servicio del narcotráfico; la persecución estratégica de las finanzas ilegales y la lucha contra el lavado de activos; y “el uso estratégico y razonado de la erradicación forzada con plena observancia de los DDHH”.
Otra de las particularidades de la política de seguridad es que se enfocará en los delitos que afectan el medio ambiente como la minería ilegal y la deforestación. Este es, de hecho, el segundo objetivo que se plantea.
Además, tiene una estrategia específica para el cibercrimen. “A los retos tradicionales en la defensa, se requiere el fortalecimiento de capacidades orientados a prevenir y contrarrestar toda amenaza o incidente de naturaleza cibernética que afecte la sociedad, la soberanía nacional, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales”, dice el borrador.
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