El sometimiento a la justicia, la otra cara de la paz total

Colombia es el segundo país con mayor incidencia del crimen organizado: se cuentan 52 organizaciones criminales y un grupo guerrillero. Con este último, actualmente se desarrolla una mesa de negociación de paz. Por otro lado, de los 1.122 municipios que tiene el país, la situación de violencia y presencia de estas organizaciones criminales se hace intensa en poco más de 300. Hay regiones en Colombia donde...

Colombia es el segundo país con mayor incidencia del crimen organizado: se cuentan 52 organizaciones criminales y un grupo guerrillero. Con este último, actualmente se desarrolla una mesa de negociación de paz. Por otro lado, de los 1.122 municipios que tiene el país, la situación de violencia y presencia de estas organizaciones criminales se hace intensa en poco más de 300. Hay regiones en Colombia donde en un puñado de municipios operan hasta 11 de estos grupos, generando situaciones de violencia extrema.

Parece como si en Colombia nos encontráramos con dos tipos de violencia organizada. Una es aquella derivada del siglo pasado, donde la disputa ideológica y los contenidos políticos aún son fuertes. De ese vestigio de conflictos políticos queda la guerrilla del ELN, que representa entre el 10 y 12% de las acciones criminales en Colombia. Pero hay otro tipo de violencia, una que parece nueva, pero que en el fondo es la violencia reciclada en un país ahogado en economías ilegales. Esta representa alrededor del 60% de la actividad criminal. Es aquí donde se entiende que no basta con el proceso de paz con el ELN; se necesita una salida para el crimen organizado.

Producto de dicha realidad, el nuevo Gobierno colombiano emprendió el proyecto de la paz total que, entre otras estrategias, contiene una para desestructurar los factores organizados de violencia. Dicha estrategia se basa en negociaciones de paz y procesos de sujeción y sometimiento a la justicia. Frente a los primeros, Colombia ha acumulado una gran cantidad de experiencia: procesos de paz con las guerrillas del M-19, el EPL, entre otras, y más recientemente con las extintas FARC. Sobre el sometimiento a la justicia la experiencia es mucho más baja y hay resultados positivos, pero también experiencias que ha salido bastante mal. Aun así, Colombia necesitaba dar cuenta de este nuevo ciclo de violencia y tener una oferta para el crimen organizado.

Por ende, se tomó la decisión, por parte del Gobierno, de construir un modelo de sometimiento a la justicia. Bajo el liderazgo de los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, del exministro Yesid Reyes, del exvicefiscal Jorge Perdomo, de instituciones como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y de abogados y expertos, se redactó la ley de sujeción a la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, que fue presentada al país hace pocos días.

De forma individual, en la justicia colombiana existe lo que se ha denominado el principio de oportunidad, que es un modelo de sometimiento a la justicia donde una persona que comete un crimen o un delito se sujeta a la justicia y, a cambio de verdad y entrega de información, recibe un beneficio en la pena. Entonces de lo que se trataba era de crear un modelo de sometimiento colectivo. Fueron muchos debates, ideas y empantanamientos. La ecuación que debía hacerse se componía de cuatro partes. Por un lado, una oferta lo suficientemente atractiva para lograr el sometimiento a la justicia de estructuras criminales poderosas. En segundo lugar, cumplir con las expectativas de los miles de víctimas de estas organizaciones criminales y con ello dar las garantías del derecho a la no repetición. En tercer lugar, un modelo que permitiera desestructurar redes criminales, rutas del narcotráfico y, en general, desmantelar el negocio ilícito. Por último, estructurar un modelo jurídico fuerte que diera cuenta del reto de desmontar organizaciones criminales.

Así las cosas, el modelo presentado no contempla nuevos jueces, ni nuevos procedimientos. Lo único que existe es una sustitución de la pena si se contribuye a la verdad, la restauración, la garantía de no repetición y al desmantelamiento de estructuras criminales. Tampoco hay un nuevo tribunal o un tribunal transicional; el bloque de la justicia ordinaria el que liderará este proceso. Frente al tema de penas, se establece una de entre 10 a 12 años, mucho más de lo que en su momento fue Justicia y Paz, el modelo de desmovilización paramilitar. Esa pena tendría dos componentes: una de cárcel, que será entre seis y ocho años, y otra de pena restaurativa supervisada de cuatro años. Frente a las riquezas ilegales, se mantuvo la cifra de la ley de extinción del dominio de 2014, la cual, una vez entregados bienes y recursos por parte de un actor criminal y una vez se pague la pena, a la persona que los entrega se le otorga hasta un 6% de esa riqueza para que pueda vivir con su familia.

El modelo de paz total debe ser entendido como la metáfora de la zanahoria y el garrote. El Estado ya ha diseñado la zanahoria con el proceso de paz y los procesos de sometimiento a la justicia. Pero la estructura criminal que no se quiera someterse deberá ser perseguida y judicializada.

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