Colombia avanza en la creación del primer Ministerio de la Igualdad

El Gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido aún 100 días en el poder y al Congreso ya ha llegado una larga fila de sus promesas de campaña: la reforma tributaria, la reforma rural, la reforma política o aprobar del Acuerdo de Escazú que había estado trancado en el cuatrenio anterior. Este martes el nuevo Gobier...

El Gobierno de Gustavo Petro no ha cumplido aún 100 días en el poder y al Congreso ya ha llegado una larga fila de sus promesas de campaña: la reforma tributaria, la reforma rural, la reforma política o aprobar del Acuerdo de Escazú que había estado trancado en el cuatrenio anterior. Este martes el nuevo Gobierno radica otra de sus grandes promesas: la creación del primer Ministerio de la Igualdad en Colombia, que estará liderado por la vicepresidenta Francia Márquez. Normalmente los presidentes no radican los proyectos en el Legislativo, lo hacen directamente los ministros, pero tanto Petro como Márquez caminarán juntos al Congreso para presentar la nueva propuesta. Una forma simbólica de dar importancia a este proyecto y mostrar que no es la victoria de uno, o del otro, sino que parte del acuerdo entre los dos.

El presidente y la vicepresidenta están mostrando una imagen más cercana respecto a las funciones de Márquez, un tema que generó tensión el primer mes de Gobierno. La semana pasada, Petro también derogó un decreto, del Gobierno anterior, que impedía que el presidente y la vicepresidenta viajaran juntos dentro o fuera del país. Un decreto “estúpido”, dijo Petro desde un evento en el Cauca. “Si ella no está con nosotros, ella puede quedar muy marginada, y entonces se va evaporando en su liderazgo, su poder, su capacidad, y eso no fue lo que le propusimos al pueblo”, añadió. Tanto derogar ese decreto, como el nuevo proyecto del Ministerio de la Igualdad, buscan dejar claro que no hay un quiebre entre los dos liderazgos.

Inicialmente se había planteado que el nuevo Ministerio de la Igualdad absorbiera las funciones de otra dependencia, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que maneja muchos de los subsidios del país para la población más vulnerable, y por ende tiene uno de los presupuestos más gruesos del Estado. El presidente, sin embargo, se opuso a esa propuesta y nombró a otra aliada como directora del DPS, Cielo Rusinque. Detrás de los micrófonos se dijo que fue un sector del petrismo el que se opuso a que Márquez se quedara con el enorme presupuesto del DPS.

Públicamente, sin embargo, Petro envió otro mensaje. “No quise que el DPS fuera el Ministerio de la Igualdad porque eso es como decir que el neoliberalismo tenía razón, y que entonces a punta de limosnas para pobres se construye la igualdad”, dijo en septiembre. La igualdad, añadió, “es más compleja” que un conjunto de subsidios, e implica tener una mirada holística hacia los sectores más olvidados del país.

El nuevo Ministerio, acorde a esa señal, no tendrá los subsidios pero sí el poder para coordinar distintas políticas de igualdad dentro del Estado. “Queríamos un Ministerio que fuera transversal al Gobierno”, explica Laura Sarabia, jefa de Despacho de Presidencia. En términos legales, el objetivo de la ministra será “formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y proyectos para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales del país”. En términos prácticos, dependerá del liderazgo de Francia Márquez lograr coordinar esas múltiples políticas por la igualdad que hay en todo el Estado desde su nuevo Ministerio.

Una de las asesoras para crear el proyecto de ley es Liliana Caballero, exdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora asesora de la vicepresidencia. “La igualdad es un pilar fundamental constitucional, la Corte Constitucional ha hecho varios pronunciamientos al respecto, pero hasta ahora ha habido una institucionalidad muy dispersa”, dice Caballero. Hay políticas de igualdad en los ministerios de salud, vivienda o trabajo. “Este será un Ministerio que tiene una mirada global del Estado, que es transversal como lo son el Ministerio de Hacienda o el DPS”, añade. “Yo lo imagino como uno de esos tableros que tenían los generales en la Segunda Guerra Mundial: van viendo acá lo que se debe hacer en esta esquina, y en esta otra, y en este u otro lugar”.

Un ejemplo de lo que puede coordinar Francia Márquez es combinar políticas de empleo con políticas de género. El proyecto de ley radicado este martes en el Congreso crea un nuevo Sistema Nacional de Cuidado, para que se recompense el trabajo no remunerado (o mal remunerado) que hacen mayoritariamente las mujeres al cuidar a hijos, mayores o enfermos. El nuevo Ministerio de la Igualdad buscaría, por ejemplo, que se reconozca el tiempo que una persona ha trabajado en el hogar para obtener una pensión del Estado.

La lista de políticas públicas dirigidas a la población más vulnerable del país que Márquez tendrá que coordinar es enorme: políticas públicas para los indígenas, los afrocolombianos, las mujeres, los LGBTQ+, los campesinos, los adolescentes, los mayores, la población con discapacidades, los habitantes de calle, y los migrantes. Básicamente, todos los que la vicepresidenta representó como los los nadies durante la campaña. Para un Ministerio que aún no tiene asignado presupuesto, su influencia dependerá de cuántos funcionarios puede contratar, o cuándo poder de coordinación le permiten los demás ministros en todas estas agendas.

Dos temas tendrán más fuerza que otros desde el principio: las políticas contra la discriminación racial y las políticas de género. Una de las aliadas de Márquez en el nuevo Ministerio será Clemencia Carabalí, Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer. El nuevo departamento está diseñado después de estudiar cómo funcionan otros parecidos en Corea del Sur, España, Argentina o Chile, que están especialmente enfocados en las desigualdades entre hombres y mujeres.

Luego está el tema de discriminación racial. En septiembre el presidente firmó un decreto que le pide a Márquez coordinar las políticas para proteger los derechos de la población afrocolombiana e indígena en el pacífico colombiano—una región que votó mayoritariamente por ella en las elecciones. De acuerdo a ese decreto, debe coordinar el Plan Todos Somos PAZífico para la región; un acuerdo del Gobierno nacional los pueblos en la ciudad portuaria de Buenaventura; y la reglamentación de la Ley 70 de 1993 (que reconoce derechos especiales a comunidades afrocolombianas del Pacífico). También le pide crear una nueva Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica, “para superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país”. Francia Márquez ya ha ido avanzando en uno de estos puntos que le designó el presidente al recibir el apoyo de Estados Unidos como garante al capítulo étnico del Acuerdo de Paz, el único capítulo que no tenía aún respaldo de un Gobierno internacional.

El artículo 13 de la Constitución de Colombia dice que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados”. Un artículo que no tenía Ministerio hasta ahora, como el artículo que habla del derecho a la vivienda o el derecho a la salud. Francia Márquez será, si este proyecto de ley se aprueba en el Congreso, la primera persona que liderará desde un Ministerio ese derecho a la igualdad.

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