La burocracia interminable que enfrentan las tierras indígenas en Colombia

Saudi Muchaviso, gobernadora del resguardo indígena Rumiñawi (Cauca), estuvo este martes de visita en Bogotá. Culminó casi veinte años de lucha: recibió de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la titularidad de la tierra en la que vive su comunidad. En 1997, doce familias del pueblo Inga compraron 1.222 hectáreas en el municipio de Piamonte a un colono mestizo, tras realizar rifas y eventos para recolectar los fondos. El problema fue que formalmente la tierra no era de él. Los Inga intentaron regularizar la situación desde el 2003, pero la burocracia y la falta de asistencia del Estado obstacu...

Saudi Muchaviso, gobernadora del resguardo indígena Rumiñawi (Cauca), estuvo este martes de visita en Bogotá. Culminó casi veinte años de lucha: recibió de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la titularidad de la tierra en la que vive su comunidad. En 1997, doce familias del pueblo Inga compraron 1.222 hectáreas en el municipio de Piamonte a un colono mestizo, tras realizar rifas y eventos para recolectar los fondos. El problema fue que formalmente la tierra no era de él. Los Inga intentaron regularizar la situación desde el 2003, pero la burocracia y la falta de asistencia del Estado obstaculizaron el proceso.

El primer intento, en 2003, fue con la Asociación Nukanchipa Atunkunapa Alpa. Fracasó antes de comenzar porque era un proceso asociativo con otras comunidades que no entregaron los papeles necesarios o los entregaron incompletos. La gran oportunidad llegó en 2010, de la mano de Argosy Energy International (hoy Gran Tierra Energy), una compañía petrolera que quería emprender un proyecto de exploración sísmica en la zona. La comunidad accedió a autorizar la iniciativa a cambio de recibir ayuda con los trámites para la formalización del resguardo, una propiedad colectiva indígena protegida.

El proceso inició ese mismo año con una resolución del Ministerio del Interior de Colombia de que decretaba la viabilidad del resguardo, pero los obstáculos se extendieron durante toda una década. Muchaviso explica que el Estado les notificó en 2013 que no existían los recursos técnicos necesarios para realizar un estudio topográfico, uno de los requisitos para avanzar con los trámites. En 2018, la ANT les comunicó que debían entregar la solicitud en Popayán, la capital del Cauca, pero las autoridades del resguardo no la realizaron.

El caso del resguardo Rumiñawi no es un caso aislado, pese a que los derechos indígenas están reconocidos en la Constitución Política de Colombia. El martes el Gobierno entregó títulos sobre las tierras de otras nueve comunidades, para un total de casi 300.000 hectáreas. Presentó el evento como el primer paso de la reforma agraria que promete el presidente Gustavo Petro para cumplir con el capítulo primero de los Acuerdos de Paz con las FARC. Varios de los representantes de las comunidades resaltaron en el acto que ha sido una lucha larga. El nuevo director de la ANT, Gerardo Vega, reconoció que el proceso ha sido “tortuoso”. “Se debe a la falta de voluntad para reconocer derechos”, declaró en clara crítica a las administraciones anteriores.

Entre los principales problemas están la burocracia, la falta de recursos técnicos para ayudar a las comunidades y la violencia en algunas zonas de Colombia. El miembro de la asociación indígena Gobierno Mayor Eduard Imbachi comenta que hay comunidades que esperan desde hace más de 40 años. El Estado no les ha agendado la visita técnica necesaria para avanzar porque no hay profesionales disponibles o porque es peligroso acceder a los territorios. Imbachi remarca que especialmente en el sur del país hay una gran cantidad de títulos coloniales que aún no han sido reconocidos. Para él, a la voluntad política se debe sumar la cooperación con oenegés que aporten los insumos técnicos necesarios.

Soluciones

El resguardo Rumiñawi, en el que viven 202 personas de 64 familias, pudo avanzar en el proceso cuando se involucró Amazon Conservation Team (ACT), una ONG que coopera con la ANT. Saudi Muchaviso remarca que, en 2020, ACT les mandó los profesionales necesarios para avanzar. Aunque la pandemia ralentizó los trámites, consiguieron la aprobación de la titulación de tierras en junio de 2022, antes de la llegada de Petro al poder. La decisión la tomó el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, conformado por delegados de 11 entidades estatales, entre ellas los ministerios de Justicia, Agricultura, Ambiente e Interior. Faltaba la inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos, el trámite formal que determina quién es dueño de un inmueble, que ocurrió con el nuevo Gobierno.

La coordinadora del programa de tierras de la ACT, Linda García, explica que la visita técnica que se necesita, y que ellos garantizaron para Rumiñawi, incluye aspectos como realizar un censo, estudiar en qué se utiliza la tierra y conocer si hay conflictos con campesinos vecinos. Después vienen estudios socioeconómicos, jurídicos y topográficos, para lo cual el Estado no tiene los instrumentos necesarios, según García. En el caso del resguardo Rumiñawi fue clave identificar que las tierras eran originalmente del Estado colombiano.

La ACT defiende que las oenegés son importantes para asegurar un seguimiento constante de los casos, frente a la rotación de personal que se ve en el Estado. No obstante, García remarca que la participación de ACT en el caso del resguardo Rumiñawi se debe a que era una oportunidad estratégica para la organización, que se constituyó para proteger bosques tropicales. Eso porque en ese lugar los indígenas son “guardianes” de una zona de gran biodiversidad, superpuesta con parte del Parque Nacional Serranía de los Churumbelos, ubicado en el sur de Colombia. “Sabemos que las comunidades étnicas tienen un manejo de recursos naturales más amigable que otros que a veces están al margen de la ley”, comenta.

El director de la ANT, Gerardo Vega, sostiene que para acelerar estos procesos la voluntad política es más importante que las herramientas técnicas. No obstante, reconoce en su despacho que “hay que simplificar los procedimientos” y promete que el Gobierno revisará la burocracia que implica que la decisión final la deba tomar un consejo directivo conformado por delegados de 11 entidades. Explica que en contraste la creación de un sindicato basta con una resolución de una entidad especializada en el tema, el Ministerio de Trabajo. Los resguardos indígenas, en cambio, están sometidos a largos procedimientos en varios organismos. “Esas personas, para las cuales nunca se hizo una reforma agraria, tienen que tener igualdad de derechos para asociarse y hacer valer sus derechos”, remarca.

Vega también afirma que es necesario delegar facultades en oficinas regionales que agilicen los procesos. “El tema de la tierra está en los departamentos, hacerlo desde Bogotá tiene muy poco sentido. Allá está el conflicto, hay que desplazarse”, enfatiza. El acto, sin embargo, se hizo en la capital. Vega explicó durante la entrega que querían hacerlo en Leticia (Amazonas), pero que no fue posible porque el día previsto tuvo que asistir al Congreso para dar explicaciones por el fenómeno de invasiones de tierras. Según Vega, el presidente Petro cuestionó su decisión de priorizar el Legislativo: “Dijo que la próxima vez vayamos para allá e invitemos a la Cámara para que sesionen allá. Y tiene razón”.

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