Las fuerzas de seguridad en México torturan sexualmente a las mujeres para obtener una confesión: AI

La policía y las fuerzas armadas mexicanas someten a menudo a mujeres a diversos actos de tortura y otros malos tratos con la finalidad de obtener la confesión de un delito y así elevar las cifras de detenidos como parte de la estrategia de seguridad empleada por el Gobierno, revela un estudio realizado por Amnistía Internacional. El organismo entrevistó a cien mujeres en diversas prisiones del país y 72 afirmaron haber sufrido actos de violencia sexual en el momento del arresto o en las horas siguientes, mientras que 33 aseguraron haber sido violadas.

La investigación revela que como parte de la denominada guerra contra el narcotráfico, es frecuente que las mujeres sean aprehendidas durante arrestos en grupo y acusadas de ser novias de delincuentes y cómplices de actos delictivos, sin que existan pruebas sólidas que respalden esas acusaciones.La mayoría de las detenciones fueron llevadas a cabo por la Policía Federal, seguida por la Policía Estatal, el Ejército y la Marina. En el 33% de los casos las acusaron de formar parte de grupos de la delincuencia organizada, en el 23% de delitos de narcotráfico, en el 22% de secuestro y en el 14% de posesión ilegal de armas de fuego.

El documento titulado “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” destaca que algunas de las formas de violencia infligidas a las mujeres consisten en fuertes golpes en el estómago, la cabeza y los oídos, amenazas de violación contra las mujeres y sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de los pechos y pellizcos en los pezones, violación con objetos, con los dedos, con armas de fuego y con el pene. “Durante las entrevistas describían algún tipo de acoso sexual o abuso psicológico, incluidas amenazas e insultos misóginos y sexualizados”, se agrega en el informe.

Las mujeres se han convertido en un blanco fácil para las autoridades, explicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Muchas de las detenidas proceden de entornos marginados, no cuentan con una pareja y tienen bajos niveles de escolaridad, lo que las vuelve más vulnerables. “Los casos de estas mujeres dibujan un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México, incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

En febrero de 2014 varios policías federales llegaron a la casa de Tailyn y se la llevaron sin una orden de aprehensión a una dependencia ministerial. Durante horas la mujer fue sometida a fuertes palizas y abusos sexuales, que le provocaron un aborto en las oficinas de la Fiscalía mexicana en la Ciudad de México donde estaba retenida. Tenía un embarazo de siete semanas. Dos médicos la examinaron y se limitaron a entregarle unos trozos de toalla de papel para que se los colocara dentro de la ropa interior. No le dieron medicamentos para el dolor y tampoco asentaron por escrito los golpes a los que había sido sometida.

Tailyn fue trasladada en avión a la ciudad de Tepic, Nayarit (noroeste de México), a una prisión federal. Cuando se levantó del asiento, dejó un inmenso charco de sangre, pero nadie la atendió. Una vez que llegó al reclusorio les dijo a los funcionarios penitenciarios que había sufrido un aborto. Ellos le respondieron con gritos. Unos cuatro días después le informaron que estaba acusaba de formar parte de una banda de secuestradores y le habían levantado cargos de delincuencia organizada. Pese a que denunció su tortura hace más de dos años, aún está a la espera de ser examinada por un médico forense oficial.

Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de los organismos locales, en 2013 se presentaron más de 12.000 denuncias de tortura y otros malos tratos en todo el país, donde el 30% de las posibles víctimas eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones.

La PGR registró en 2014 la recepción de 2.403 denuncias penales por torturas, pero no pudo informar a Amnistía Internacional de ni un solo cargo criminal que se hubiera presentado en estos casos. Previo a 2014 se había acusado a menos de cinco personas al año. Además desde 1991, sólo quince personas han recibido sentencia condenatoria por este delito.

A pesar de que un número alto de mujeres han denunciado violencia sexual por miembros de las fuerzas armadas, ni un solo miembro del Ejército Mexicano ha sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. En la Marina, sólo cuatro elementos han sido suspendidos en el mismo periodo. “No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible”, manifestó Guevara-Rosas.

Durante la investigación de Amnistía Internacional, las autoridades mexicanas negaron acceso a información crucial, denunció el organismo. La Secretaría de Gobernación impidió a la delegación el acceso a un gran número de mujeres bajo custodia y en algunas ocasiones negó el ingreso en un centro penitenciario. Además, representantes del Ejército y la Marina rechazaron las solicitudes a fin de tener reuniones sobre el tema.

“Cuesta creer el afán con que México encubre su crisis nacional. En lugar de intentar encubrir miles de casos de tortura y otros malos tratos, las autoridades deberían centrar sus energías en garantizar la erradicación definitiva de la tortura garantizando el enjuiciamiento de los responsables y reparaciones adecuadas a las víctimas”, afirmó la directora para las Américas.