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Arnaldo Otegi, ante el tribunal / POOL / EFE
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional culpó ayer al fiscal de haber tenido que absolver al portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por considerar que las frases que éste pronunció durante el entierro de la etarra Olaia Castresana constituían delito de enaltecimiento del terrorismo que ha quedado impune al retirar la acusación el fiscal.
A dos mes de la celebración de las elecciones municipales, la presión sobre el Gobierno para que impida la legalización de Batasuna arrecia. El filósofo y escritor Fernando Savater, en nombre de las plataformas cívicas Basta Ya, Covite y Foro de Ermua, reclamó ayer al Ejecutivo que impida la participación de Batasuna en las elecciones "si no se desvincula explícita e inequívocamente de la actividad terrorista de ETA, y no de la violencia en general".
La Sala Especial del Tribunal Supremo, la encargada de aplicar la Ley de Partidos y de ejecutar la sentencia de la ilegalización de Batasuna, se constituyó de forma "defectuosa e irregular", lo que, en sus futuras actuaciones, puede tener "graves consecuencias" si se invoca en el proceso de liquidación de Batasuna o por las candidaturas que pretendan suceder al partido ilegalizado.
El PP arremetió ayer contra el Grupo PRISA a través de una declaración acordada por su dirección nacional en la que anuncia su decisión de "dejar de atender todas las convocatorias de entrevistas, tertulias y programas del Grupo PRISA", mientras su presidente, Jesús de Polanco, no rectifique "pública e inequívocamente" unas declaraciones que han indignado a la dirección de esta formación política.
Dirigentes de los principales partidos criticaron ayer duramente el comunicado del PP sobre el Grupo PRISA, al considerarlo un "ataque a la libertad de expresión" de Jesús de Polanco -que había tildado de franquistas las actitudes del PP- y al "derecho a la información" de los españoles.
El Ejecutivo del PP lanzó su ofensiva con apoyo de una empresa semipública y un juez prevaricador
José Herrero, empresario imputado en el caso Terra Mítica, declaró ayer por la querella interpuesta por Eduardo Zaplana contra él y otro empresario, Antonio Moreno Carpio, por haberle vinculado con el cobro de comisiones en unas conversaciones grabadas por dos diputados socialistas valencianos.
El Gobierno realiza "gestiones diplomáticas de todo tipo" con Senegal, Guinea-Conakry y la Unión Europea para llevar a puerto el buque Happy Day, interceptado la noche del jueves a 80 millas de la costa de Senegal con 300 sin papeles asiáticos a bordo.
Los partes de accidente que acostumbran a atraer la atención son los de los fines de semana.
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