El destino final del laberinto de los ‘terceros países’: migrantes sin derechos deportados al lugar del que huyeron

El secretismo y la pérdida de contacto con los familiares y los abogados han marcado las deportaciones a terceros países que el Gobierno de Donald Trump ha realizado como parte de su campaña contra los inmigrantes. El destino incierto y las condiciones a las que están sometidos quienes han sido enviados a países con los que no tienen ningún vínculo y donde no hay garantía de que se respeten los derechos humanos ha sido la tónica de las expulsiones. Pasado el tiempo, muchos de ellos han acabado en los países de los que huyeron y donde enfrentan persecución o tortura. Es el caso de Rabbiatu Kuyateh, que ha saltado a los titulares por un video que se ha viralizado que deja constancia de los malos tratos que sufren. En él aparece esta enfermera de Maryland de 58 años siendo arrastrada violentamente por el suelo por unos hombres que parecen ser funcionarios de Ghana, el país a donde fue deportada días antes. Kuyateh se resistía inútilmente para que no la enviaran a Sierra Leona, el país donde nació y del que huyó y donde hoy se encuentra escondida.

La suya es una historia como la de muchos migrantes que, por las estratagemas de la Administración, han acabado en los países de los que huyeron sin que el Gobierno estadounidense se saltara la protección de enviarles directamente a ellos. Lo han hecho a través de otro Gobierno, como el de Ghana. Desde la Casa Blanca se asegura que tenían garantías de que los deportados a este país africano no serían enviados a su país de origen, pero hay muchas dudas de que así fuera. Y más después de que el propio Gobierno de Ghana negara la existencia de tal acuerdo. Los expertos en inmigración lo ven como una estrategia de Washington para cubrirse las espaldas ante posibles litigios.

“Era una solución para un problema: ‘Podemos quitar esas personas de nuestra custodia y al mismo tiempo no romper la ley”, explica a EL PAÍS Alexandra Williams, una de las abogadas del equipo que defiende a Kuyateh. La sierraleonesa llegó a EE UU hace 30 años huyendo de la guerra en su país, donde, por la actividad política de su familia, sufrió torturas y persecución.

Trabajaba como enfermera en Maryland, donde había construido una vida. Su hijo, ya adulto, nació en EE UU, mientras que sus padres se naturalizaron como estadounidenses. Kuyateh, por su parte, poseía un permiso de trabajo y estaba bajo supervisión, pero bastaba con acudir anualmente a los controles de inmigración. Todo parecía en orden. “Iba a esas citas cada año, para confirmar que todavía estaba en el país. No tiene ningún antecedente criminal y su dirección estaba actualizada. Nunca perdió la cita”, afirma Williams, que explica que su clienta contaba con una protección para no ser deportada a Sierra Leona.

Todo cambió con la Administración Trump y su cita de julio se convirtió en una emboscada. “Le dijeron que por los cambios en la Administración y sus políticas tenían que detenerla y sacarla del país, ya que tenía una orden de deportación”, cuenta Williams.

Su hijo no la ha vuelto a ver. Fue detenida y, después de unos días, trasladada a un centro de detención en Luisiana. El siguiente destino fue Ghana. En el vuelo, iba acompañada de otros migrantes, esposados de pies y manos, como ella, con el mismo destino incierto. Por teléfono, contó a su hijo la brutalidad con la que fueron tratados, que también quedó marcada a través de las heridas en su cuerpo.

El país africano es uno de los últimos que la Administración Trump ha elegido para enviar a migrantes que no pueden regresar a sus lugares de origen porque tienen orden judicial de protección que lo impide. Según la organización Human Rights First, que lleva la cuenta de los vuelos de deportación, Estados Unidos ha realizado al menos 21 vuelos con personas de terceros países a 10 destinos: Costa Rica, El Salvador, Esuatini, Ghana, Guatemala, Honduras, Panamá, Ruanda, Sudán del Sur y Uzbekistán. Además, ha habido miles de traslados que se han hecho a México por vía terrestre.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) intenta realizar los traslados en secreto y con la mayor rapidez posible. En abril, el juez federal de Massachusetts, Brian E. Murphy, emitió una orden preliminar que establecía que el Gobierno debía conceder a las personas al menos 15 días para impugnar las deportaciones a terceros países, donde pueden sufrir represalias. Sin embargo, dos meses después, la Corte Suprema concedió una suspensión, revocando la orden de Murphy.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que se viola un concepto básico del derecho estadounidense e internacional que impide deportar a las personas a un lugar donde puedan sufrir tortura, persecución u otros daños graves. Pero la Administración no está dando tiempo a los detenidos a exponer sus temores, como le sucedió a Kuyateh, a quien no le permitieron expresar su miedo de ser deportada a Ghana, mucho menos de regreso a Sierra Leona.

Desde la organización AMICA apuntan que las deportaciones a terceros países para luego ser enviados a los países de los que huyeron han aumentado en las últimas semanas. “Hay muchas personas en esa posición. Varios de ellos han sido deportados a México y están en riesgo de ser enviados a su país de origen”, afirma Kelly Rojas, abogada de inmigración de AMICA. Rojas no quiere dar casos concretos por preocupaciones para la seguridad de sus clientes. Uno de ellos también fue enviado a Ghana y trasladado después al país del África occidental del que huyó, a pesar de tener una orden de protección que lo impedía. Cuando fue deportado, los abogados perdieron el contacto y, como suele pasar, no obtuvieron información de dónde fue enviado. “Esta persona desapareció del sistema. Llamamos a varias oficinas del ICE, que nos decían cosas diferentes de donde había sido trasladado”, relata Rojas.

Mantener el contacto una vez que llegan a sus países es complicado y continuar su defensa muy difícil, ya que los abogados de inmigración ya no pueden ejercer. En esos casos, hay que intentar contactar con otras organizaciones de derechos humanos locales que continúen su defensa. El cansancio y la desesperanza hace que muchos acaben por rendirse. “Lo que el Gobierno de Estados Unidos está haciendo ahorita es matar las ganas de luchar por sus derechos. Algunos clientes que están deportados a sus países de origen, han estado tanto tiempo en detención, que, aunque sus vidas están en peligro —por eso que un juez en Estados Unidos les dio órdenes de protección— piensan que al menos no están ya en el centro de detención”, sostiene Rojas.