Los indocumentados víctimas de delitos se quedan sin protección contra las deportaciones

Felipe de Jesús Hernández Marcelo, quien sufrió un atraco que casi acaba con su vida, permanecerá detenido mientras se procesa su deportación. Así lo ha fallado un juez de inmigración que ha denegado la libertad al mexicano de 28 años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas es inglés) cuando acudió a la Policía como víctima de un delito.

Hernández casi muere de los disparos recibidos cuando fue asaltado el 21 de junio pasado en Muscatine, en el Estado de Iowa. Una rápida respuesta de emergencia por parte de la policía y los médicos de dos hospitales salvaron su vida después de que una bala le atravesara la muñeca y el muslo. Tres días después, cuando salió del hospital, acudió a la Policía para recuperar su coche y las pertenencias que llevaba cuando fue asaltado. Y no volvió a salir libre. La Policía entró en contacto con el ICE y Hernández, que entró de forma ilegal en Estados Unidos en 2021, fue detenido. No cometió ningún delito, aparte de unas multas de tráfico, pero ahora enfrenta la deportación.

El mexicano está en proceso de solicitar una visa U, destinada a las víctimas de delitos, y es testigo clave en el caso penal contra sus dos agresores. Uno de ellos se declaró culpable, mientras que el otro está a la espera de juicio. Sin embargo, la jueza de inmigración Alexandra Larsen manifestó sus dudas de que Hernández pueda ser elegible para la visa y dijo que existía un riesgo de fuga si fuera liberado de la custodia del ICE. Ella citó “repetidas violaciones de la ley” durante sus cuatro años y medio en los Estados Unidos, señalando que estaba viviendo y trabajando en el país ilegalmente y que tenía multas, incluida una por conducir con una licencia suspendida.

Desde su detención, Hernández ha estado separado de su hijo de 9 años, a quien criaba como padre soltero, y no ha podido asistir a las citas médicas ni presentarse en el trabajo de construcción que pagaba las cuentas de su familia.

Su caso personifica los riesgos que los indocumentados corren al acudir a la Policía con la Administración de Donald Trump. Las víctimas de delitos y los testigos temen ahora que al recurrir a las autoridades para denunciar un crimen acaben detenidos y en proceso de deportación.

Adiós a las protecciones

Antes de Trump, las víctimas de delitos estaban protegidas de las expulsiones, pero el republicano retiró esa garantía. Los expertos critican que las nuevas políticas benefician a los criminales, porque los testigos prefieren no prestar declaraciones antes de exponerse a ser fichados.

La posibilidad de que los migrantes prefirieran no denunciar casos de violencia para evitar hacer públicos sus datos si eran indocumentados propició en el año 2000 que el Congreso aprobara una ley para conceder visas a las víctimas de delitos, las visas U y T. La visa U se concede a quienes han sufrido ciertos crímenes, como violencia doméstica, y la visa T se destina a víctimas de trata de personas.

Un cuarto de siglo después, las políticas de la Administración republicana han eliminado esa protección. La ley no se ha modificado, pero las órdenes del Gobierno han cambiado la situación de las víctimas, que ven cómo sus derechos no se respetan de igual forma.

“Si alguien era víctima de un delito, el Gobierno lo tomaba en cuenta al aplicar las medidas de seguridad, como arrestar a personas para deportarlas. Bajo la segunda Administración de Trump, sin embargo, se están aplicando esas medidas de seguridad contra personas que tienen solicitudes de visa pendientes. Todos mis clientes están preocupados por la aplicación de leyes de inmigración en este momento”, afirma la abogada de inmigración Bethany Hoffman, de Illinois.

Uno de sus clientes acabó detenido cuando acudió a una cita de inmigración para registrar sus huellas dactilares. Su esposa había sido víctima de un secuestro y había solicitado una visa U, que también concede la residencia a los familiares. El hombre, cuya identidad prefiere mantener anónima, fue deportado. Aunque tenía una orden anterior de deportación, no había cometido ningún crimen, solo tenía multas de tráfico.

Durante la Administración anterior, el presidente Joe Biden ordenó que se protegiera a los migrantes indocumentados víctimas de delito y que las autoridades migratorias, en el caso de detención, entraran en contacto con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lo más rápido posible para saber si sus casos eran válidos para obtener la visa U y dejarlos en libertad.

En febrero pasado, el Gobierno de Trump enterró esas protecciones al restringir el acceso a los programas. Los agentes del ICE ya no tienen que entrar en contacto con USCIS para saber si los detenidos están en proceso de obtención de una visa. Además, los solicitantes pueden quedarse detenidos mientras se gestionan, lo cual puede llevar años.

Cada año hay un límite de adjudicación de 10.000 visas U. A 31 de marzo de este año había 412.815 peticiones pendientes. La resolución de los casos puede llevar décadas.

“En el pasado, aunque había mucha delincuencia, las víctimas de crímenes no estaban llamando a la Policía. Para quitarles este miedo empezó este programa de visas. Ahora esta misma protección se está usando en contra de esas personas”, señala la abogada de inmigración Adriana Estévez, de Virginia.

Los críticos de las visas U, sin embargo, sostienen que favorecen el fraude para conseguir ilícitamente permisos de residencia. En julio pasado, salió a la luz el caso de tres jefes de policía de una pequeña ciudad de Luisiana que supuestamente aceptaron cientos de sobornos de 5.000 dólares durante casi una década a cambio de presentar informes policiales falsos que permitirían a personas indocumentadas solicitar las visas destinadas a las víctimas.

En agosto, los representantes demócratas Gwen Moore y Jimmy Panetta presentaron una legislación que protegería a la mayoría de los solicitantes de visas U y T de la detención y deportación de inmigrantes. “Al someter a estas personas vulnerables a las leyes migratorias, la Administración Trump contribuye a crear un sistema de justicia de dos niveles que empodera a los delincuentes y disuade a ciertas víctimas de denunciar”, declaró Moore.

Moore citó el cado de Yessenia Ruano, una salvadoreña que se autodeportó con sus dos hijas de 10 años, nacidas en Estados Unidos, en junio pasado para evitar ser detenida por el ICE. Ruano era profesora en Milwakee desde hace 14 años y había solicitado una visa T por haber sido víctima de la trata de mujeres de una banda criminal.

Los funcionarios federales de inmigración rechazaron la solicitud de Ruano de una suspensión de emergencia de la orden de deportación, lo que habría permitido que permaneciera en Estados Unidos mientras se consideraba su solicitud de visa. “Estoy sumamente decepcionada por la decisión del ICE de denegarla una estancia de emergencia”, declaró Moore. “Es absolutamente cruel obligar a una víctima de trata de personas a regresar al lugar del que huía”. “Las visas T están diseñadas para personas como Yessenia, pero lamentablemente, ni siquiera se le dio la oportunidad de que su caso fuera escuchado”, dijo.