Daños colaterales de la guerra contra la migración: la Administración Trump admite una tercera deportación por error

Un nuevo error se suma a la cuenta de las deportaciones injustas en la campaña emprendida por el Gobierno de Donald Trump. Si el primer caso conocido, el del salvadoreño Kilmar Abrego, se convirtió en el símbolo de arbitrariedad de la cruzada contra la inmigración del nuevo Gobierno, la segunda y la tercera deportación por error han pasado casi inadvertidas, a pesar de ser reconocidas por la Administración. Ahora se trata de un migrante gay guatemalteco, que contaba con protección judicial, y que se encuentra en la actualidad escondido en algún lugar de su país, del que huyó, porque las autoridades se equivocaron al expulsarlo.

Según la declaración presentada en un tribunal de Massachussets, que lleva el caso, el Servicio de Inmigración y Protección de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) envió a la fuerza a O. C. G. —como es identificado en la demanda— a México por un fallo en la base de datos del software que rastrea casos de deportación individuales y permite al personal autorizado insertar comentarios, según adelantó Político. Los documentos oficiales muestran que O. C. G. fue deportado a México en marzo de este año porque cuando los agentes de ICE le preguntaron si tenía miedo de llegar a ese país, él dijo que no. Pero la realidad es que O. C. G. no dio ninguna respuesta porque nunca nadie llegó a preguntárselo.

Los abogados del Departamento de Seguridad han declarado que “tras una investigación más exhaustiva, los demandados no pudieron identificar a ningún oficial que le preguntara al O.C.G. si temía ser deportado a México”. Su expulsión se produjo por la información obtenida de una base de datos interna pero nunca llegó a comprobarse.

Al llegar a México hace unas semanas, O. C. G. pidió ser trasladado a su país, Guatemala, donde se expone a grandes peligros, según él mismo ha relatado. En una declaración ante los tribunales, el hombre explicó que llegó a Estados Unidos en marzo de 2024 huyendo de la persecución y tortura, pero no le permitieron presentar una solicitud de asilo y, tras estar una semana detenido, lo deportaron a Guatemala. En abril del mismo año lo intentó de nuevo.

Al llegar a México, en Iztapalapa, lo violaron y un grupo de hombres lo mantuvo encerrado durante días, hasta que su hermana pagó el rescate. Una vez en Estados Unidos empezó su proceso de asilo. O. C. G. y asegura que el juez le confirmó que no sería devuelto a México, donde temía represalias por ser gay, y que se le otorgaba una protección que impedía que fuera deportado a Guatemala, también por posible persecución en el país centroamericano.

Nada de eso le sirvió en medio de la campaña del actual Gobierno para deportar a un millón de personas en el primer año de mandato. O. C. G. estuvo encerrado dos días, tras los que lo metieron en un autobús con otros 20 migrantes con destino a México, haciendo caso omiso de su petición de consultar con su abogado y de la protección judicial que tenía. “Me dijeron que podía solicitar asilo en México, pero que me mantendrían encerrado durante los meses que tardaran en tomar una decisión, o que simplemente podía aceptar que me llevaran de regreso a Guatemala. Después de lo que me había sucedido en México, tenía demasiado miedo de pedir asilo allí. No tenía opciones seguras, así que les dije que me enviaran de regreso a Guatemala”, explicó.

El caso de O. C. G. es por ahora el último error reconocido por el Gobierno en sus deportaciones. Le precedió el de Abrego García, al que la Administración, que reconoció el fallo, lo acusa sin pruebas de pertenecer a la pandilla criminal MS-13. El Ejecutivo está incumpliendo las directrices de la jueza federal que lleva el caso e incluso las del Tribunal Supremo, que ha pedido en varias ocasiones que facilite su regreso a Estados Unidos. Daniel Lozano-Camargo, un hombre venezolano enviado a El Salvador en marzo a pesar del acuerdo aprobado por el tribunal que requería que se resolviera primero su solicitud de asilo, tampoco debió ser nunca expulsado.

Mientras O. C. G. se resguarda en algún lugar de Guatemala, sus abogados tratan de apelar a la justicia para tratar de torcer la mano del Gobierno y que lo lleve de vuelta a Estados Unidos. Hasta ahora, la Administración ha desoído a todos los jueces que le han llevado la contraria.