Biden estudia proteger a migrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses

La Casa Blanca está estudiando proteger de la deportación a más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y que llevan varios años en el país. Esta es la respuesta del presidente Joe Biden a las críticas que recibió por la orden ejecutiva que cierra la frontera en un año electoral y restringe el asilo. La medida, que no ha sido confirmada aún por la Administración, ha sido adelantada por The New York Times y la cadena CNN. Los medios...

La Casa Blanca está estudiando proteger de la deportación a más de un millón de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y que llevan varios años en el país. Esta es la respuesta del presidente Joe Biden a las críticas que recibió por la orden ejecutiva que cierra la frontera en un año electoral y restringe el asilo. La medida, que no ha sido confirmada aún por la Administración, ha sido adelantada por The New York Times y la cadena CNN. Los medios aseguran que la decisión, conocida como “parole in place” (parole vigente), permitiría a estas personas trabajar legalmente, lo que les facilitará las cosas para obtener la ciudadanía.

Si llega a aprobarse, los beneficios serían similares a los que reciben 560.000 dreamers de DACA y otros miles de personas que tienen el Estatus de Protección Temporal (TPS), quienes renuevan sus autorizaciones de empleo ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración cada dos años, en el caso de los primeros, y cada 18 meses los segundos. La Casa Blanca no ha profundizado los detalles hasta el momento.

Aunque no está claro cuántas personas podrían beneficiarse de este programa, se estima que son más de un millón, según los medios citados. La iniciativa parte de una campaña que un grupo de organizaciones promotoras de los derechos de los migrantes han llevado a cabo junto a congresistas demócratas, que buscan presionar al presidente Biden para que haga uso de su poder ejecutivo frente el boicot de los republicanos en el Congreso, quienes se han negado a apoyar una vía de dar papeles a millones de indocumentados. Esta fue una de las promesas de campaña del candidato demócrata frente a Trump.

El Senado rechazó en febrero un proyecto de ley que incluía 14.000 millones de dólares para la contratación de miles de agentes fronterizos y la creación de nuevos tribunales que ayuden a descongestionar la frontera sur y puedan resolver muchos de los casos de asilo que están atrasados en las cortes de Estados Unidos. En mayo, el plan fue rechazado nuevamente por los republicanos, y algunos demócratas, en lo que era un segundo intento de llevarlo al pleno para una votación. Los conservadores responsabilizan a Biden de la crisis en la frontera por haber desmantelado la política de “tolerancia cero” de la era de Donald Trump.

La entrada ilegal a Estados Unidos impide obtener la ciudadanía, incluso si se cumplen otros requisitos, como estar casados con un ciudadano estadounidense. Esto se convierte en una barrera significativa en el proceso de inmigración legal. Este nuevo parole podría ayudar a algunos inmigrantes a recibir un “estatus de inmigración legal” y ser elegibles para iniciar el proceso.

Un guiño al electorado latino

Con esta nueva acción, Biden busca reducir los daños causados al electorado latino después de la medida que restringe el asilo al país y cierre la frontera con México cuando los cruces irregulares rebasen los 2.500 encuentros diarios a lo largo de una semana. La medida ha hecho que el presidente reciba una lluvia de críticas, no solo desde organizaciones defensoras de la inmigración, sino también por parte de los republicanos e incluso desde dentro de su propio partido. El pasado martes, 46 organizaciones firmaron una carta conjunta repudiando la medida y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) anunció que demandará la norma ante los tribunales.