Los migrantes dedicados a la venta ambulante en Nueva York, acorralados entre el alcalde Adams y Trump

En un apartamento del sur del Bronx, Consuelo Salazar, de 58 años, espera a que se hagan las 10.30 de la mañana para dirigirse a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Lleva varias capas de ropa, una mochila negra y un megáfono que cuelga de su hombro derecho. En las manos sostiene dos pancartas y una bolsa con varios plumones. De camino al metro, para en una farmacia cercana para fotocopiar las cinco multas que el Departamento de Sanidad municipal le impuso dos semanas atrás por no tener licencia para dedicarse a la venta ambulante, usar mesas en la vereda y trabajar cerca de una parada de autobús. “Llegaremos al mediodía. Justo a tiempo”, dice Salazar tras subir al tren, mientras revisa la ruta hasta el sur de Manhattan en la aplicación de Google Maps en su teléfono celular.

Es miércoles, 13 de noviembre. En el Ayuntamiento la esperan otras decenas de comerciantes ambulantes del Bronx, con quienes Salazar organizó esta manifestación porque una semana antes, el día de las elecciones de Estados Unidos, más de la mitad de los neoyorquinos votaron a favor de que el Gobierno municipal apruebe una ley para multar a vendedores ambulantes sin licencia. La medida, propuesta por la Administración del alcalde de la ciudad Nueva York, Eric Adams, afectaría a miles de migrantes indocumentados, que no pueden acceder a licencias porque el municipio no las entrega desde 2016, según un informe de la Oficina Independiente de Presupuestos. Sin embargo, la cantidad de multas y citaciones a corte por no tener licencias, entre otras infracciones, aumentaron en un 71,5% desde que comenzó la gestión de Adams en 2022 hasta octubre de este año, según un análisis de bases de datos del municipio.

Ante esta realidad, a la que se suma la vuelta a la Casa Blanca de Donald Trump, quien planea promulgar un abanico de políticas antimigratorias, incluyendo la deportación masiva de millones de personas indocumentadas, cuando asuma el cargo en enero, los vendedores ambulantes indocumentados se sienten atados de manos. Deben decidir entre seguir protestando para que les den licencias o, como en el caso de Salazar, evaluar el retorno a sus países de origen.

—¿Y después de la protesta va a salir a trabajar?

—No creo. Hace unas semanas Sanitation llegó y me multaron. No me siento muy bien; me siento nerviosa.

Mientras se sostiene de la baranda del tren en ruta a la concentración, Salazar cuenta que pronto se cumplirán cuatro años desde que dejó su natal Ecuador para migrar a la ciudad de Nueva York, con una visa que obtuvo con ayuda de una compañía de venta de productos para la que trabajaba como comerciante. Dice que decidió sobrepasar el periodo de tiempo que tenía para quedarse en Estados Unidos porque se convirtió en la única proveedora de sus cuatro hijos, dos gemelas adolescentes y un adulto con discapacidad, que viven en Ecuador; y otro joven que estudia como becado en Washington, luego de que su esposo quedará indispuesto para trabajar por una enfermedad cardiaca.

Durante sus primeros tres meses en la ciudad trabajó como vendedora en una joyería. Dice que renunció porque no soportaba que su jefe la hiciera trabajar de pie más de 10 horas diarias. Desde entonces, se dedica a la venta ambulante, un oficio que las personas indocumentadas pueden ejercer en la ciudad de Nueva York, siempre y cuando obtengan las licencias exigidas por el municipio, que actualmente son limitadas o inaccesibles. Salazar cuenta que, al enterarse de que la lista de espera para obtener una licencia de venta general estaba cerrada desde 2016, decidió no solicitarla para dedicarse a la venta de cadenas, aretes, anillos, entre otros accesorios.

Una semana antes de las elecciones del pasado 5 de noviembre, agentes de Sanidad y de la Policía de Nueva York abordaron a Salazar. “A mí casi se me paraliza la mitad del cuerpo de lo nerviosa que quedé con la llegada de Sanitation”, recuerda. La ecuatoriana cuenta que en ese momento las autoridades no le permitieron sacar sus documentos personales, que guardaba escondidos en dos bufandas. “Me trataron como una delincuente”, asegura. “El otro año regreso a Ecuador. No puedo quedarme más tiempo aquí”.

El caso de Salazar es uno de los 11.674 que se han abierto desde abril de 2023, cuando el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ordenó que el Departamento de Sanidad se hiciera cargo de la fiscalización de la venta ambulante. Cada caso refleja la imposición de una o varias multas, que pueden fluctuar entre $25 y $1,000. De ese total, más de 4.500 multas fueron por falta de licencias para vender objetos y comida, según un análisis de una base de datos pública, de la Oficina de Audiencias y Juicios Administrativos, del Gobierno municipal.

En enero de 2024, la Oficina Independiente de Presupuestos del municipio publicó un informe en el que se indica que desde 1979 la ciudad de Nueva York ha otorgado solo 853 licencias para vendedores ambulantes que no son veteranos militares, y que la lista de espera para acceder a uno de estos permisos cerró en 2016. Sobre las licencias para venta de comida, en 2021 se aprobó un conjunto de reformas que permite el aumento de estos permisos hasta 4.450 en los próximos 10 años. Hasta octubre de 2023, más de 9.000 personas estaban en la lista de espera para obtener una de estas licencias.

Para tratar el problema de la escasez de permisos, la concejal del distrito 14 del Bronx, Pierina Ana Sánchez, presentó en febrero un proyecto de ley que aseguraría un incremento anual en la cantidad de licencias para ventas generales. Sin embargo, 10 meses después, la iniciativa aún está a la espera de ser discutida por la Comisión de Protección de los Consumidores y Trabajadores, según el sitio web oficial del municipio. Se espera que antes de que acabe el año el Ayuntamiento escuche los testimonios de los vendedores ambulantes de la ciudad de Nueva York, multados y enviados a la corte durante la Administración de Adams.

Una nueva medida en su contra

En la noche electoral, el 61,4% de neoyorquinos votó “Sí” en la segunda propuesta electoral del alcade Adams. La consulta proponía a los ciudadanos que decidieran si el Departamento de Sanidad debe endurecer las medidas para mantener las calles limpias. En la página oficial de NYC Votes, una iniciativa de la oficina del municipio que organiza las elecciones, se informó a los ciudadanos que esta consulta buscaría aumentar la imposición de multas a los vendedores ambulantes sin licencias.

Vicente Veintimilla, líder de la organización Bronx Street Vendors, responde con sorpresa al otro lado del teléfono al enterarse de que la propuesta fue aprobada. “Estamos fritos. Habrá que luchar. Hay que darle cara. Así como la planteó [Adams], con malas intenciones, pues, aquí el ciudadano se equivocó”, sostiene el organizador.

Veintimilla, de 54 años, es de Ecuador y lleva diez años viviendo en Estados Unidos, muchos de ellos en la ciudad de Nueva York. Tres días después de las elecciones, en una mañana fría, Veintimilla, de estatura mediana, contextura ancha y ojos grandes, llega con una mochila negra a una iglesia ubicada en el sur del Bronx. Ingresa por la puerta paralela, donde a su vez funciona la oenegé Coalición Mexicana, mientras saluda a los trabajadores de esta organización. Baja hacia el sótano y de su mochila saca cintas adhesivas, plumones y copias de las multas que el Departamento de Sanidad le impuso a él y a sus compañeros Jesús Alcayde y Floriberto Díaz.

“Aquí no improvisamos”, afirma. Está preparando materiales para la protesta de la siguiente semana frente al Ayuntamiento de la ciudad. “Queremos que el alcalde y los concejales se sienten con nosotros y conversen. Porque nosotros los comerciantes ambulantes tenemos proyectos. ¿Quién más que los comerciantes que vivimos el día a día, quién más que nosotros para exponer los problemas y las soluciones? Dejemos de subestimar a los vendedores”, comenta mientras corta cinta adhesiva para pegar las copias de las multas en una pancarta roja.

En eso llega Miguel Varela, de 52 años. Viste el polo verde distintivo de Bronx Street Vendors, la organización que Veintimilla, Salazar, Varela y otros vendedores ambulantes fundaron en 2023 para que los concejales y el alcalde los escuchen. Varela lleva un gorro blanco, que solo usan los líderes de este colectivo. Cuenta que muchos de ellos viven estresados, pues no hay forma de predecir la hora y el lugar en que los agentes del Departamento de Sanidad llegarán a pedirles sus licencias.

Varela dice que antes “salía a trabajar cinco o siete horas”. Ya no. Ahora sale “a veces una hora”, “a veces dos”. “A veces no salgo ni a trabajar”, asegura.

—Miguel, cuéntale sobre la vez en que ni siquiera estabas en tu puesto y Sanitation te retuvo— le anima Veintimilla.

—Ah, sí. Hasta parece que se han mudado cerca de mi casa para vigilar cuándo salgo y cuándo no porque me abordaron en la esquina, mientras arrastraba mi mercancía— recuerda Varela entre risas.

Unos días después, sobre el mediodía, todos se reúnen a las afueras de City Hall, la sede de la Administración municipal. Mujeres con coches, personas con discapacidad, hombres jóvenes y adultos mayores que se dedican a la venta ambulante van uniéndose a la protesta. La mayoría son inmigrantes latinos que venden su mercancía en el Bronx, Queens, Manhattan y Brooklyn.

Veintimilla llega puntual. Viste la gorra blanca que caracteriza al colectivo Bronx Street Vendor, un abrigo grueso, una mesa plegable y un megáfono rojo en el hombro derecho. Saluda a Salazar que acaba de llegar. De su mochila negra, saca vuvuzelas y hojas en las que se leen las arengas que preparó junto a sus compañeros.

Salazar toma el megáfono y se dirige a los transeúntes, ejecutivos, turistas, y policías, que caminan por la avenida Broadway. “Estamos orgullosos de trabajar en la calle, pero también queremos regirnos a la norma y ser escuchados por las autoridades. Somos personas de bien, que buscamos trabajar para nuestras familias”, dice.

Segundos después, un policía alto, de tez blanca y vestido como civil, se acerca, le muestra una placa metálica y le pide que no use el megáfono porque no está permitido. Salazar entrega el megáfono a Veintimilla, quien se dirige a los vendedores ambulantes del Bronx para pedirles que cierren más el círculo humano que habían formado, y escuchen los testimonios de sus compañeros como Jesús Alcayde o Floriberto Díaz, quienes en menos de un mes recibieron multas que suman hasta $6.000. También habla Cecilia Rebollar, una migrante de nacionalidad mexicana, de 42 años, cuyo arresto se viralizó en redes sociales por videos que mostraban cómo cinco agentes de la Policía de Nueva York la arrastraban desde la vereda donde estaba vendiendo productos tecnológicos.

“Mis compañeros y yo no estamos tranquilos. No nos dejan trabajar. Solo hablamos de Sanitation y de la Policía”, cuenta Rebollar. “Queremos una licencia que nos permita trabajar libremente sin miedo”, agrega Díaz.

La jornada termina una hora después. Salazar y otras vendedoras ambulantes reparten en vasos de plástico champurrado, una bebida caliente popular en México. Los vendedores forman círculos pequeños en los que conversan sobre cómo se sienten con el resultado de las elecciones. Algunos aseguran sentir miedo porque Trump será el presidente. Otros son optimistas y esperan que la protesta llegue a buen puerto, para que los concejales aceleren el debate del paquete de proyectos de ley que busca la ampliación de licencias de venta general. Cada líder saca de sus bolsillos y mochilas billetes de $10 y $20 y se los entrega a Don Vicente, quien dice con voz fuerte que ya hay dinero suficiente, que se reúnan todos para ir a comer algo cerca de ahí.