Sanidad detecta 62 vacunados irregulares, incluidos 10 cargos públicos, y anuncia que recibirán la segunda dosis

La consejera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, ha informado este martes de que su departamento ha detectado 233 casos cuya vacunación podía ser objeto de análisis por no ajustarse a los grupos de riesgo correspondientes contemplados en la primera etapa de vacunación, de los que 171 están “justificados” finalmente y 62 se continúan investigando por la constatación de irregularidades y para depurar responsabilidades. De estos, 10 son cargos públicos. El resto, es un grupo variopinto, desde familiares de trabajadores a funcionarios, e incluso algún jardinero de residencias, según ha comentado h...

La consejera valenciana de Sanidad, Ana Barceló, ha informado este martes de que su departamento ha detectado 233 casos cuya vacunación podía ser objeto de análisis por no ajustarse a los grupos de riesgo correspondientes contemplados en la primera etapa de vacunación, de los que 171 están “justificados” finalmente y 62 se continúan investigando por la constatación de irregularidades y para depurar responsabilidades. De estos, 10 son cargos públicos. El resto, es un grupo variopinto, desde familiares de trabajadores a funcionarios, e incluso algún jardinero de residencias, según ha comentado hoy la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. En cualquier caso, representan un 0,041% de las 149.000 vacunas administradas hasta hoy.

Barceló ha explicado que ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y la apertura de expedientes para “acotar los hechos, las circunstancias y los sujetos” que se han vacunado de la covid-19 de forma indebida y la aplicación de sanciones si procede.

Respecto al personal de la Consejería de Sanidad, Barceló ha señalado que en este momento hay abiertos 9 expedientes informativos en fases de diligencias previas o se ha solicitado una ampliación de información, por haber participado en la vacunaciones irregulares.

La consejera ha detallado los casos de diez cargos públicos, nuevo de ellos políticos y el décimo el ya ex fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Castellón, José Luis Cuesta. El Hospital General de Castelló ha abierto las diligencias previas, también sobre la supuesta desaparición de un vial, con seis dosis, y se verá si de las diligencias se desprende que sean constitutivas de algún tipo de delito que, de sospecharse, se trasladará a la Fiscalía.

También se investiga al personal que vacunó a los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets y a la concejala dimitida de Sanidad de Dénia, del PSPV, y a algunos de sus familiares. En el caso del alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio, del PP, administrador de la residencia municipal donde se vacunó, ha señalado que se autoincluyó en el listado que remitió a Salud Pública para pedir las dosis de vacunas que necesitaba el centro.

Respecto al socialista Francisco López, alcalde de Rafelbunyol, que se vacunó al final de la primera jornada de vacunación, el 27 de diciembre, de la última dosis que sobró al final del día, Barceló ha informado de que este martes ha tenido conocimiento del informe de Salud Pública de Valencia que al parecer ha remitido a la propia residencia, y ha anunciado que ha requerido a la directora general de Salud Pública a que le informe sobre este expediente.

Según informa el Levante EMV, Ana Barceló, ha pedido esta noche el cese de la directora de salud pública del departamento de Valencia, Elvira Mensat, tras comprobar que en un informe afirmaba que carecía de instrucciones específicas de la consejería sobre cómo actuar con las dosis sobrantes de los viales de la vacuna de Pfizer-BioNtech y, justificar, por tanto, la vacunación alcalde de Rafelbuñol. Mensat ha presentado su dimisión del cargo.

La Conselleria mantiene también abierto el expediente de investigación sobre el personal que vacunó al alcalde del PP; Bernabé Cabo, y al concejal de Sanidad de La Nucía, “sin figurar en el listado, sin autorización e incumpliendo el protocolo de centro sociosanitario” al acceder a la residencia donde se vacunaron.

También hay diligencias previas abiertas por la vacunación del concejal de Sanidad de Orihuela, José Galiana, del PP, y del alcalde de Benlloch, Angel Ribes, del PSPV.

Por último, Barceló ha indicado que se investiga también el caso del popular Juan Bautista Roselló, diputado provincial responsable del centro de salud mental Doctor Esquerdo de Alicante, que se “autoincluyó en el listado” de trabajadores y residentes facilitado por la Diputación.

Respecto a estas personas, la titular de Sanidad ha informado de que “se ha solicitado a Salud Pública la tramitación inmediata de diligencias y, en su caso, la apertura de los correspondientes expedientes para acotar los hechos, circunstancias y sujetos responsables de cada caso”. También la aplicación, si procede, de las sanciones recogidas en la Ley 33/2001 General de Salud Pública y la Ley 10/2014 de la Generalitat de Salud de la Comunitat Valenciana.

Segunda dosis

Barceló ha explicado también que a estas personas se les administrará la segunda dosis cuando haya concluido los grupos de riesgo establecidos y, en todo caso, a las seis semanas de la primera siguiendo las recomendaciones del Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana. Al respecto, ha recordado que ordenó que a los casos de vacunación irregular no se les administrara la segunda dosis hasta valorar la trascendencia médica que pueda tener esta decisión y teniendo en cuenta la posición del Comité. esta decisión la tomó después de que el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, afirmara en público que iba a ordenar que no se le inyectara la segunda dosis a los casos irregulares, porque no se les podía premiar. Al día siguiente, la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, de Compromís, calificó la posición de Puig como ética pero se mostró partidaria de no desperdiciar la primera dosis, dada la carestía.

El comité de bioética ha resuelto que la administración de esta segunda dosis debería plantearse tan sólo después de haber concluido la vacunación de los grupos recogidos en la estrategia de vacunación y en todo caso a las seis semanas de la primera dosis que es el plazo máximo marcado por la OMS para la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Además, recomienda en su informe “que se tomen medidas de sanción o disciplinarias que administrativa y políticamente correspondan” y anuncia que analizará con más profundidad el caso en su próximo pleno.

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