Redes de distribución eléctricas: palanca imprescindible para el crecimiento de España

El futuro energético de España se encuentra en un momento decisivo. La transición hacia una economía descarbonizada, la competitividad industrial y un servicio de calidad a la ciudadanía necesitan que nos dotemos de una infraestructura de distribución de electricidad capaz de responder a las necesidades del presente y a los retos del futuro.

La sociedad española ya está demandando electrificarse. Desde 2020 las empresas de distribución han concedido accesos a la red por 43 GW de potencia eléctrica, de los que destacan 12 GW son para centros de datos, 11 GW para el sector industrial, 6 GW para desarrollo de nueva vivienda y más de 5 GW para proyectos de producción de hidrógeno y electrificación del transporte por carretera.

El ritmo de peticiones se ha multiplicado por diez en los últimos tres años, lo que ha llevado a que la capacidad de la red para acoger nuevos consumos se esté agotando, pudiendo aceptarse en estos momentos tan solo un 10% de las nuevas solicitudes que se reciben. Los mapas de capacidad de conexión a la red recientemente publicados por las empresas de distribución, a iniciativa de la CNMC, muestran que un 85% de los nodos donde poder conectar nueva demanda están ya agotados.

En consecuencia, necesitamos invertir urgentemente en nueva capacidad de conexión eléctrica para evitar que se paralicen inversiones y la creación de empleo y poder continuar en la senda de reducción de emisiones de CO₂. La falta de potencia eléctrica no puede ser un motivo de retraso en la construcción de nueva vivienda, que hoy ya es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad. No podemos quedarnos atrás en la revolución digital que nos trae la inteligencia artificial y que necesita una amplia y fiable conexión a la red.

El anuncio de la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición decreto que incrementará el límite anual de inversión en redes eléctricas es, sin duda, una excelente noticia que demuestra su sensibilidad y preocupación por resolver este problema.

Para que toda esa nueva infraestructura anunciada por el Gobierno pueda ponerse en funcionamiento en los plazos previstos será preciso, por un lado, que la reciente planificación del transporte, en proceso de discusión, habilite la conexión suficiente a la distribución, y, por otro, que se agilicen y simplifiquen los procesos de aprobación y tramitación asociados a los proyectos. Resolver la excesiva lentitud administrativa que sufrimos es un objetivo que, por existir en la mayoría de los países de la Unión Europea, forma parte de las medidas del “paquete regulatorio de redes” que La Comisión Europea presentará en los próximos meses y que esperamos con optimismo.

Queda pendiente, no obstante, que la CNMC ponga unos cimientos firmes sobre los que, gracias a las iniciativas mencionadas, podamos hacer realidad las aspiraciones del Gobierno y de las instituciones europeas. Frente a la propuesta regulatoria presentada por la CNMC, que supone un cambio metodológico disruptivo respecto al marco anterior, conviene un marco futuro construido con elevado nivel de diálogo con los agentes implicados, que cuide el nivel de riesgo que estos han de adoptar y que sea lo suficientemente atractivo para conseguir un aumento significativo de la inversión.

Esto ya ha ocurrido en muchos países de nuestro entorno, donde el Regulador ha impulsado el desarrollo de las redes eléctricas con tasas de retorno atractivas y marcos predecibles, estables y acordes con una actividad de bajo riesgo, como es la distribución de electricidad.

Desde el sector eléctrico hemos puesto de manifiesto que esa nueva demanda eléctrica, que ya está llamando insistentemente a nuestra puerta, aportará, sin necesidad de subir las tarifas, los ingresos necesarios para financiar el crecimiento y renovación de la red eléctrica. Desde esa perspectiva, más inversión en redes, habilita una mayor demanda y, por tanto, mejora la sostenibilidad del sistema.

España, en el contexto de la Unión Europea, tiene un objetivo ambicioso y claro: cumplir el Plan Nacional de Energía y Clima que el Gobierno presentó en Bruselas, que ha contado, además, con el reconocimiento de las autoridades europeas. Es un momento de enormes y apasionantes oportunidades y es tarea de todos, consumidores, empresas eléctricas, autoridades y reguladores, que ese futuro se haga una realidad.

Eva Mancera es Consejera delegada de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, del grupo Iberdrola.

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