La Audiencia condena al Estado por abandonar a la familia de José Couso en su batalla contra EE UU
El tribunal considera que la Administración española se limitó a aceptar las explicaciones de Washington
La familia de José Couso, el reportero de Telecinco asesinado en 2003 durante la guerra de Irak, ha conseguido una importante victoria en los tribunales. La Audiencia Nacional acaba de condenar al Estado a indemnizar con cerca de 182.000 euros a la viuda y dos hijos del periodista por no haberles prestado ayuda diplomática para que EE UU "reparara el daño causado". En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, fechada el pasado 11 de diciembre, los magistrados subrayan que la Administración española abandonó a la familia del per...
La familia de José Couso, el reportero de Telecinco asesinado en 2003 durante la guerra de Irak, ha conseguido una importante victoria en los tribunales. La Audiencia Nacional acaba de condenar al Estado a indemnizar con cerca de 182.000 euros a la viuda y dos hijos del periodista por no haberles prestado ayuda diplomática para que EE UU "reparara el daño causado". En una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo, fechada el pasado 11 de diciembre, los magistrados subrayan que la Administración española abandonó a la familia del periodista y "se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por Estados Unidos".
"No consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque, sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable. Y ello, pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios según consta en el expediente administrativo", prosiguen los jueces en su resolución, donde recuerdan que la instrucción de la Audiencia Nacional, corroborada después por el Supremo, descartó que "los periodistas ubicados en el hotel pudieran ser confundidos con ojeadores, tiradores o grupos de tiradores del enemigo".
Pese a que se apreció un posible delito, los tribunales españoles se vieron obligados a dar carpetazo a la causa penal abierta contra los militares estadounidenses debido al recorte en la justicia universal aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). La decisión fue ratificada posteriormente por el Tribunal Constitucional al avalar la reforma de los conservadores y que, hace apenas un mes, la familia ha recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta vía, aunque tiene relación, es independiente de la contencioso-administrativa.
En este sentido, la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 11 de diciembre insiste en que la muerte de Couso se produjo en unas circunstancias que "constituyen un ilícito internacional". "Y la Administración española estaba obligada a desenvolver la actividad necesaria para promover ante el Estado infractor la reparación del daño causado de modo ilícito, lo que no hizo ni en los momentos subsiguientes al fallecimiento ni hasta la fecha", apostillan los jueces, que explican que EE UU se limitó a afirmar que el "ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento de Couso fue un lamentable accidente". Una dejación de funciones, prosigue la resolución, que vulneró la defensa al derecho a la vida y el ejercicio de la libertad de información especialmente protegidos por la Constitución.
El asesinato de Couso se produjo a las once de la mañana del 8 de abril de 2003, cuando un carro de combate de Estados Unidos disparó un proyectil de 120 milímetros contra el hotel Palestina. Según la Audiencia Nacional, era imposible confundir a los periodistas con enemigos —"el carro de combate contaba con elementos de visión con los cuales se podía apreciar con total claridad a las personas que se encontraban en ventanas y balcones del hotel y los objetos que portaban"—. Además, el ejército americano sabía que en ese edificio pernoctaban los reporteros.
Tras conocer la sentencia de lo Contencioso-administrativo, el entorno de la familia ha subrayado que su prioridad "nunca ha sido esta vía". "Buscamos sentar a los asesinos de José. Queremos un juicio, queremos crear un precedente. El dinero compra voluntades, cosa que con nosotros no casa. No pararemos", han expuesto.