La Audiencia Nacional libera a tres presuntos yihadistas a la espera de sentencia
La Fiscalía pide siete años de cárcel para ellos por integración en organización terrorista
La Audiencia Nacional puso el pasado jueves en libertad provisional a tres ciudadanos marroquíes que fueron juzgados entre el 4 y el 20 de diciembre por integración en organización terrorista y que esperan sentencia. La decisión, muy poco habitual en delitos de terrorismo, no busca prejuzgar el fallo, advierte la Audiencia, sino que tiene en cuenta el tiempo que los acusados llevan encarcelados —desde noviembre de 2015— y que el tribunal ya está deliberando. Los acusados tienen prohibido salir de España y deberán comparecer cada semana en la comisaría, cuartel de la Guardia Civil o juzgado más...
La Audiencia Nacional puso el pasado jueves en libertad provisional a tres ciudadanos marroquíes que fueron juzgados entre el 4 y el 20 de diciembre por integración en organización terrorista y que esperan sentencia. La decisión, muy poco habitual en delitos de terrorismo, no busca prejuzgar el fallo, advierte la Audiencia, sino que tiene en cuenta el tiempo que los acusados llevan encarcelados —desde noviembre de 2015— y que el tribunal ya está deliberando. Los acusados tienen prohibido salir de España y deberán comparecer cada semana en la comisaría, cuartel de la Guardia Civil o juzgado más próximo a su domicilio.
Yassin El Mourabet, Abdessadek Essalhi y Walid Oudra fueron detenidos el 5 de noviembre de 2015 en Madrid por la Policía Nacional ante el temor de que perpetraran un ataque terrorista de forma “inminente”. Los agentes que tenían intervenidas sus comunicaciones telefónicas con permiso judicial observaron una “deriva apocalíptica” en sus conversaciones, lo que llevó a precipitar su arresto. La investigación se había iniciado el mes de enero anterior cuando dos de ellos —Essalhi y El Mourabet— fueron observados comprando dos pistolas Smith & Wesson en una armería de Madrid a la que acudieron en un coche alquilado por el presidente de una mezquita de la capital de España.
La observación de las redes sociales de los tres acusados reveló que El Mourabet, el supuesto cabecilla de la célula, influyó en la radicalización de Essalhi y este, a su vez, captó y adoctrinó a Oudra en el pensamiento islámico más rigorista.
En su escrito de acusación, la fiscalía apuntaba que había indicios de que los acusados pretendían atentar contra un centro de musulmanes del credo sufí —contrario al Estado Islámico, que es del grupo suní—, en el barrio de Prosperidad, en Madrid.
En el juicio, que se ha celebrado en la Audiencia Nacional entre el 4 y el 20 de diciembre pasados, la fiscalía mantuvo su calificación de pertenencia a organización terrorista aunque rebajó de nueve a siete años su petición de prisión para los acusados. El ministerio público planteó al tribunal la alternativa de que sean condenados por adoctrinamiento o autoadoctrinamiento terrorista. En la última jornada de la vista oral, los abogados defensores reclamaron la libertad de los tres acusados y su inmediata puesta en libertad antes de que se dicte la sentencia, algo a lo que se opuso el ministerio público. Las defensas denunciaron en el juicio la “magnificación policial” de las operaciones antiyihadistas.
La Sección Segunda de lo Penal, en una decisión absolutamente infrecuente en asuntos de terrorismo, accedió a la petición de los letrados defensores. El 21 de diciembre pasado, al día siguiente de quedar el juicio visto para sentencia, el tribunal decretó la puesta en libertad provisional de los tres acusados. Los magistrados aplican el artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que “los autos de prisión y libertad provisionales y de fianza serán reformables durante todo el curso de la causa” y que como consecuencia de ello “el investigado o encausado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente”.
Sin ánimo de prejuzgar
El tribunal aclara que su decisión sobre los tres supuestos yihadistas se toma “sin ánimo de prejuzgar el fallo”. En las tres resoluciones, los magistrados Julio de Diego, José Ricardo de Prada y Juan Pablo González aplican los mismos argumentos para la libertad provisional: el tiempo que los tres acusados llevan en prisión y “el estado de deliberación de la sentencia”.
No obstante, el tribunal impone a los tres acusados una serie de medidas cautelares para evitar que, en caso de resultar finalmente condenados, eludan la acción de la justicia. El Mourabet, Essalhi y Oudra no podrán salir del territorio español, deberán entregar el pasaporte y tendrán que comparecer una vez por semana en el juzgado, comisaría o puesto de la Guardia Civil más próximo a su domicilio.