La fiscalía recurre el procesamiento del PP por el ‘caso Bárcenas’
El Ministerio Público entiende que no existen pruebas de la destrucción de los ordenadores que el extesorero utilizaba en la sede del partido
La Fiscalía de Madrid ha recurrido el procesamiento del PP por el borrado de los datos de dos ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas, al entender que no hay pruebas de la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas empleaba en la sede del partido, en la calle Génova de Madrid. En su recurso al Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, la fiscal Carmen Luciáñez pide revocar el auto de procesamiento tanto para el PP como para su tesorera y gerente, Carmen Navarro; el asesor j...
La Fiscalía de Madrid ha recurrido el procesamiento del PP por el borrado de los datos de dos ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas, al entender que no hay pruebas de la destrucción de los discos duros de los ordenadores que Bárcenas empleaba en la sede del partido, en la calle Génova de Madrid. En su recurso al Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, la fiscal Carmen Luciáñez pide revocar el auto de procesamiento tanto para el PP como para su tesorera y gerente, Carmen Navarro; el asesor jurídico del partido, Alberto Durán; y el director de sistema de información de la formación, José Manuel Moreno.
Por otra parte, la asociación de jueces Francisco de Vitoria criticó el domingo los ataques a la independencia de la juez Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, tras su decisión de procesar al PP por el borrado de los discos de los ordenadores de su extesorero. En un comunicado, el comité nacional de la asociación tachó de “intolerable” y “poco ajustado a las exigencias de un Estado de derecho” que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijera en público que, a su juicio, el borrado de los ordenadores que hizo el PP no tiene “ninguna trascendencia penal”. Pero considera “más graves” las declaraciones que hizo la diputada del PP Celia Villalobos en las que criticó a la jueza y recordó que tiene un primo de Izquierda Unida. La asociación ha exigido al Consejo General del Poder Judicial que “otorgue el necesario amparo a cuantos jueces y magistrados se ven sometidos a estas situaciones”.